Marta y su familia casi fueron asesinados en Irapuato; a meses de su denuncia, no reciben justicia
Irapuato, Guanajuato.- En noviembre del año pasado, una mujer irapuatense sufrió agresiones en su propia casa. Un sujeto irrumpió con un machete, intentó matarla y le amputó tres dedos. También lesionó a su marido y lo amenazó.
La mujer denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien consideró que sólo se trataban de lesiones. A pesar de que el agresor está identificado, sigue en libertad, y no hay avances en las indagatorias. La mujer y su familia recibieron como apoyo una despensa, pero no han recibido otros apoyos ni atención. Aunque se les otorgó una orden de restricción, el sujeto y su familia robaron su vivienda y las amenazas continúan.
El caso de Marta en Irapuato
La vida de Marta, su esposo e hijo de apenas 14 años cambió el 3 de noviembre del año pasado. Ese domingo, Marta estaba a punto de salir en su camioneta desde la comunidad Valencianita para trasladar a su hermana a la cabecera municipal. Escuchó gritos y pensó que se trataba del partido de béisbol que había terminado.
“Entraron hasta mi casa un hombre y sus tres hijos, estaban alcoholizados y drogados. El papá gritó a uno de sus hijos, que traía un machete, 'mátala, ¿cuánto puede costar su vida?'. El hombre me amenazó con un machete en el cuello, yo metí mi mano y me cortó tres dedos. Estoy a punto de perder otro dedo. Se burlaban y reían. También lesionaron a mi esposo con dos machetazos en la espalda y en una mano”, contó Marta.
Meses antes, el padre de los agresores contrató al esposo de Marta para que cada tercer día lavara el camión de transporte público que manejaba, pagándole entre 70 y 80 pesos, más otros 15 o 20 por llevarle las cervezas que le encargaba. Los hijos de este hombre se encargaban de estas actividades, pero dejaron de percibir dinero cuando el esposo de Marta empezó a trabajar.
Pidieron ayuda al 911, pero la ambulancia nunca llegó a Valencianita. La policía local encontró a Marta y su esposo heridos entre el centro de salud y el templo de la comunidad. Ella estaba inconsciente, se desangraba, y fue trasladada en patrulla a un hospital local.
Marta fue intervenida en quirófano y los médicos le informaron que podría perder un cuarto dedo de su mano izquierda. Fue hasta el 12 de noviembre, cuando se restableció, que denunció la agresión en la agencia VI de la subfiscalía de justicia. Ahí consideraron que el delito no era intento de feminicidio, le impidieron ingresar con su asesor legal y lo clasificaron como lesiones.
Dejan sin justicia a Marta y su familia
Marta pidió una orden de restricción, pues sus agresores, plenamente identificados como sus vecinos, son operadores del transporte público. Externó el temor que tenía, ya que no es la primera vez que estos sujetos, consumidores de alcohol y sustancias ilícitas, y además dedicados al robo de hidrocarburos, agreden a habitantes de la comunidad. Sin embargo, por miedo, no los denuncian.
La orden de protección fue concedida y el 11 de diciembre la Fiscalía de Justicia notificó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar rondines en las inmediaciones de la vivienda de Marta. A pesar de esto, los sujetos continuaron con las amenazas y Marta y su familia se vieron obligados a dejar su hogar. Con orden de restricción, los agresores ingresaron en varias ocasiones, robaron pertenencias y continúan en libertad hasta este martes.
El 2 de diciembre, el esposo de Marta nuevamente denunció el saqueo de sus pertenencias. Marta acudió a la Fiscalía de la Mujer, donde le dieron una consulta psicológica de 30 minutos y se comprometieron a atender el asunto. Sin embargo, hasta la fecha no se han comunicado ni ha habido avances en ninguna de las fiscalías.
El miedo se apoderó de Marta y su familia, ya que los agresores encontraron la vivienda donde se acogieron en la cabecera municipal. En varios momentos han llegado, y desde la fachada, además de gritos, se escuchan los machetes.
Acudió al último miércoles ciudadano del año pasado a solicitar apoyo, recibió a cambio una despensa del DIF y la visita del personal del centro de atención local de víctimas, quienes le prometieron acompañamiento.
Hasta este martes no se han comunicado ni citado.
Marta desesperada recurrió a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, por medio de redes sociales le pidió ayuda.
“Le escribí a finales de noviembre del año pasado porque me dijeron que ella ayudaba a la gente, me respondió que tuviera paciencia, que esto era lento y que estaría pendiente del caso. Tampoco recibí respuesta. Lo único que quiero es justicia, tengo miedo de que me maten a mí, a mi esposo o a mi hijo, no puedo salir, no dejo salir a mi hijo, no podemos trabajar, no puedo depender económicamente de mis padres que son adultos mayores, quiero regresar a mi casa que no es una residencia, es de tarimas poder hacer mi vida”, dijo llorando Marta.
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