Inhabilitan por casi un año a involucrados en el caso del kínder Juan Aldama en León


Los funcionarios de León aún tienen un periodo de 30 días hábiles para impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa
Carolina Esqueda
León.- La Contraloría determinó darle 10 meses de inhabilitación a los dos funcionarios de León involucrados en la subasta municipal de un pedazo del kínder Juan Aldama a un empresario inmobiliario. Esto tras 8 meses de haber iniciado la investigación por presuntas irregularidades en el proceso.
Las resoluciones corresponden a los expedientes PRA/55/2021 contra el director de Control Patrimonial, José de Jesús Álvarez Navarro, y PRA/56/2021 contra el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Carlos Pimentel Faes. Esto por la conducta de haber proporcionado información contraria, calificadas como faltas administrativas no graves.
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La conducta castigada fue por afirmar ante el comité de Adquisiciones del municipio que el terreno del kínder, de 1,050 metros cuadrados ubicado en la colonia Mirador Campestre, estaba desocupado y no tenía ninguna utilidad. Tras lo cual se autorizó su venta junto a otros 13 predios en una subasta pública presencial, realizada en agosto de 2020.
Podrían impugnar resolución
La Contraloría emitió sus resoluciones el 7 de junio, por lo que los funcionarios de León aún tienen un periodo de 30 días hábiles para impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Dicho proceso vence el 20 de julio.
“Es una inhabilitación de 10 meses. Todavía está susceptible de que pueda ser impugnado. No está firme la determinación. Tienen 30 días para poder impugnar, todavía no han presentado nada” informó al respecto la contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno.
También reportó las dos resoluciones ante la comisión de Contraloría como parte de su informe de actividades de mayo y junio.
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La contralora también informó que, dentro del mismo caso, donde el ex tesorero Enrique Sosa Campos resultó con responsabilidades graves y fue denunciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), aún queda pendiente de resolver el recurso de inconformidad iniciado en mayo. Esto luego de que en abril la sala especializada a cargo del magistrado Arturo Lara determinara que no había conducta qué sancionar contra el funcionario.
“Es dependiendo. Nosotros acabamos de emitir una resolución. Todavía puede impugnarse ante el Tribunal. Entonces, como son tiempos basados en la carga de trabajo del Tribunal de Justicia que traen, no puedo definir una fecha en específico”, dijo al respecto.
El cierre total del expediente será determinante para que el predio subastado pueda ser devuelto al municipio. En noviembre en el escrito realizado por el empresario`para revertir la compraventa, éste estableció que se deberán concluir todos los procesos abiertos por la Contraloría y asentar que hubo irregularidades.