Presentan tres amparos contra aumento a tarifa del transporte público en León
León, Guanajuato.- Bajo el argumento de que el aumento a la tarifa del transporte público de León no tomó en cuenta la capacidad socioeconómica de su población, el colectivo URBE junto a estudiantes de la Universidad de Guanajuato presentaron 3 amparos contra el acuerdo de Ayuntamiento que autorizó el incremento.
Ernesto García, integrante de URBE, informó que los amparos fueron presentados ante un juzgado federal el jueves por la tarde, luego de dos días de recolección de firmas, y que en esta ocasión se optó por segmentar a los promoventes en tres grupos considerando las problemáticas específicas que el aumento representa para cada sector.
Por esa razón se dividieron en un amparo presentado por estudiantes con 32 firmantes, otro por personas adultas mayores en situación de pobreza con 11 interesadas y un tercero representando a personas pertenecientes a polígonos de atención prioritaria identificados por el gobierno federal con 34 firmas reunidas.
El activista Juan Pablo Delgado Miranda volvió a asumir la representación legal de los firmantes, quien explicó que el objetivo de los amparos es invalidar el acuerdo de aprobación del incremento para que la tarifa regrese a los precios establecidos en 2023, bajo el argumento central de que no se tomó en cuenta si el salario promedio de la población le permite acceder al servicio, pese a que esto está establecido como un factor de análisis de la tarifa tanto en la ley estatal de Movilidad como en el reglamento municipal.
“El reglamento municipal es específico en señalar que se tiene qué tomar en cuenta la evolución del salario en términos reales. En ningún momento durante la discusión se tomaron en cuenta estas realidades. Si comparamos lo que se calcula por las autoridades federales como salario digno con el salario promedio de la ciudad, hay una distancia por lo menos de 3 mil pesos. A la mayoría de las personas de esta ciudad no les alcanza para satisfacer los mínimos de una vida digna y si a esto se le adiciona que se va a tener qué pagar más por utilizar el transporte público, por supuesto que se está comprometiendo su situación socioeconómica”, dijo al respecto.
Otros argumentos utilizados en la promoción de los amparos fueron la opacidad en la información financiera presentada por los concesionarios, la cual volvió a carecer de una auditoría que vuelva confiables los datos aportados por los empresarios y que pese a los señalamientos hechos durante los trabajos de la comisión mixta tarifaria en 2023, no se solventaron en esta ocasión.
Aumento vulnera derecho a la educación
Para el caso de los estudiantes se argumentó que el incremento les restringe su derecho a la movilidad, con lo cual también se vulnera su derecho a la educación ante una mayor dificultad para poder asistir a clases.
La falta de participación ciudadana real fue otro de los argumentos, donde además de limitar la representación en la comisión mixta a solo dos ciudadanos sin derecho a voto, se dejó afuera las potenciales repercusiones al medio ambiente, considerando que los propios concesionarios han reconocido que la baja de usuarios se debe al incremento de la motocicleta como medio de transporte.
“Todas las decisiones que tengan que ver con el medio ambiente de la ciudad tienen que ser puestas a consulta de la ciudadanía en general, en términos de un tratado internacional muy importante que es el Acuerdo de Escazú, del que México es parte y que obliga a que toda situación que redunde en contaminación debe ser puesta a consulta de toda la ciudadanía. Y jamás escuchamos como una variable, la participación ciudadana en términos de lo que representa la calidad del aire en esta ciudad”, puntualizó Delgado Miranda.
Preparan cuarto amparo
Durante este 11 y 12 de enero, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato convocó a una colecta de firmas para el ingreso de un cuarto amparo contra el tarifazo al transporte público, mientras que URBE abrirá un nuevo periodo de recolección de firmas entre el 13 al 18 de enero, esta vez dirigido a la población en general.
“Buscamos que el 20 o 21 de enero se presente una nueva demanda de amparo, pero esta vez abierta a la población en general. Se hizo una diferenciación por usuarios de grupos poblacionales pero sabemos que esta es una problemática que atañe a toda la ciudad y hemos visto en redes la gran cantidad de personas que quieren suscribirse a esta demanda, y por esta razón se decidió ampliar el periodo de recaudación”, informó Ernesto García.
El activista resaltó que este es el tercer año consecutivo en el que el colectivo promueve una demanda de amparo contra la administración de Alejandra Gutiérrez Campos por temas relacionados con la movilidad, argumentando que los recursos públicos no se destinan a solucionar el derecho al transporte de la población más vulnerable.
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