Niegan información a extrabajadora que ganó litigio
Lilia Ojeda
San Francisco Del Rincón.- Leticia, fue despedida en la administración de Ysmael López durante el año 2016, pero fue injustificado según su defensa; ella ganó la demanda laboral y ahora demanda que el Municipio pague sueldos caídos y prestaciones de ley.
Ayer la exfuncionaria del área administrativa, quien en su momento se desempeñaba como asistente en Desarrollo Social, acompañada del abogado Fernando Barrón como del actuario, se presentaron en Presidencia Muncipal en intención de proceder al embargo contra el Municipio.
Sin embargo, debido a que no estaba el tesorero, el director de Contabilidad telefónicamente recibió la indicación de no estar autorizado a firmar, ni entregar información a los demandantes.
Los bienes del Municipio son inembargables, lo que buscaba la parte jurídica es revisar el presupuesto público de la administración, para proceder a embargar una partida presupuestal de donde se pueda tomar recurso para el pago a favor.
El laudo determina cubrir sueldos caídos y prestaciones de ley a favor de Leticia, quien agregó que ganó el proceso el pasado mes de enero, pero no ha podido hacer efectivo el cobro, por toda la burocracia que se aplica.
En entrevista con el alcalde interino, Roberto Rocha Sánchez, expuso que, si el Tribunal ya emitió la resolución y hay un resultado, es un asunto que debe tener en cuenta el director jurídico.
“Todo cuenta con tiempos y plazos para presentar pruebas o evidencias, y si los tiempos y plazos se han agotado, la administración dará seguimiento y cumplimiento a la determinación del Tribunal”, comentó.
Reconoció que la administración finalmente es parte patronal y le corresponde acatar la determinación del Tribunal. El personal administrativo de Tesorería Municipal comentó que se intentó contactar a la extrabajadora para realizar un pago parcial, sin embargo, aunque la exfuncionaria afirmó lo contrario y recurrió a su derecho de embargo.
Fernando Barrón en tanto apuntó que ahora procederán a una denuncia contra el Municipio ante el Ministerio Público, por no permitirles acceder a información pública del presupuesto, sobre el que pretendían identificar una partida a afectar para embargo.
LC
