Penal de Puebla donde se halló al bebé fallecido tiene largo historial de irregularidades
Redacción
Puebla.- El penal de San Miguel en Puebla, donde fue encontrado el cuerpo de un bebé tirado en un bote de basura, cuenta con un largo historial de polémicas y malas prácticas, incluido tráfico de drogas, celebración de fiestas, prostitución y falta de seguridad.
El hallazgo del cuerpo de Tadeo es solo la ultima polémica del Cereso de San Miguel, pues antes este ya había protagonizado varios hechos cuestionables respecto a su seguridad.
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En abril de 2020, por ejemplo, se realizó un operativo en el que fueron incautados 121 teléfonos celulares y decenas de artículos prohibidos en posesión de los reos del lugar.
De acuerdo con un comunicado de la SSP local, los objetos se encontraron durante una revisión a los dormitorios y áreas comunes, los cuales estaban escondido en bolsas que aparentaban contener basura, y otras zonas ocultas.
“Además, localizaron 111 cargadores para teléfonos celulares, 26 puntas hechizas, 72 audífonos, ocho memorias USB, una bocina, 28 discos apócrifos, cuatro utensilios para fumar marihuana y una máquina para tatuar hechiza”, detalló la SSP de puebla en el comunicado.
Pero tan solo un mes antes, en marzo de 2020, la dependencia estatal de seguridad dio a conocer que realizó otro operativo en el que también encontraron teléfonos celulares, armas, drogas, más de cien pantallas de televisión, e incluso sellos que eran utilizados para realizar facturas falsas de automóviles.
En esa ocasión decomisaron 118 gramos de droga, de la conocida como cristal, 82 envoltorios de heroína, cuatro gramos de cocaína, 100 envoltorios, que en total sumaban 264 gramos de marihuana y cuatro básculas para pesar gramos. También 11 teléfonos celulares, 108 armas punzocortantes, 228 navajas, 84 utensilios para consumir droga, 96 charrascas, 106 pantallas de televisión, y 106 mil pesos.
A finales de ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió una recomendación para que se investigara y sancionara a las autoridades que permitieron que se realizaran diversas fiestas en el Cereso de Puebla, específicamente en el área varonil, a las que también acudían internas.
La recomendación tuvo lugar luego de que medios locales publicaron entre 2018 y 2019, que quienes visitaban a sus familiares en el penal debían pagar 20 pesos, otros aseguraban que las reclusas del mismo Cereso eran obligadas a prostituirse después de las 20:00 horas, cuando eran llevadas por la fuerza a las instalaciones de la población varonil, con autorización de los directivos.
También se denunció la supuesta venta de las celdas del penal por hasta 15 mil pesos, así como el pago de mil pesos diarios por parte de los internos hacia otros grupos de reos que controlaban el penal, y extorsiones por parte del entonces subdirector de Seguridad y Custodia, Freddy Carbajal Mora, contra reos, familiares de éstos, y castigos físicos a los internos que no cedían a estas presiones económicas.
Pero en la recomendación 25/2020, dirigida a Raciel López Salazar, quien en ese momento era el titular de la SSP del estado, el organismo sólo acreditó que, hasta noviembre de 2019, tuvieron lugar diversas celebraciones en ese penal, “principalmente los días viernes, sábado y domingo”, detalló.
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Añadió que dichas fiestas tenían “permisividad y/o anuencia de las autoridades penitenciarias que se encontraban en funciones en dicha anualidad, se brindaban las facilidades para que las mujeres privadas de la libertad que estuvieran de acuerdo en acudir, fueran conducidas al área masculina del Centro Penitenciario”, en las que “algunas de ellas recibían cierta cantidad de dinero”.
La Comisión también se refirió a la seguridad jurídica de los menores que viven en el penal San Miguel con sus madres, ya que “quedó acreditado que los menores que se encuentran en compañía de sus madres privadas de la libertad en el CRSP, cuentan con una atención deficiente en materia de Salud, Educación y Alimentación, y que el personal del Centro Penitenciario mencionado, no cuenta con especialistas en dichas materias, para la correcta atención de los menores”, detalló.
Por ello, ordenó iniciar una investigación para deslindar responsabilidades en materia administrativa contra los servidores públicos, que permitieron las reuniones, en la que se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Puebla, y adoptar medidas para evitar cualquier tipo de contacto entre los reclusos, hombres y mujeres, al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2019 ese centro penitenciario obtuvo una calificación de 6.69 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). La evaluación encontró deficiencias en rubros como la garantía de integridad de los internos, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, la reinserción social del interno y atención a internos con requerimientos específicos.
El DNSP destacó que en el Cereso San Miguel existe una sobrepoblación de reos, ya que el penal cuenta con una capacidad para dos mil 039 reos varones y 358 internas mujeres, sin embargo, presentó en ese entonces una sobrepoblación de tres mil 693 presos en el área de hombres, lo que genera condiciones de hacinamiento. También indicó que existía insuficiencia para prevenir y atender incidentes violentos, así como para remitir quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
JRP
