CCE y CMN, otra batalla perdida y el mensaje a Napito

Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, tiene contra las cuerdas al sector privado con la dizque negociación, que más bien es imposición, de los criterios presidenciales sobre la Ley de Tercerización.

La funcionaria tiene acuerdo hoy en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador, para informarle sobre la “cepillada” que le dio la semana pasada a Carlos Salazar y a Antonio del Valle Perochena.

A los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios les pasó por encima una radical Alcalde, que contó con el apoyo de los charros más charros del sindicalismo.

En la discusión virtual de hace una semana quedó allanado el camino para la desaparecer el outsourcing e insourcing y el tope hasta tres meses para el pago del PTU. El lunes próximo los empresarios pasarán báscula.

Ese día, el 29 de marzo, ya están convocados en principio todos en Palacio Nacional para firmar con el tabasqueño este preacuerdo que quedó guardado en la Secretaría del Trabajo y que no aceptaron los empresarios.

De los líderes charros que se hicieron eco de Alcalde, y que participaron en la sesión a distancia, apunte a Francisco Hernández Juárez, Isaías González, Tereso Medina y Rodolfo González.

Pero no tan visibles como los dueños del Sindicato de Telefonistas, la CROC, la CTM y la CROM, también los nuevos arietes del sindicalismo de la 4T: Pedro Haces de la CATEM y Napoleón Gómez Urrutia.

El último, que ha exprimido en las dos últimas décadas al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada le reactivó un expediente.

En agosto pasado los sabuesos de Alejandro Gertz Manero le generaron requerimientos de información a Napito y a su hijo, Alejandro Gómez Casso. Es el expediente PGR/SEIDO/UEIDCS/007/2018.

Asimismo, se dio trámite a la carpeta de investigación con el registro FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001375/2019 en la que Gómez Urrutia figura, otra vez, como investigado.

Hasta ahora no se han determinado los alcances de esas averiguaciones ni se han dado a conocer los resultados de tales investigaciones de un personaje que forma parte de la 4T.

Estas pesquisas cobran especial relevancia en el contexto de la imposición de una nueva Ley de Subcontratación que lleva al satanizado outsourcing a otro estadio, en el que Napito sería beneficiario.

Industrias como la automotriz, la extracción de hidrocarburos y no se diga la minería podrán seguir tercerizando la mano de obra, pero como rubros especializados, donde el senador morenista ya se frota las manos.

Gómez Urrutia tiene un largo historial, que va desde el saqueo de 55 millones de dólares al sindicato minero en 2005, que lo llevó a exiliarse a Canadá con su familia, hasta cobros por outsourcing a las mineras.

Pero también por sus presuntas relaciones peligrosas, como la de José Eduardo Reséndez, operador financiero de la Organización Carrillo Fuentes, ejecutado en el año 2002 en San Nicolás de Los Garza.

O los presuntos vínculos de su familia con José Arturo Ponce Medina, enlace entre el Cártel de Sinaloa y el del Valle del Norte Colombia, señalado por narcotráfico y lavado de dinero.

El fiscal Gertz Manero y sus pupilos le revivieron a Napito los expedientes en la SEIDO, para mandarle el mensaje de que la nueva Ley de Subcontratación por ningún motivo tendrá destinatario.

DE LOS 34.7 millones de hogares que existen en México, los 65 municipios que abarcan la consulta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para otorgar la libertad tarifaria al Agente Económico Proponderante, léase a Telmex-Telcel de Carlos Slim Helú, significan aproximadamente 18 millones, esto es poco más de la mitad, un 51%. Estos municipios, que para el caso de la CDMX, que gobierna Claudia Sheinbaum, constituyen todas las alcaldías, y las principales capitales del país en el caso de la república Mexicana, gastan en comunicaciones más de 107 mil millones de pesos al año. Hablamos que el de Carso se engulliría 23% del PIB de telecomunicaciones, si es que el IFT, que tiene como presidente interino a Adolfo Cuevas, les quita la restricción regulatoria impuesta desde 2013.

EFECTIVAMENTE, JORGE NUÑO se incorpora a la Secretaría de Comunicaciones, pero no va sustituir a su titular, Jorge Arganis, con todo y sus lamentaciones de que los ingenieros militares no debían tener en sus manos las obras civiles. El todavía Jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, que lleva Arturo Herrera, llega como nuevo subasecretario de Infraestructura en lugar de Cedric Escalante, atosigado de denuncias de conlictos de interés con sus empresas privadas y obras en algunas localidades del país, lo que llevó a un enfrentamiento con el mismo Arganis. La posición le viene como anillo al dedo a Nuño porque es el encargado de armar los paquetes de proyectos de infraestructura.

ESTA IDEA DE apuntalar a la Bolsa Institucional de Valores (Biva) que compraron tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Juan Pablo Graf, como la Secretaría de Hacienda, que maneja Arturo Herrera, podría implicar un redimensionamiento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Y es que la pretensión de ceder al grupo que preside Santiago Urquiza 30% de las posturas pasivas diarias, con el pretexto de emparejar el piso de competencia, si bien le garantiza viabilidad a Biva le resta precisamente lo mismo a la que comanda José Oriol Bosch. Ya se empieza a hablar de un recorte a la plantilla en todos los niveles para contrarrestar una esperada baja en el volumen de negocios.