El triunfo de la diversidad
Si se requiere atender las necesidades de la comunidad LGBTQ+ de manera específica, no es cuestión de privilegios, sino de restituir y respetar los derechos que la misma sociedad les ha negado
La bandera del arcoíris ondeó este 15 de diciembre en el Congreso del Estado. Finalmente se aprobó modificar el Presupuesto de Egresos de este año para destinar recursos a la comunidad LGBTQ+.
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La determinación significa un triunfo para este grupo poblacional y los activistas de la organización Amicus, que a lo largo del año tramitaron y ganaron dos amparos contra la negativa de los legisladores guanajuatenses a erogar un fondo para promover y garantizar sus derechos.
EN PELIGRO CONSTANTE
Hasta diciembre de 2021 sumaban 18 los crímenes de odio registrado en la entidad. A pesar de dicho panorama, el Congreso dijo NO a la modificación presupuestal. Guanajuato es el cuarto estado con mayor número de reportes por violencia y discriminación a personas LGBTQ+, de acuerdo con Amicus.
Al primero de diciembre se habían registrado 601 casos en el país, 33 de ellos, el 5.5%, en nuestra entidad. Nos superan la Ciudad de México con 134 reportes, el Estado de México con 90 y Jalisco con 83.
El 36% de las agresiones en Guanajuato ocurrieron en espacios públicos, el 33% a través de redes sociales y el 31% restante en el ámbito privado. La trascendencia de casos mediáticos nos sirve para ejemplificar los niveles y gravedad del problema. A finales de octubre, Amy Nicole Cabrera, mujer trans originaria de Irapuato, reveló que se le prohibió usar los baños en el Bar Grill de la capital; fue hostigada por personal de seguridad, que intentó despojarla de su celular.
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El 6 de noviembre, el cuerpo de Martha Torres Lomelí fue hallado en una bolsa, dentro de su vivienda en la colonia irapuatense, Las Heras. Vecinos y familiares afirmaron que murió a manos de su pareja sentimental.
La madrugada del 19 de noviembre, policías municipales de León golpearon y detuvieron arbitrariamente a cuatro mujeres trans en la colonia Obregón. Una víctima, identificada como Vanessa, transmitió en vivo los hechos. Al salir de los separos, revelaron que fueron objeto de burlas, e incluso obligaron a una de ellas a desnudarse.
Tres ejemplos (tan sólo de transfobia) en menos de un mes, a los que seguramente se han sumado muchos más, los que quedan en silencio.
SALUD, UN DERECHO BÁSICO
Según el INEGI, 227 mil 957 guanajuatenses mayores de 15 años se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+. La cifra proviene de una encuesta realizada entre agosto 2021 y enero 2022. Si se requiere atender sus necesidades de manera específica, no es cuestión de privilegios, sino de restituir y respetar los derechos que la misma sociedad les ha negado.
Juan Pablo Delgado, director de Amicus, urgió ante el Congreso la creación de una clínica que atienda la salud física y mental para el sector; destacó lo alarmante de la escasez de personal médico empático y los altos índices de suicidio entre miembros de la comunidad.
Padecimientos como el VIH se asocian desde la década de los ochenta a la homosexualidad. Recientemente, la viruela símica estuvo a punto de sumarles otro estigma. Es lamentable que tantas personas requieran un servicio aparte, porque su preferencia sexual las excluye de espacios fundamentales.
EL MURO AZUL
La iniciativa de destinar recursos a la comunidad contó con el apoyo de la diputada de MC, Dessiré Ángel Rocha, la priista Yulma Rocha Aguilar, y los grupos parlamentarios de Morena y el Verde. El tema dividió a los legisladores locales, aunque en realidad resultó la repetición de una fórmula que hemos visto en cuestiones consideradas controversiales: la fracción del PAN contra el resto.
Incluso, fue el albiazul y secretario general del Congreso, Christian Cruz Villegas, quien promovió un recurso de revisión a uno de los amparos de Amicus, y se negó a revelar bajo qué argumento.
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Aunque desde hace un año el Registro Civil celebra enlaces entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario no se ha legalizado en Guanajuato. En octubre el diputado de Morena, David Martínez, presentó la quinta iniciativa que se apiló junto con la antes presentada por el legislador del PVEM, Gerardo Fernández, y las que en legislaciones anteriores promovieron los mismos partidos.
La panista Cristina Márquez, que encabeza la Comisión de Justicia, las ha ignorado todas, tal como ha hecho con la legalización del aborto. La bancada panista parece legislar desde la moral, se cierra al diálogo y olvida que es cuestión de derechos, no de convicciones particulares.
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