Domingo, 26 Enero, 2025

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Entre las sanciones y los nuevos impuestos

Opinión

Don Giovanni

1. Entre las sanciones y los nuevos impuestos

Entre las sanciones y los nuevos impuestos

Por diferentes motivos, la necesidad de incrementar la capacidad recaudatoria es el reto permanente de los gobierno estatales y federales. Cada uno con diferentes necesidades políticas, han elegido caminos diferentes en los que el común denominador sigue siendo la carga directa a los ciudadanos.

Al final, se trata de tener liquidez. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador requiere recursos directos en el corto plazo para sacar adelante su faraónicos proyectos; el de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo urge generar recursos propios para encontrar la holgura que se le fue con los recortes presupuestales.

En el primer caso se precisa una advertencia. Este año incrementará el número de personas y empresas sancionadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a cargo de Antonio Martínez Dagnino, para obtener más ingresos que en el 2022, sin intentar que crezca la base de contribuyentes.

Lo anterior es parte de la lectura que los expertos financieros han realizado tras cuatro años de malabares financieros, pero también de una política recaudatoria que la 4T ha resuelto sin generar nuevos impuestos federales. El SAT tiene como meta recaudar un 10 por ciento más, pero fiscalizando a quienes ya pagan impuestos.

En el caso del gobierno de Guanajuato el reto está en optimizar los recursos propios, que en buena parte se van en gasto corriente y no en proyectos de inversión. Al inicio del sexenio se tuvo que firmar un acuerdo con la iniciativa privada que paga el impuesto Sobre la Nómina, para que este se utilizará para obras de infraestructura.

Para este 2023, además del ya vigente impuesto cedular, se agregará el impuesto por hospedaje – dirigido a las plataformas digitales para alojamiento-, así como el impuesto ecológico para desarrollos privados que signifiquen un impacto directo para el medio ambiente.

Una tercera medida tiene que ver con el transporte privado. El permiso estatal que ahora se ideó por medio de una plataforma digital estatal para todos los conductores, incluye como requisito el alta en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), de manera que este servicio ahora aportará al erario del gobierno de Guanajuato.

Los resultados se verán el cierre del año. Lo seguro es que la reconfiguración de la política hacendaria del país, muestra cambios que obligan a los estados a depender menos del presupuesto federal; modificaciones que a menudo quienes las pagan son los ciudadanos… por la buena o por la mala.

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2.- Acámbaro: crimen y violencia

Entre las sanciones y los nuevos impuestos

El crimen que sufrió el presbítero y coordinador del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos “Fray Raúl Vera López”, Rigoberto Beltrán Vargas, y su asistente María Gómez en su domicilio, ubicado en el municipio de Acámbaro, es simple y sencillamente inaudito.

El allanamiento, violencia, robo con violencia y daños materiales causados, no son parte de la normalidad de este municipio ubicado al sureste de Guanajuato. Mucho menos lo es cuando hablamos de un clérigo entregado al activismo y defensa de los derechos humanos.

Fue el 5 de enero cuando, a plena luz del día, cuatro personas embozadas allanaron y robaron con violencia el domicilio particular de Beltrán Vargas quien no se encontraba presente en el lugar, pero sí su asistente María Gómez, quien fue violentada y amordazada.

Los sujetos sustrajeron dinero y otras pertenencias personales. Causaron diversos destrozos materiales en el mobiliario del lugar.

Definitivamente no se trató de un delito cualquiera, por ello la organización condenó y repudió el hecho contra la integridad, seguridad y patrimonio de Beltrán Vargas y su asistente, al considerar que se puso en riesgo su salud, seguridad personal y patrimonial.

Incluso advirtieron que también está en juego la continuación de su servicio pastoral y de lucha por la justicia social.

Es en esto último que el ataque sufrido cobra la mayor relevancia. Pues son estas agresiones las que atentan contra el trabajo de los defensores de derechos humanos que, en un país como México y un estado como Guanajuato, no sólo es necesario sino vital para hacer funcionar un sistema omiso e insuficiente en la defensa ciudadana.

Por lo pronto, el hecho debe movilizar sin cortapisas a los mecanismos de protección estatal y federal, al tratarse de una organización civil con una larga data de actividades de asistencia y defensa, erigida en honor al connotado obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, también acambarense de nacimiento.

En sus manos está el que prevalezca la justicia y las actividades los defensores de derechos humanos.

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3. Los suspirantes de Celaya

Entre las sanciones y los nuevos impuestos

Desde hace varios trienios, la presidencia municipal de Celaya se ha vuelto una papa caliente. Se trata de una alcaldía que hasta ahora no ha presentado reelección alguna, amén de sus complejidades sobre todo en materia de inseguridad. La de Javier Mendoza Márquez no es la excepción.

Por eso no es de extrañar que desde este inicio de 2023, diversos nombres ya suenen interesados que desde el PAN buscarían la candidatura para 2024, así como los que aspiran por Morena para intentar arrebatarles esta plaza.

Como relevos lógicos están el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Gámez Campos, así como el sobrino de Mendoza Márquez, el diputado Martín López Camacho. El primero con la constante presencia en representación del alcalde, incluso en los momentos más álgidos; el segundo haciendo su esfuerzo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guanajuato.

Pero hay dos funcionarios estatales que buscarían ser abanderados por Acción Nacional. El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, que tiene varios procesos pidiendo la alternativa, mientras que el director de la Comisión Estatal del Deporte, Marco Gaxiola Romo, no le hace el feo a esa posición.

En el caso de Morena, pese a sus divisiones internas, parece que hay cierta claridad en los cuadros probables.

En caso de que se decidan por abanderar a un varón, el delegado regional de programas de Bienestar, Gerardo Sierra, ha hecho todo lo posible por hacerse notar. Si la decisión es abanderar a una mujer, la actual subdelegada del Issste, Magdalena Rosales, pareciera estar cerca, aunque algunos no descartan a su hija Bárbara Varela, que ya fue regidora y candidata a diputada.

Sea cual sea el acomodo, el tiempo aún es un aliado que debe hacer entender a los interesados que, gobernar Celaya, se ha convertido en un reto que va más allá de rendir horas de trabajo burocrático

CONTRA RETRATO

Gerardo Fernández González

Como si se tratara de un acto de rebeldía y descaro, justo en medio de la controversia por el viaje a España que realizó junto a otros 19 diputados a cargo del erario, las redes sociales estallaron con la exhibición pública que su cónyuge –incluida en el grupo- hizo en redes sociales de los lujos, tours y demás amenidades a las que tuvieron acceso.

El diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández González, junto a su esposa, Mariana Muñoz, se convirtieron en la prueba viviente de la frivolidad con la que los legisladores han dilapidado los recursos públicos, en un viaje de por si inútil e injustificado para recibir una cátedra en derechos humanos en la Universidad de Salamanca.

No se puede hablar de un resbalón. El diario de viaje que la esposa del legislador exhibió abiertamente dejó ver el estilo de vida –a menos que se trata de una cuestión aspiracionista- que pretenden como representantes populares.

Puede ser que los costos del viaje de Mariana Muñoz no hayan corrido a cargo del Congreso del Estado, sin embargo, se evidencia el poco carácter oficial de la estancia de estos veinte diputados que poca justificación hallaron para legitimarla.

Paradójicamente, mientras esto transcurre en el Viejo Continente, la vocería del Poder Legislativo trata de hacer milagros para darle validez al viaje. El problema es que a estas alturas, la controversia ya corre a cargo de estos legisladores que sin empachos se benefician de prestaciones inefables.

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