Los Tratados
Pareciera que a muchos en México no les ha caído el veinte de que las relaciones de comercio libre implican reglas claras para todas las partes que proveen derechos pero también responsabilidades. Esto parece suceder en el Gobierno de México y entre algunas empresas y sindicatos, principalmente en el principal instrumento de intercambio comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, el T-MEC.
Hay tratados injustos y hay tratado que pueden resultar justos para las partes. Veamos, el Tratado Guadalupe-Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848 entre México y los Estados Unidos sirvió para establecer las condiciones de paz entre ambas naciones luego de la guerra librada tras una invasión estadounidense que acabó con la derrota de nuestro país. El tratado marcó la pérdida de la mitad de nuestro territorio ante la Unión Americana. Se nos impuso con el territorio nacional ocupado por los estadounidenses. ¿Injusto? Pues sí, devino de una guerra expansionista y donde no fuimos agresores.
Hoy en día, 172 años después de la firma de aquel tratado, México, Estados Unidos y Canadá regulan sus relaciones industriales, comerciales y laborales, entre otros aspectos, con base a T-MEC, un acuerdo que es la sucesión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que fue vigente desde 1994 hasta el año pasado. Ambos tratados, a diferencia del signado en el siglo XIX fueron voluntarios. Los gobiernos de las tres naciones lo firmaron luego de intensas negociaciones y aceptaron los términos ahí asentados.
Inclusive, para el T-MEC, tuvo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de negarse a suscribirlo, romper el acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también había jugado con esa posibilidad, todo en aras de proteger los intereses de los estadounidenses, decía. Igual AMLO pudo decirlo sobre los intereses de los mexicanos. Pero, la realidad es que ambos sabían que son instrumentos que fortalecen a las economías de ambos lados del Río Bravo, frontera por cierto establecida en 1848.
Así las cosas, el T-MEC deja en claro cosas como el respeto a las inversiones de los países asociados, un marco jurídico para la negociación de diferendos, arbitrajes, sanciones, y en el campo laboral piso parejo, de manera tal que los tres asociados pueden realizar inspecciones para que los sindicatos y empresas, en las tres naciones, cumplan con aspectos como la democracia sindical, contratos colectivos, transparencia y rendición de cuentas. No hacerlo así, supondría ventajas indebidas para alguno de los asociados, es la idea.
Bueno, en pleno mayo de 2021, ni el gobierno mexicano ni los sindicatos de nuestro país parecen honrar de manera adecuada lo que firmó el Jefe del Estado, Andrés Manuel López Obrador. Dos reformas en materia energética, la eléctrica y la petrolera, realizadas por AMLO y su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión conformada por Morena y sus par tidos satélites, representan violaciones a las condiciones de seguridad jurídica para las inversiones de Estados Unidos, Canadá y de las propia empresas mexicanas, salvo las estatales Pemex y CFE.
Por ello, el Instituto Estadounidense del Petróleo con casi 600 corporaciones involucradas en la producción, refinamiento, distribución y muchos otros aspectos de la industria del petróleo han pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, su intervención para colocar la reforma petrolera a la luz del T-MEC y también, de paso a la industria eléctrica, pues refieren que detrás de los esfuerzos por destruir las inversiones en energía limpias está en proteger a Pemex por tener un exceso de oferta de combustóleo”. Las reformas de AMLO, que buscan regresar el mercado energético a la década de los setenta del siglo pasado, seguramente irán a arbitraje en el T-MEC y vendrán sanciones.
En materia laboral, lo sucedido con General Motors Silao es cosa de vergüenza, el sindicato que detenta el contrato colectivo de trabajo con la armadora, adherido a la CTM ¡pero de Coahuila! realizó un fraude y destruyó papelería cuando puso el acuerdo laboral a votación entre sus agremiados. La dirigencia quiso hacer las cosas como antes, ponerse de acuerdo en lo oscurito con la empresa, dejando de lado a sus propios agremiados. Es la realidad, ni modo que haya sido al contrario por tantos años. Si no, no habría pasado este episodio.
Y como el que mata la vaca peca tanto como el que le agarra la pata, sindicato y GM ahora son cuestionados por los sindicalistas de Canadá y seguramente lo serán de los estadounidenses. Jerry Dias, presidente Nacional de Unifor, el sindicato más grande del sector privado en Canadá, ha enviado su inconformidad a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (STyPS) y a Mark Reuss, presidente de General Motors, si el jefe de Detroit; agarraron a sus muchachos metidos en tratos dudosos con los charritos de la CTM coahuilense que domina el contrato en Silao, Guanajuato.
La queja es clara por parte de los trabajadores sindicalizados canadienses, en Silao están violando el T-MEC. Y refieren que las condiciones de trabajo que se han venido firmando entre los sindicatos mexicanos y GM “simbolizan las peores formas de explotación laboral”.
Es esta situación que ya alcanza rango de escándalo internacional, hay un guanajuatense que tendrá un papel muy relevante, es el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, pues si se hizo como anunció la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, cuando se supo del fraude y la destrucción de boletas, él tiene en sus manos la investigación sobre esos actos delictivos de violencia, base de las querellas de la propia STPyS. ¿Carlos Zamarripa qué hará con el trompo?, representa al gobierno de Guanajuato que se precia de respetar las reglas en materia económica. Ojalá diga algo, ¿no cree usted?
