Operativos en Guanajuato: ¿Se acabaron los abrazos?

1.- Operativos en Guanajuato: ¿Se acabaron los abrazos?

En el sur de Guanajuato pocas veces se habían visto operativos de grandes dimensiones. Uno de ellos ocurrió el pasado 8 de enero, cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se desplegaron en las comunidades de Loma de Zempoala y Zempoala, en los municipios de Yuriria y Jaral del Progreso. La fuerte presencia de elementos de seguridad causó temor entre los pobladores, debido al enfrentamiento ocurrido la madrugada del 6 de enero en Buenavista de la Libertad, Yuriria, que dejó 10 sicarios abatidos y otros más huyeron.

El operativo del 8 de enero no terminó en enfrentamiento. Los criminales escaparon al verse acorralados, pero dejaron rastros. Se aseguraron varios vehículos en los que se encontraron ponchallantas, balas y otros indicios de la operatividad criminal en esa región, donde la acción del Estado parece estar poniendo a raya a las células del cártel local.

Contrario al repliegue que se observó con Alvar Cabeza de Vaca Appendini como secretario de Seguridad, la nueva consigna en el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo es hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada, aunque con base en inteligencia para reducir los enfrentamientos y las pérdidas humanas. La estrategia cuenta con el respaldo federal. Como aquí se adelantó, la Sedena autorizó el uso de armas de mayor calibre y automáticas, no solo a las FSPE, sino también a policías municipales.

“Tuvimos la reunión el miércoles y desde la Secretaría de la Defensa ya está la autorización (del uso de armas de grueso calibre) y no solo para el Estado, también para los municipios. Tenemos el recurso y vamos a trabajar (…) Hay que responder con la fuerza del Estado, se acabaron los abrazos”, dijo este viernes el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

Desde el gobierno federal no se declarará que se acabaron los abrazos, lo que implicaría dejar mal parado al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a los morenistas radicales, quienes ven en Guanajuato un buen saco de boxeo y contraste a las políticas de la 4T.

Aunque con mayor mesura, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene en la vitrina de los acusados al estado. Es lógico; además de lo político, los niveles de violencia aún no son para presumir éxito en la estrategia. En el estado no se recibió de buena manera que se haya expuesto que Guanajuato es el único estado, de los siete prioritarios, en el que no bajaron los homicidios, sino que aumentaron en el último trimestre de 2024.

Lo que también es cierto es que, realizando una comparativa de tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, el estado ya se ubica en el quinto lugar, lejos de los tres primeros. El índice entre enero y diciembre del año pasado muestra que ocurrieron 49 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En Chihuahua se registraron 50.9, en Baja California 61.5, en Morelos 71.6 y en Colima 100.8.

2.- Bárbara Botello: del aislamiento a “invitada especial”

En la inauguración de la Feria Estatal de León causó sorpresa que en primera fila estuviera la siempre polémica Bárbara Botello Santibáñez. La ahora morenista y directora de Marca Nacional en la Secretaría de Economía (SE) asistió como “invitada especial” del Patronato de la Feria, para disgusto de varios.

La también expresidenta de León no desaprovechó la oportunidad, como es costumbre, y se subió a la agenda pública. Ahora, con un discurso morenista, pidió que la renovación del fiscal general en Guanajuato se dé mediante consulta ciudadana y no solo con propuestas de partidos políticos: “Los perfiles tienen que ser más abiertos y debe haber una consulta ciudadana con universidades y sociedad civil”.

En su nueva encomienda tiene como encargo el relanzamiento de “Hecho en México”, pero ya no solo con fines publicitarios, sino que se genere un programa que incluya capacitación y apoyo a productores y artesanos del país. Entre lo que se avecina, está la creación de una plataforma digital, al estilo de Shein o Temu, para comercializar productos mexicanos. El programa en general será presentado próximamente en la “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo pronto, Botello Santibáñez ya está generando citas con las titulares de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía de Guanajuato para establecer mecanismos de colaboración, que no deberían ser algo extraordinario si se considera que desde hace tiempo en el estado existe la “Marca Guanajuato”, que incluye básicamente todo lo que ahora el gobierno federal busca establecer.

3.- Exigencias de zapateros encuentran eco en la 4T

Muy contentos están los empresarios zapateros con el gobierno federal. En el último tramo de la gestión de Andrés Manuel López Obrador y más aún en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sus reclamos encontraron eco en el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. La mayoría de las peticiones se han cumplido, aunque en partes; tampoco es para celebrar de forma anticipada.

En septiembre se aprobaron cuotas compensatorias preliminares del 17.99% a las importaciones de calzado chino. En el último trimestre de 2024, los zapateros de Guanajuato aportaron más información sobre las afectaciones, y en este primer trimestre de 2025 se realizarán las audiencias de alegatos de ambas partes: productores nacionales y empresas importadoras chinas. Para marzo se espera que se aplique la cuota compensatoria final. Es ahí donde mantienen sus esperanzas los empresarios mexicanos.

Antes de concluir 2024 también se aplicaron impuestos temporales a la importación de mercancías de las industrias textil y de confección. Los zapateros están formados y, según líderes del gremio, desde la Secretaría de Economía se les ha avisado que su sector es el siguiente en recibir el beneficio, que busca emparejar la competencia. Resulta que importadores utilizaban el Programa IMMEX para ingresar productos sin pagar impuestos debidos, y aunque debían salir del país, terminaban en el mercado mexicano.

El nuevo frente está en la regularización de malas prácticas en recintos fiscales. Según Mauricio Battaglia Velázquez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, había un mal manejo de los productos que ingresaban al país, aplicándoles un menor impuesto mediante una fracción arancelaria genérica. Ahora pugnan por que se les imponga el impuesto correcto.

Donde “la puerca torció el rabo” es en lo que les toca a los empresarios zapateros, pues hasta ahora no han logrado recuperarse de la pérdida de empleos, que, aunque ellos achacan a las importaciones chinas, la realidad también es que dejaron de ser una industria atractiva por los bajos salarios y las condiciones laborales. La exigencia desde el gobierno federal es la mejora en los ingresos de los trabajadores, lo que representa el gran pendiente de este sector.

Contra Retrato

Eduardo Griss Kauffman

Eduardo Griss Kauffman, director de Fiscalización en el municipio de Celaya, reveló que se dio de baja a más de una veintena de inspectores por cobrar moches a comerciantes informales. La cuota era de 500 pesos para no retirarles la mercancía y aplicarles una multa. Los ingresos estimados por las autoridades, solo en el Día de Reyes, superarían los 450 mil pesos.

Hasta ahí todo bien: descubren a funcionarios corruptos y los dan de baja. Pero resulta que ahí quedó. Según Eduardo Griss Kauffman, no habrá procesos legales en contra de los inspectores acusados de cobrar los moches. La razón es que podría implicar pérdidas económicas para el gobierno municipal por los procesos legales y pagos de finiquitos.

La decisión del gobierno municipal no solo cae en la omisión de castigar la corrupción, sino que también la solapa al dejar un precedente de cómo se puede utilizar el servicio público para beneficio personal sin que existan consecuencias. Mal por donde se le vea, aunque se intente justificar como una bizarra forma de austeridad que perpetúa el mal actuar y genera dudas sobre la veracidad de los hechos o si simplemente se trata de la liberación de espacios para “su gente”.

En el gobierno del morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez se han llenado la boca acusando a supuestos funcionarios corruptos para justificar despidos, sin que hasta ahora se hayan expuesto las acciones legales aplicadas. La misma mecánica ya se replica entre sus funcionarios.