¿Quién paga los juicios en México?
Todos tenemos derecho al servicio gratuito de los tribunales que ad-ministran justicia en nuestro país, en términos del artículo 17 constitucional, que además prohíbe las costas ju-diciales. Sin embargo, el suel-do y los gastos que implica ese servicio a cargo de los jueces se paga con los impuestos que el Estado recauda de los con-tribuyentes. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se asignaron $73,723,020,424 pesos al Poder Judicial de la Federación. Eso nos cuesta el servicio de la jus-ticia federal solo por un año.
Entre otras reflexiones, lo anterior lleva a pensar sobre el origen de los conflictos que pretendemos que se resuelvan por los jueces de forma cotidia-na. Al respecto, quisiera desta-car dos abusos que llegan a los servicios de justicia, respecto a conflictos que pueden resolver-se sin un litigio judicial costoso, pero que se opta por acudir a tribunales porque al fin es “gra-tis”.
El primer abuso consiste en utilizar los juzgados para resol-ver problemas que pueden re-solverse en una mediación. Las partes deben ceder en algunas de sus pretensiones hasta en-contrar un acuerdo razonable. Recientemente diversos medios de comunicación dieron cuenta sobre un problema recurrente: el pleito de dos padres por la custodia de sus hijos. Increí-ble pensar que una pareja que algún día estuvo casada y pro-crearon tres hijos, ahora no puede ponerse de acuerdo. El padre inició el procedimien-to judicial en Israel y pidió en un juzgado de Morelos que se le concediera la restitución in-ternacional de los menores a su país de origen. La madre mexicana resultó ser hermana de Nicolás Celis, productor de la película “Roma” de Alfonso Cuarón, y quien desesperada-mente solicitó apoyo en redes sociales para que no se llevaran de México a sus sobrinas. Su amigo Guillermo del Toro pidió, a través de Twitter, la interven-ción del secretario de Relacio-nes Exteriores, quien inmedia-tamente giró instrucciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para detectar a las niñas menores cuyo padre deseaba llevárselas a Israel sin consentimiento de su madre. Mientras tanto, ella promovió un juicio de amparo para revo-car la decisión de la juez de Mo-relos que concedió al padre lle-varse a sus hijas. ¿Cuánto costó el servicio de administración de justicia para este caso? Se trata de un litigio que aparentemen-te continuará en los tribunales de amparo y que se pudo evitar simplemente con el acuerdo de los padres.
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El segundo abuso encuentra origen en aquellos servidores públicos que generan actos de autoridad injustificados y que son cuestionados en los tribu-nales. Es el caso del titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-mentaria (Senasica), Francisco Javier Trujillo Arriaga, quien es responsable de los trámites ad-ministrativos que realizan los importadores de vegetales que deben cumplir con las medidas fitosanitarias que establece la ley. El pasado 14 de marzo, 15 senadores y 19 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Agricul-tura de ese país, Tom Vilsack, mencionando que el gobierno mexicano continúa retrasando el ingreso de papas, bloqueado durante siete años por una ac-ción que resultó ilegal por parte de la industria mexicana de pa-pas. Los legisladores solicita-ron que sus contrapartes mexi-canas respeten los acuerdos firmados entre ambos países y se permita el acceso de papas de Estados Unidos a México pues, de no ser así, cualquier petición del gobierno mexicano para in-gresar al mercado estadouni-dense no se dará hasta que esto se resuelva.
Durante siete años los tri-bunales federales, incluida la Suprema Corte, han dedica-do sus servicios para tratar de resolver solo un caso, que aún no se termina, a pesar de que el máximo tribunal del país, a fi-nales de abril del 2021, determi-nó procedente la importación de papas de Estados Unidos a Mexico mientras cumplan las leyes de protección al campo. Casi un año después, el titular de Senasica sigue sin poder cumplir los acuerdos que firmó con su contraparte norteameri-cana y se le acusa de tomar de-cisiones administrativas poco transparentes.
Ojalá también en este caso intervenga de forma eficaz el canciller Marcelo Ebrard, para evitar un conflicto legal inter-nacional que afecte el comercio de México y continúe sin razón litigándose en los tribunales de nuestro país. Al fin, la justicia es gratis.
