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Morena exige salida del titular de la ASEG por presuntas irregularidades

Las compras realizadas injustificadamente por adjudicaciones directas, fundamentan la propuesta para remover a Javier Pérez Salazar
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Morena exige salida del titular de la ASEG por presuntas irregularidades Morena exige salida del titular de la ASEG por presuntas irregularidades

Las compras realizadas injustificadamente por adjudicaciones directas, fundamentan la propuesta para remover a Javier Pérez Salazar

Lourdes Vázquez
Guanajuato.- Ante presuntas irregularidades cometidas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), la diputada de Morena, Alma Alcaraz, presentó un punto de acuerdo para que el auditor general, Javier Pérez Salazar sea removido de su cargo.

En la sesión del pleno del Congreso, la legisladora expuso supuestos negocios no claros entre Javier Pérez Salazar y el alcalde Alejandro Navarro. Esto con la contratación de elementos de la Policía Preventiva para el resguardo de las instanciaciones de la ASEG por 1.6 millones de pesos.

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Alma Alcaraz señaló que, hasta el momento se han realizado más de 5 mil 300 adquisiciones de bienes y servicios. Para ello, no se llevan a cabo licitaciones y todo se hace por adjudicación directa.

Además, en dichos procesos de adjudicación directa, existe el arrendamiento de una bodega propiedad de Rodolfo Jorge Páramo Buck, familiar de Gustavo Buck ex titular de Fiscalización del municipio. El arrendamiento fue por 46 mil pesos mensuales. Esto entre julio y diciembre del 2021, pero para inicios del año la renta subió a 541 mil 330 pesos.

Denuncian adjudicaciones directas

En entrevista, Alma Alcaraz precisó que el auditor general contrató a través del ayuntamiento a Policías Municipales. Se presume un conflicto de interés.

Alma Alcaraz mencionó en tribuna enunció dos causas graves por las cuales el auditor superior del Estado podría ser removido de su cargo que son: Incumplir con la obligación de determinar los daños y perjuicios y de promover el fincamiento de sanciones que establece la ley. También incumplir con la obligación de sancionar a funcionarios públicos.

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Como ejemplos citó la auditoría al proyecto Toyota, realizada en el 2016, en la cual se detectó irregularidades como el pago de cantidades superior al valor por metro cuadrado. Además, una auditoría hecha al Instituto Estatal de Cultura o al programa de semaforización en el municipio de San Miguel de Allende. Esto a pesar de haberse detectado irregularidades, no hubo sanciones.

Por lo que reiteró que, ante la falta de cumplimiento de sus funciones, de seguimiento de observaciones y las actuaciones parciales y arbitrarias que favorecen solo a algunos grupos políticos, las compras realizadas injustificadamente por adjudicaciones directas, fundamentan la propuesta para remover a Javier Pérez Salazar.

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