Oposición advierte anomalías en GTO Leasing; panistas se reservan opinión

Diputados de Morena y el PRI piden auditar y transparentar el proyecto GTO Leasing Services, mientras que los panistas reservaron su opinión

Staff Correo

Guanajuato.- Mientras que la diputada local de Morena, Alma Alcaraz Hernández, exigió una auditoría urgente al proyecto de inversión GTO Leasing Services, cuyo logotipo y nombre fueron registrados por el consultor Remigio Francisco Álvarez Prieto antes de que la arrendadora fuera constituida, el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila, señaló que el hecho levanta suspicacias, por lo que pidió que se transparente el asunto.

En tanto, los legisladores del PAN, Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, y Miguel Ángel Salim Allé, se limitaron a señalar que, para poder emitir una opinión sobre el tema, debían tener mayor información.

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Periódico Correo reveló que el proyecto de inversión público-privado GTO Leasing todavía no estaba constituida cuando Remigio Francisco Álvarez Prieto, asesor financiero, ya habría registrado el nombre y logotipo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); la arrendadora fue constituida con recursos del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado, administrado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

Exige auditoría

La diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández, solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que realice una auditoría urgente a dicho proyecto. Afirmó que todo indica que en este caso, los recursos públicos están sosteniendo a los negocios privados.

“El gobierno de Diego Sinhué es un gobierno de cuotas y de cuates, eso queda muy claro. Pareciera que lo que tenemos aquí es un caso de recursos públicos sosteniendo negocios privados. Yo creo que queda más que claro, aquí es urgente y exigimos una auditoría en este tema”.

Dijo que el hecho de que la arrendadora no estuviera constituida, pero su nombre y su logo ya tuviera dueño, levanta muchas dudas acerca de los intereses que están detrás de los más de 247 millones de pesos que invirtió el ISSEG.

“Desde Morena siempre hemos señalado que estos proyectos de cooperación, público privado, deben hacerse con muchísimo cuidado porque el mal manejo de los recursos puede derivarse en un daño patrimonial en beneficio de intereses particulares, que es al parecer lo que está pasando y lo que está detrás de este proyecto”.

Y es que, según enlistó, el “principal riesgo” detectable es que la única ganancia de la empresa provino de cuatro contratos obtenidos con una licitación “facilitada”. Además que este beneficio es de apenas 190 millones de pesos, muy por debajo de la inversión gubernamental.

La legisladora morenista insistió en que esto es una muestra de los muchos riesgos que hay con este tipo de proyectos. En el caso específico de GTO Leasing, manifestó que las dudas se generan en torno a que por un lado el gobierno del Estado destina una importante cantidad de recursos a la arrendadora financiera; luego hace una asamblea para la integración de nuevos socios y el mismo gobierno del Estado incorpora como proveedora a esta misma empresa y le da facilidades para ganar la licitación por 190 millones de pesos.

“Aquí evidentemente no retorna todo el dinero a las arcas públicas. Pues los demás accionistas pueden terminar con una ganancia a costas del poder público. Pareciera que lo que tenemos aquí es un caso de recursos públicos sosteniendo negocios privados”, recriminó.

Bajo esta premisa es que solicitó la auditoría urgente al proyecto público-privado que actualmente opera sólo con recursos del ISSEG que provenían del fondo de pensiones.

La semana pasada, la también diputada morenista Martha Edith Moreno Valencia presentó un punto de acuerdo para solicitar al ISSEG un informe detallado sobre dicha arrendadora, ante sospechas de presunta corrupción y conflicto de intereses.

Pide transparencia

Por separado, el diputado local del PRI, Alejandro Arias Ávila, dijo que de entrada lo que es reprochable es “la gandallez de este sujeto”, pues al tener información privilegiada se adelantó para registrar la marca. Dijo que esta es una práctica común que se aplica a instancias de gobierno; pues una vez que este quieren usar la marca, ya están registradas por un particular que pretende sacar un beneficio.

El legislador dijo que, ante ello, el gobierno del Estado debe cambiar a la brevedad de marca. “Es tan sencillo como eso y no pasa absolutamente nada”.

“Yo no quisiera pensar que esto es deliberado para luego hacer un convenio con quien los está asesorando; que la registra primero y luego le tienen que pagar por usar esa marca”, señaló.

Descartó que los recursos del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado estén en riesgo. Y finalmente añadió que es necesario que se transparenten los procesos de conformación de la arrendadora, pues este asunto ha generado suspicacias.

“Usted contrata a un consultor o es su asesor o es socio de la empresa que se está creando; y luego resulta que es él quien registra ante el IMPI la marca y el logotipo, ¿con qué objeto? No habla nada bien de él y eso genera suspicacias en el trabajo de la empresa que maneja los recursos de los trabajadores. No hay una vulneración (al fondo) porque es la marca, esto acaba cambiando el logotipo y la marca de la empresa. Pero si genera suspicacias del manejo que se está haciendo de esta empresa”.

No dan postura

El legislador del PAN, Miguel Ángel Salim señaló que se allegaría de la información necesaria para poder emitir una opinión. De esta misma forma se pronunció su homólogo, Víctor Zanella Huerta. Él dijo que “tengo que tener más elementos para tener una opinión lo más informada posible. Seguramente mañana podamos tener mas información que nos ayude a investigar lo que hoy ustedes han publicado. Tener elementos para tener una opinión informada”, afirmó.

Detrás del proyecto GTO Leasing Services

El Consejo Directivo del ISSEG aprobó la participación en la creación de la arrendadora financiera el 29 de diciembre de 2018, mediante el acuerdo XI-3-2018. La autorización de la Secretaría de Economía para el uso de la razón social GTO Leasing Services, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., fue obtenida el 6 de febrero de 2019.

Dado lo anterior, Remigio Francisco Álvarez Prieto solicitó el registro de la marca GTO Leasing por medio del despacho Larena, Trevilla, Fernández & Fábregas el 8 de abril de 2019 ante el IMPI, mismo que tendría vigencia a partir del 16 de abril de ese mismo año hasta el 16 de abril de 2029.

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Pero no todo fue inmediato. El 4 de octubre de 2019 el IMPI notificó coincidencias con al menos nueve marcas existentes, tres de ellas registradas por el gobierno de Guanajuato, cuatro por Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V., uno por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) y uno más a nombre de un particular.

Esta marca, a la postre, la utiliza el ISSEG para el proyecto GTO Leasing desde su presentación oficial el 21 de enero de 2020. Entonces, Álvarez Prieto llegó como su propietario y a la vez como socio fundador de la arrendadora.

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ac/JRP