Poder Judicial espera dictamen de auditoría; prometen acatar procesos de sanción
Lourdes Vázquez
Guanajuato.- Una vez que el Poder Judicial conozca el contenido del dictamen aprobado por el Congreso del Estado en el que se destaparon casos de nepotismo y corrupción, se procederá a dar estricto cumplimiento a las observaciones y recomendaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASEG), se informó a través de la Coordinación de Comunicación Social.
Esto ocurre después de que en la pasada sesión del pleno del Congreso del Estado, al votarse el informe de resultados de la cuenta pública del Poder Judicial correspondiente al año 2019,
Magdalena Rosales Cruz, legisladora local de Morena denunció que al menos 21 servidores públicos tienen un vínculo matrimonial o de parentesco dentro del segundo grado y que se encuentran adscritos a un mismo órgano jurisdiccional o dependencia administrativa, cuando la propia normativa de la institución lo prohíbe.
Ver nota: Auditoría al Poder Judicial de Guanajuato revela ‘cloaca’ de nepotismo y corrupción
Además se detectó que se autorizaron 133 mil pesos que debían ser destinados a la construcción de obras en San Luis de la Paz, pero no se acreditó su ejecución.
Además, la entonces presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Claudia Barrera Rangel no se abstuvo de votar a favor del nombramiento de Rocío Cordero Barrera como coordinadora de Apoyo Regional en la zona de Celaya pese a tener un parentesco con ella.
Ante estas irregularidades, el Poder Judicial se limitó a contestar que, una vez que la institución sea notificada sobre la aprobación de la cuenta pública 2019 por el Congreso del Estado, “se impondrá del documento y procederá a dar estricto cumplimiento a las observaciones y recomendaciones en el contenidas, remitiendo así la comprobación a la Auditoría Superior del Estado dependiente del Poder Legislativo”.
De acuerdo con el dictamen, será el propio Consejo del Poder Judicial el que deberá iniciar las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas.
