Crisis en mejores familias

1.- Crisis en mejores familias

Las alarmas se encendieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. En ambos casos por conflictos internos. Ayer, fue destituido el magistrado José Luis Vargas de la presidencia del tribunal por 5 de sus 7 integrantes, por su irregular manejo del órgano. El tema caerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Consejo de la Judicatura se denunciaron presuntas irregularidades en concursos internos de oposición de jueces (as) de Distrito. Si estos problemas pasan en las mejores familias, sería saludable que en Guanajuato el Poder Judicial se revisara.

El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato es ajeno al Monte Pozuelos y a pesar de que sus togados son nombrados por el Senado, aún hay dudas sobre las designaciones; el tufo partidario; amén de que las instancias electorales locales son copadas por intereses que nacen en las entrañas de la Universidad de Guanajuato.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que preside Héctor Tinajero Muñoz, es cuestionado trasmano por algunos jueces (as); han  hablado de que en los concursos de oposición, los ganadores son cercanos a altos funcionarios, inclusive se habla de redes familiares entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial y al interior de este. Acceso y reelección de magistrados es para debate. Al gobernador del estado no le ayuda la inercia de varios sexenios.

2.- Cuidar de su dique

La reiteración de la posible investigación de parte de la Federación del fiscal general estatal, Carlos Zamarripa, puso harto nerviosos a los panistas guanajuatenses, empezando por el jefe político que despacha en Paseo de la Presa, pues el encargado de la procuración de justicia desde hace una docena de años, es el dique político para enfrentar a la oposición en territorio estatal; amén de atemperar críticas de fuera contra el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez debido a la inseguridad.

Ante los señalamientos en Palacio Nacional contra el fiscal, el primero en ponerse en medio de la sociedad para ejercer la especie de defensa -abogado patrono-, ha sido el mandatario estatal. La cuestión es el porqué de la defensa a ultranza y el respaldo al titular de la Fiscalía General Estado (FGE), que se supone autónomo; entonces algo le mueven los trabajos periodísticos en los medios y redes sociales y la exigencia del presidente López Obrador, de renuncia de Zamarripa, al no haber dado los resultados esperados.

La información desde un organismo civil anticorrupción sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto Castillo a cuentas de un empresario leonés que estaría presuntamente ligado –financieramente- con Zamarripa, causó fuerte impacto en la sociedad y la cofradía panista causándoles ansiedad y estrés; les hizo sudar la gota porque involucró a Luis Ernesto Ayala. El mandatario Sinhue Rodríguez se informó con la UIF para saber del tema y así el gobernador respaldó a su fiscal, pues le dijeron que el caso es de 2020 y no había elementos contra Zamarripa.

3.-Puros patrones

Corre prisa, por extraña razón, para sacar al vapor la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, en materia de teletrabajo, una modalidad laboral que emergió ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Los representantes del Palacio de Paseo de la Presa le arrastraron el lápiz a la mayoría blanquiazul en Las Enredaderas, velándose, antes que nada, por los intereses de la patronal ante los trabajadores del sector público.

En la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, su flamante presidenta, la diputada panista Reyna Guadalupe Morales, ordenó dictaminar positivamente la reforma laboral para votarla y pase al Pleno en un período extraordinario a celebrarse entre los 10 y 14 de septiembre próximos.

La reforma provocaría que los empleados enviados a trabajo en casa lo hagan atados a sus domicilios, siendo los burócratas quienes deberán comprobar y justificar sus gastos en electricidad e internet, debiendo aportar sus equipos de cómputo para el trabajo. Voces advierten que podrían violarse derechos humanos y laborales. Se pregunta si les pagarán a los trabajadores renta por usar sus habitaciones familiares como oficinas, el derecho les asiste.

Extrañó que en la mesa de trabajo sólo hubiera voz de la patronal y no de especialistas independientes en materia laboral o representantes sindicales. Cartas marcadas para resolver un asunto de recursos humanos a los gobernantes, que nació de vacacionistas en la playa del Poder Judicial.

De la Valija.- La sospecha en el aire.

En el medio obrero se señaló que el conflicto laboral al interior de General Motors abría la puerta a una intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirige Luis María Alcalde Luján, para insertar a algún sindicato cercano a la 4T y despojar del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) al sindicato cetemista (PRI) que lo detenta, una cabeza de playa en las “barbas” del gobierno estatal panista.

Trabajadores de la planta de GM en Silao hicieron una denuncia nacional sobre la intromisión de inspectores de la STyPS, presionando a empleados de la empresa para que voten contra el CCT y así saquen al sindicato “Miguel Trujillo” de la empresa, una violación a sus funciones y al propio ejercicio de reposición de la consulta. Señalan como cabeza de la presión a Luis Armando “N”, inspector que contaría con antecedentes penales por hechos violentos. El asunto debe aclararse antes de que la consulta se realice los días 18 y 19 de agosto.

Beatriz Hernández Cruz

Parece que se quiere abrir la caja de Pandora, replicándose formas de actuación política propias del siglo pasado, cuando se usaban las instancias judiciales para reducir a adversarios políticos; el panismo por décadas se quejó de ello. Un asunto de orden municipal que recae en los ámbitos laboral y administrativo, por disposición que se antoja política, se torna en penal contra la alcaldesa.

Beatriz Hernández Cruz, presidenta municipal de Salamanca, que abandonó hace unos años al PAN y le ganó la alcaldía bajo los colores de Morena, fue abandonada tres años a su suerte, al lado de miles de salmantinos, en materia de seguridad pública y otras esferas. Ni así pudo el partido conservador recuperar la plaza. Hoy la hacen perseguida política.

Ahora, se usa la separación de un Contralor Municipal con irregularidades como causa, bajo la calificación de abuso de poder para vincular a Hernández Cruz a un proceso penal, que deberá explicar nítidamente el Poder Judicial del Estado por sus implicaciones futuras en otras decisiones administrativas en los municipios y el Gobierno del Estado y hasta en posible violencia de género.