El cese masivo de Policías en Irapuato
1.- El cese masivo de Policías en Irapuato
No hay manera de que se pueda desligar el despido de una centena de policías en Irapuato, de la coyuntura de acecho criminal que persigue a sus mandos y a sus elementos. Con la sospecha de colusión, la espada de Damocles se desenvainó con su respectivo costo político, social y administrativo.
Convocados a una supuesta revisión de rutina, los agentes municipales fueron citados al Centro de Integración Policial (CIPOL) donde 50 unidades con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ya se encontraban para resguardar lo que sería su proceso de despido.
Esta primera imagen choca de frente en el debate de la militarización. Es precisamente la penetración criminal, la que ha dado al traste con las corporaciones municipales cimentando en ello el principal argumento para darle entrada al Ejército como ‘la única institución confiable’.
En un gobierno municipal del PAN como el de Irapuato, la violencia, las amenazas y la inestabilidad de sus mandos, orillaron a que la alcaldesa Lorena Alfaro García a autorizar a su Secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, la baja de estos agentes municipales de golpe y porrazo.
¿Cómo se subsanará la falta de estos agentes? Así es, nada menos que con la Guardia Nacional y el Ejército que prácticamente duplican en cantidad a la policía municipal.
En lo social queda el saldo abierto de cien personas despojadas de su empleo. Sea cual sea el proceder, justificado o no, la supuesta investigación realizada al interior deja las dudas abiertas; si eran policías que ya eran considerados cómplices del crimen ¿dónde están las denuncias? ¿Así de fácil son arrojados a la calle?
Lo anterior nos lleva a pensar en el tema administrativo, pues en caso de que los agentes no tengan justificado su despido, la causa es perfectamente litigable en los juzgados con el respectivo costo para el erario de Irapuato.
Incluso algunos elementos aseguraron haber sido amenazados con hacerle daño a su familia si no firmaban sin hacer escándalo. Algunos firmaron y otros más se levantaron en protesta y convocaron a otros elementos que no habían sido despedidos para apoyar.
Es así como Irapuato suma más de 200 policías despedidos sólo en este 2022, una corporación que se enfrenta a la paradoja de estar bajo la amenaza criminal y la desconfianza.
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El cese masivo de Policías en Irapuato
2.- CNB: reuniones cupulares
Todo parece indicar que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, ha desistido de la labor en tierra y de contacto directo con las familias de personas desaparecidas, para enfocarse en las reuniones cupulares de las que poco se informa y mucho ruido generan.
Esta semana por medio de un solitario tuit de la cuenta oficial de la CNB, nos enteramos de la fugaz presencia de la funcionaria federal, en una reunión meramente burocrática con el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Héctor Díaz Ezquerra.
Dicha visita no es menor. Desde mayo del 2021, Quintana no visitaba Guanajuato. en esa ocasión lo hizo con motivo del trágico asesinato de Javier Barajas Piña, quien se había incorporado a la CEB, tras la desaparición de su hermana Guadalupe. Desde entonces otras buscadoras se han visto bajo amenaza, pero ninguna ameritó mayor reacción.
Esta última visita realizada entre lunes y martes, incluyó también un encuentro con la Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, además de una plática con estudiantes de derecho de la Universidad de la Salle Bajío. Una agenda llena en la que los colectivos de búsqueda no figuraron.
Esta nueva actitud de Karla Quintana contrasta sobremanera con aquella con la que abordó el descubrimiento de decenas de fosas clandestinas en Salvatierra, exigiendo transparencia y cercanía a una fiscalía estatal cuyo titular colaboraba a cuenta gotas. Hoy, al parecer, es máxima aliada.
Si esta gira arroja al menos algún resultado, es de esperar que las búsquedas masivas se reactiven, las cifras encuadren y los registros tanto de personas desaparecidas como de fosas clandestinas se actualicen, pues al momento persiste un desfase que obstaculiza dimensionar estos problemas en Guanajuato, precisamente por la opacidad de la FGE.
Sin duda alguna, fue la misma Karla Quintana la que ofreció una visión cercana a las familias que no empata con su larga ausencia de Guanajuato, ahora interrumpida por una reunión cupular de la que no se informaron resultados.
El cese masivo de Policías en Irapuato
3.- SCJN evidencia nueva pifia legislativa
Cuesta trabajo aceptar que con horas de análisis, mesas de trabajo, discusiones en el pleno, además de salarios exorbitantes, los diputados locales de Guanajuato cometan errores fundamentales que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha terminado por exhibir, incluso en leyes recientemente creadas.
Resulta que por medio de impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato promulgada apenas en marzo de 2021, se declaró la invalidez de disposiciones que, en el marco de los derechos humanos resultan insalvables.
Sin duda la línea que causaba más ruido es la referida en la fracción III del artículo 66, que establecía como infracción en materia de seguridad ciudadana el usar las áreas y vías públicas sin contar con autorización.
Se determinó que resultaba contrario a los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, al considerar que es una exigencia que constituía una censura previa de los mensajes. Su difusión dependería de una decisión oficial.
Dicha ley fue creada a partir de una propuesta por el gobierno estatal ya encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, bajo la tutela de la directora de asuntos jurídicos, Raquel Barajas Monjarás, quien además fue presidenta del Poder Judicial del Estado. El proceso obedecía a la armonización con el nuevo sistema, pero a los diputados ‘se les fue la mano’.
No se puede obviar tampoco que la promulgación de esta ley, coincidió con la propuesta de reglamento para garantizar el derecho a la manifestación realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), en la que se reivindicaba el espacio público como el escenario para hacer valer esa garantía.
También se declaró la invalidez de las disposiciones para ser juez de justicia cívica y desempeñarse en los cargos relacionados, que indican que debería cumplirse con el requisito de no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, extendiendo el impedimento incluso una vez cumplida la sanción.
De manera que las fracciones V de los artículos 8, 11, 13, 15 y 17, son inconstitucionales al infringir el derecho para acceder con igualdad a cargos públicos.
‘Una raya más al tigre’ dirían los clásicos, aunque esas rayas a menudo se concentran en un desprecio por los derechos humanos, presentes en cada fracción, artículo y ley. Sirva esta última resolución, para que la actual legislatura aprenda esa lección.
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El cese masivo de Policías en Irapuato
CONTRA RETRATO
Marco Antonio Medina Torres
Antes de ser designado como Fiscal Anticorrupción, se enfocó por casi una década al robo de vehículos en lo que fue la Procuraduría General de Justicia, ya encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre. Hoy, su desempeño es poco menos que desastroso con una impunidad casi total en los asuntos que ya se le acumulan por centenas.
Marco Antonio Medina Torres tomó la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2017. Desde entonces sus apariciones públicas son contadas y los resultados palpables son casi nulos. Entre otras cosas, el Sistema Estatal Anticorrupción no ha hecho la diferencia a causa de esta improductividad.
Esta vez fue el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) el que puso el dedo en la llaga, precisamente por el pobre desempeño de la instancia encargada de procurar la justicia, en los agravios que comprometen los recursos públicos para intereses personales.
Resulta que la fiscalía de Medina Torres es la quinta a nivel nacional que menos investigaciones ha iniciado, y al menos desde el 2020, no ha logrado una sola sentencia condenatoria, de acuerdo a la segunda edición del estudio “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción”.
Sólo en este año se abrieron 65 carpetas de investigación, de las cuales once ya fueron judicializadas, pero del 2020 a la fecha no ha obtenido una sola sentencia condenatoria.
Incluso la legitimidad del titular estaría en duda, pues carece de autonomía en su nombramiento aunado al tema presupuestal. La deficiencias en el desempeño de los recursos y el personal dispuesto para cada función, son ya un llamado urgente para rescatar esta instancia hasta ahora puesta en manos sin competencia.
Así, el IMCO terminó por evidenciar lo que a ojos vistos es una fiscalía fantasma.
Por si te lo perdiste: Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato no ha logrado una sola condena desde 2020
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