Ingreso de marginados

1.- Ingreso de marginados

El cambio de actitud de las autoridades sanitarias para considerar con urgencia la vacunación a los menores de edad contra la COVID-19 es una necesidad por los resultados y, sobre todo, para proteger a quienes están en alto riesgo, pues tienen una o más enfermedades. Resultó una respuesta satisfactoria entre los guanajuatenses la protección de sus hijos. Con base a la situación del grupo de edad, el Consejo Estatal de Vacunación considera que podrían recibir el biológico 130 mil menores.

Al calce dos referentes: la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), cuyo titular es Daniel Díaz Martínez, levanta un censo de pacientes del Hospital Pediátrico de León susceptibles de inmunización con vacuna; además, valoran grupos de enfermos, quienes, a través de tutores, serán inscritos en la plataforma federal para la inoculación. La buena vibra en octubre siguió con el anuncio de que vacunarán contra el coronavirus a 70 mil adultos de 18 a 29 años en 16 municipios, de acuerdo con el gobierno federal. Se exigen más vacunas para niños y adultos de 18.

La nueva actitud se gestó con hechos fatales y la preocupación de los padres de familias con hijos enfermos, quienes acudieron a la Justicia Federal a fin de conseguir vacunas ante la amenaza de la enfermedad que provocó la pandemia. Aquello de que los niños no debieron de ser vacunados porque no era necesario, resultó la antigualla de la política pragmática. Falta del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, como lo ofreció en enero pasado: “adquirir a la brevedad vacunas”. Reforzaría.

2.- Garante de mando, de vidas

No existe ninguna razón que justifique el asesinato de una persona. Sin embargo, es importante “concebir” que los homicidios dolosos deberán de evaluarse por las condiciones y efectos entre los sectores sociales; así las ejecuciones de integrantes de las fuerzas policiacas adquieren sentido, pues es el último reducto de la sociedad contra la criminalidad; mide la calidad de los mandos en el manejo y conducción de personal.

El hecho de que el estado de Guanajuato, con dos altos funcionarios de sobrada experiencia en la seguridad pública como Alvar Cabeza de Vaca y en la procuración de justicia como Carlos Zamarripa Aguirre, sea primer lugar nacional en homicidios de policías en lo que va del año, con 40, siendo el líder estatal Irapuato, resulta grave. Quizá por ello, el gobernador Sinhue Rodríguez está recomendando a los encargados de seguridad los Ayuntamientos de León e Irapuato.

Quizá sea la parte sensible del proyecto de atención a los leoneses en la próxima administración, trabajo integral, que inicia con reestructurar la secretaría del ramo de acuerdo con los apuntes de la alcaldesa electa, Alejandra Gutiérrez Campos, quien adelantó la creación de una nueva figura, además de fortalecer la figura de subsecretario, y en esa tesitura vendrán los cambios de funciones en las direcciones; aunque, todavía no asegura la permanencia de Mario Bravo Arrona en la Secretaría del orden; el jueves se sabrá. Producir la estrategia resulta mejor que comprar moditos para armar.

3.- Regístrelo director

Bien pudiera Juan Hinojosa-Diéguez, director general del Registro Civil de Guanajuato, tomarse un cursito de cómo implementar una política pública con cierto grado de éxito, comunicando lo planeado desde los funcionarios en la dirección hasta los servidores públicos de ventanilla, para que el personal actué alineado a los objetivos y se logren las metas. Resulta increíble que, al operarse el cierre definitivo de 37 oficialías del Registro Civil, trasladándose archivos documentales y funciones a otras oficinas, en estas los trabajadores no tengan idea de la determinación. Nadie les avisó.

No se vale jugar al “ratón loco” con aquellos que requieren algún acta, sobre todo en comunidades lejanas. Es entendible que estudios de población determinen la razón de cierre de oficinas, pero el primer deber del servidor público es atender a cada ciudadano, darle esa oportunidad, de forma clara y efectiva. Lo encontrado en las oficialías de León, muestran que no hubo esa preocupación entre los subordinados de Juan Hinojosa.

Valija. Trabajo es trabajo

A saber, a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, los ciudadanos de Celaya le cubrirán rigurosamente sus percepciones por el cargo al 9 de octubre. Es decir, no se le deberá ni un quinto cuando se vaya. Por eso extraña que no cumpla con su trabajo de forma rigurosa. A los habitantes de la comunidad La Cruz, afectados por las fuertes lluvias de esta temporada, los visitó para “cerciorarse” de los daños, pero no ofreció respuestas ni apoyos. Les dijo que eso se los resolverá el próximo alcalde.

Ella tiene en sus manos la presidencia municipal hasta las 23:59 horas del 9 de octubre, luego entonces, tiene presupuesto, políticas públicas, personal y tiempo para ayudar a sus conciudadanos. Si de por sí, la gente de Celaya se encuentra molesta porque tiene la certeza de que Elvira Paniagua los abandonó yéndose a vivir a Querétaro, en medio de la inseguridad terrible en el municipio, con estos desplantes se entiende por qué en las encuestas aparece entre los alcaldes peor calificados del país. ¿Y aun así piensa irse de vacaciones y regresar a Gobierno del Estado?

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña

Seguramente con ideas frescas en sus alforjas, luego de asistir a la Semana Nacional de Transparencia en Zacatecas, donde fungió como invitada especial y moderadora en una de sus mesas de trabajo, se dará tiempo para evaluar y definir las áreas de oportunidad para la transparencia pública en el estado de Guanajuato, que sigue teniendo pata de palo en los gobiernos municipales, donde a pesar de esfuerzos, asesorías y recursos gastados, nomás no hay ni homologación de conceptos, definiciones ni operatividad adecuada a la hora de responder a las peticiones de información pública.

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Guanajuato (IACIP), está a menos de dos meses de cumplir con su encargo, que protestó a finales de 2017, y entregará la armonización sistémica entre su organismo y el INAI, como la pieza central de su gestión. Sin embargo, no puede decirse lo mismo respecto a los municipios, a quienes debe exigir cumplimiento a la ley en la materia. Las carencias y hasta mañas en ese orden, pueden acreditársele, por no endurecer la fiscalización.

La comisionada Ducoing Valdepeña tampoco está obligada a lo imposible, pero si a trazar la ruta para que el derecho a la información pública de cada guanajuatense se cumpla. El camino de su sucesión inicia, pero su experiencia resultará esencial para el futuro del IACIP. Hay qué hacer.