La elección
1.- La elección
Este martes los más de 2 mil universitarios pertenecientes a la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG) deberán hacer uso de su voto personal y secreto para determinar quién ejercerá la administración de su organización laboral por los próximos tres años. La ejecución es determinante, pues resulta referente de la dinámica política interna en la Universidad de Guanajuato.
Por más de dos décadas, la ASTAUG se ha significado como un organismo sindical inmóvil. Su dirigente, Víctor Jiménez Ramírez, fue electo secretario general por vez primera en los años noventa del siglo pasado y desde entonces no ha soltado el cargo, siendo uno de los caos de mayor longevidad sindical en las casas universitarias. Durante su gestión ha pasado de los viejos sueños democratizadores a la ranciedad del ejercicio, la búsqueda de la perpetuidad y los señalamientos de corrupción y patrimonialismo de la institución. El peso de dos décadas. Se presenta en esta elección bajo la planilla azul.
Frente a él, se levanta la oposición de un movimiento de trabajadores, agrupados en la planilla roja, que desean una praxis más democrática, que no se someta a la patronal y defienda a sus agremiados. La candidata a la secretaría general, Aurea Patricia Virgen Vázquez, va contra el sistema.
La manta desplegada ayer por trabajadores en la fachada histórica de la UG, precisan la demanda de cambio. En este escenario, quienes determinarán el futuro serán los trabajadores, que por vez primera tendrán derecho a votar en secreto gracias a la última reforma laboral en el país.
2.- La primera minoría
Puede decirse que su actuación parlamentaria no se ajusta a la sistematización ni el trabajo conjunto con bases firmes en el análisis preciso y las propuestas estructuradas, aún. Pero, el grupo legislativo de Morena si busca punzar en el actuar del Congreso del Estado de Guanajuato, sujeto al anquilosamiento que dan las hegemonías de larga duración, como resulta la panista.
Por eso, si bien los morenos coordinados por el diputado Ernesto Millán Soberanes llegan casi al final del primer período ordinario de sesiones planteando apenas su agenda legislativa con seis ejes, no debe perderse de vista su contenido e intenciones.
Dependerá de ellos trabajar y alcanzar consensos para lograr cristalizar algunos de sus objetivos, además de credibilidad: Ernesto Prieto sigue prometiendo pedir licencia y nomás nada.
3.- Interés superior y escrutinio internacional
Ha sido el “secreto a voces” que el confinamiento de las familias como las limitaciones de la movilidad de las personas, debido a la pandemia de COVID-19 provocó alteraciones de conducta afectando sensiblemente a mujeres y menores de edad, que fueron “violentados”. El maltrato infantil incrementó en 120 por ciento, de acuerdo con Teresa Palomino Ramos, procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde 98 menores con derechos vulnerados por sus familias viven en albergues o casas de gobierno.
El maltrato infantil, a pesar de las señales últimas con la atención este año de 300 casos de parte de la PEPNNA, resulta una cuestión desatendida. Por ello, las respuestas al problema sin un estudio podrían ser apresuradas, pues los menores no atendidos por gobiernos podrían fomentar el número en “situación de calle”.
En otro frente de vulneración a derechos humanos (desapariciones), en la visita de escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a Guanajuato a fin de enfrentar el fenómeno en la entidad y reparar el daño a las víctimas, los informes de desapariciones, búsqueda y crisis de los derechos humanos están siendo entregados. Hay números: se informó que, a 2021, 2 mil 619 personas están desaparecidas en el estado, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Las desapariciones están ligadas a la violencia en el estado. Al respecto, la secretaria federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, actualizó que en los primeros 10 meses de 2021 disminuyeron 3.9 por ciento los homicidios dolosos, registrándose 28 mil 101 asesinatos en el país; de los cuales, 50 por ciento se concentraron en 6 estados, entre ellos Guanajuato con 2 mil 950 carpetas abiertas en el fuero común. En el escenario, León, Irapuato y Apaseo el Grande han aumentado la incidencia de homicidios dolosos.
De la Valija. Desempleo y castigo
Durante este año en que en ciertos aspectos de las condiciones de vida de los guanajuatenses han venido mejorando, luego de los efectos de la pandemia, octubre resultó un mes fatídico para parte de la burocracia estatal y municipales, pues llegaron los recortes con máscara de ahorros y la renovación de 46 Ayuntamientos que implicó el desempleo de los trabajadores. En Cuerámaro, a alrededor de cien les pasaron la guadaña tricolor, y lo más triste: el gobierno aún no los ha finiquitado conforme a la ley. Por ello, van a demandarlo.
Aseguran los diferentes grupos de despedidos en el municipio que el alcalde, Mauricio Arce, ordenó que les ofrecieran entre 15 al 20 por ciento de sus liquidaciones a trabajadores que tienen hasta 27 años de trabajo, 20 y 15, y les ofrecen 11 mil pesos o 10 mil, etc. Se mueven dos razones en escena: uno, no hay suficiente recurso; dos, sirvieron a un gobierno panista que perdió, ahora es gobierno priista; lo cierto, si no les pagan lo conducente a los cien, Mauricio Arce, tendrá ambiente de “conflicto laboral” pronto.
José Arturo Sánchez Castellanos
Considerándolo como un tema con un claro “tufo de intereses”, el representante popular que fue electo en fórmula con la alcaldesa de León ha censurado el uso de las instalaciones de la Feria de León para el cumpleaños de la directora del patronato aprovechándose un concierto en La Velaria, donde se repartieron pases del evento a sus invitados.
José Arturo Sánchez Castellanos, síndico del Ayuntamiento de León, institución que bajo cualquier consideración legal y política está por encima del Consejo del Patronato de la Feria, ha tenido que encarar al presidente de las fiestas de enero para solicitarle una explicación de la celebración, recibiendo la soberbia respuesta de que nada hay que explicar o cuestionar, por ser “asunto privado”.
El incidente, marca con claridad cómo se manejan actualmente las cosas en la Feria de León. Hay un reto claro al interés superior señalado por la alcaldesa de la ciudad de hacer con transparencia y honestidad las cosas en la administración pública de la ciudad. El síndico Sánchez Castellanos, quien tiene en sus manos tareas de fiscalización asignadas por mandato legal, ha encontrado ya respaldo en el Cabildo. La Contraloría investiga y se han solicitado informes adicionales al Patronato, que no es coto privado de su presidente.