Policías expuestos de par en par
1.- Policías expuestos de par en par
A estas alturas de la violencia que padece Guanajuato, parece increíble que diez municipios persistan con la exhibición pública de nombres, salarios y demás datos personales de los policías que les cubren servicio.
La difusión de esta información que por ley debe ser reservada, demuestra el desinterés por proteger a la primera autoridad que tiene contacto con los ilícitos. Acámbaro, Atarjea, Juventino Rosas, Manuel Doblado, Romita, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Tarimoro, Tierra Blanca y Victoria, exponen a sus policías sin reparo.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, indican la reserva de la identidad de quienes integran los cuerpos de seguridad pública, para no hacerlos identificables
Esta circunstancia ya había sido denunciada por Correo en enero de 2020. En ese momento eran 16 los municipios que presentaban información y datos personales de sus policías. Han pasado dos años y medio, 162 agentes han sido asesinados en ese lapso y aún hay municipios que dan cuenta de esa información.
Entre policías rasos y agentes de vialidad, surge la duda sobre el proceder de las alcaldías que hoy están incluidas en el Mando Único Estatal como Juventino Rosas y Manuel Doblado, donde una crisis de desconfianza provocó la intervención urgente del gobierno estatal, tan pronto como se integraron nuevas administraciones.
También es de destacar el caso de Acámbaro, donde se vivió una serie constante de ataques al cuerpo policiaco, que abarcó al director de la corporación. En otro como San José Iturbide, se identifica al escolta de la alcaldesa Cindy Abril Arvizu Hernández, por nombre y apellido.
La información emana de las áreas de recursos humanos y deben pasar por los Comités de Transparencia, que en la práctica es su deber verificar que información delicada como esta, no se exponga en aras de la seguridad.
En fin, un mal sistémico que evidencia el desinterés en la seguridad de las policías municipales.
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Ver nota: En riesgo: Difunden datos personales de policías municipales en Guanajuato
2.- El caso David y la confesión que no llega
Una y otra vez, familiares del niño Juan David Ramírez han sido ignorados por las autoridades. Primero, cuando se denunció ante el DIF de Irapuato la violencia que vivía el menor al lado de su padrastro, policía municipal que el pasado 13 de mayo lo desapareció.
El desenlace de la tragedia no llegó con el arresto del presunto responsable, de nombre Miguel Ángel.
Los deudos del pequeño de 11 años aún no tienen un cuerpo que sepultar para iniciar su duelo. Más de un mes se han prolongado las labores de búsqueda, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Ricardo Benavides Hernández.
La única persona que conoce el paradero del cadáver del niño se niega a revelarlo. Por eso la familia de David cree que lo protegen; consideran que su estatus de elemento policial lo mantiene blindado, sospechan que hasta goza de privilegios al interior del Cereso.
El 25 de mayo Miguel Ángel fue vinculado a proceso por desaparición forzada y violencia familiar, pero no por homicidio. El cuerpo del menor sería la prueba definitiva, porque al parecer los testimonios de la madre y el hermano menor de la víctima, no bastaron.
Se fijó un plazo de cuatro meses para concluir las averiguaciones. Ha transcurrido uno y el padre de David no tiene respuesta alguna, ni acceso a la carpeta de investigación 53303/22. “Hagan su trabajo”, pide su abuelo Artemio.
Desde el primer día, a través de marchas es como se ha viralizado el caso y se ha exigido justicia. Este lunes, en su última protesta, familiares denunciaron que la fiscal María Esther Pérez Villanueva pretende intimidarlos cuestionando si pueden costear una defensa.
Ni la funcionaria, ni nadie de la sede en Irapuato de la FGE los recibió ayer. Una vez más la instancia que se jacta de apoyar a las víctimas y sus seres queridos, les dio la espalda y restó puntos a una ya lastimada confianza en su autoridad.
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Ver nota: Irapuato: Familiares de Juan David exigen que padrastro confiese dónde lo enterró
3.- Huanímaro: gobernar con exabruptos
Lo que ocurre en el gobierno de Laura Villalpando Arroyo en Huanímaro, ya es muestra de los peores vicios y un pobre oficio político.
Ayer, la alcaldesa del Partido Verde no pudo atraer un dejo de mesura y se puso a contestar y descalificar públicamente a sus críticos, acompañada por los comentarios ofensivos del director de Agua Potable del municipio, Juan González.
Todo derivó de la publicación del video de la celebración patronal de San Juan Bautista, donde una ciudadana le hizo saber su desencanto de la administración que encabeza. “¿Qué tipo de ser humano eres? Eres ciega que no quieres ver y sorda a lo evidente”, le contestó la edil.
No obstante, estas expresiones sólo son una muestra del desatado gabinete que lidera Villalpando Arroyo, pues hace unos días Correo difundió el testimonio de una familia que fue agredida por el director de Desarrollo Rural, Josué Magdaleno Meza, quien habría irrumpido en un domicilio para agredir al representante de una banda musical.
La razón: no presentarse a la cabalgata organizada en el marco de la celebración de San Juan y de la Cueva.
A pesar de que no había ni un contrato de por medio, como una verdadera banda de rufianes, un grupo de trabajadores de la presidencia municipal acompañaron al funcionario para reprochar la ausencia del grupo musical ‘La Explosiva’.
El colmo es que desde noviembre, el gobierno de Laura Villalpando ya le adeuda a la banda sus presentaciones. Aún así, el funcionario incurrió en allanamiento, además de agresiones verbales y físicas.
Hoy por hoy, el Municipio de Huanímaro acumula conflictos con una postura contraria al servicio público. Desde lo político hasta lo público, el desgaste es inaudito si tomamos en cuenta que apenas van ocho meses de la administración.
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Ver nota: Alcaldesa de Huanímaro estalla públicamente contra sus críticos en Facebook
CONTRA RETRATO
Vicente Esqueda Méndez
Su trayectoria en su mayoría ha estado ligada a la política partidista. De los cargos en el PAN y su paso en el staff de su grupo parlamentario, supo librarse el camino para de ahí saltar como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa durante siete años. Quizá por eso como ombudsperson está predispuesto al cálculo exacerbado.
Vicente Esqueda Méndez llegó a una Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato que, se denunciaba entonces, requería de una refundación. Ahora en su primer informe, su sentencia es absoluta: el ciudadano no conoce a la procuraduría. Pero al juzgar sus cifras, esa afirmación se queda muy corta y superficial.
Esqueda Méndez enfrentó ayer una áspera comparecencia ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, de la que se prendieron justificaciones ante el incremento del cien por ciento de las denuncias, según dijo, como efecto de la pandemia en pleno 2022.
Se terminaría el año con más de 1 mil 400 quejas de una ciudadanía que sigue buscando justicia y respaldo frente a los excesos y abusos de los gobiernos locales. Una circunstancia que contrasta con la baja actuación de oficio durante el año que se informa.
Si el cálculo político prevalece en las actuaciones de motu proprio del ombudsperson, en lugar del apego a derecho, ¿qué se puede esperar en los dictámenes de recomendación dirigidos a entidades como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado?
Otro tema es su capacidad de gestión. De una figura eminentemente política como Esqueda, se esperaría que recomendaciones generales y preventivas como la expedición de un reglamento para garantizar el derecho a la manifestación, fuera aceptado con su justo activismo; sólo un municipio lo ha aceptado, procesado y aprobado.
En un año gris, los resultados se quedan cortos ante una ciudadanía desesperada por apoyo para hacer valer sus derechos. El cálculo político ya no puede estar por encima del estado de derecho.
