Sheffield en picota
1.- Sheffield en picota
“Ninguna irregularidad hay en Profeco ¿Cuál proceso? ¿Por cuál causa?”, expresó Ricardo Sheffield Padilla en redes sociales, al conocer la dimisión de tres de sus subordinados por presuntos actos de corrupción, tras la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la dependencia que encabeza.
Se trató de un movimiento inesperado que Segob operó directamente con la Secretaría de la Función Pública, tras denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Vaya, ni siquiera esperaron su ‘aval’. Miguel Ángel Chico Herrera –cercano a Ernesto Prieto, rival de Sheffield- fue ubicado como subprocurador Jurídico.
Guillermo Carlos Priego de Wit fue ubicado como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, y Rubén de Jesús Cervantes González como director general de la Oficina de Defensa del Consumidor.
Todavía sintiéndose como el más cercano a Andrés Manuel López Obrador, el titular de Profeco sostuvo que este no le preguntó ni comentó nada sobre el asunto, por lo que en un primer momento acusó que “huele a Yunque y comunismo”… lo que sea que eso quiera decir (quizá ni él lo entendió y decidió corregir).
Se trata de un golpe en la línea de flotación del exalcalde de León, pues remueven una pieza de su administración relacionada a los servicios de venta de gasolina, tema que lo ha mantenido en una presencia semanal en las mañaneras del presidente.
No hay que olvidar que las denuncias públicas y formales por extorsiones en diferentes centros de servicio del norte y sur del país, han perseguido a Ricardo Sheffield durante los primeros años de su gestión, ¿tendrán algo que ver? Conocerlo será cuestión de tiempo.
Lo cierto es que Adán Augusto dejó constancia de su intención a su paso por Silao en reunión cerrada -palabras más, palabras menos- con una sonrisa en la cara: ‘acuérdense que soy de gobernación y de todo me entero’.
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Ricardo Sheffield Padilla
2.- CPC: la carga infructuosa al erario
La verdad es que los Sistemas Anticorrupción fundados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto poco han logrado en su deber ser. Incluyeron en sus estructuras nacionales y estatales a un organismo que lo mismo da en su existencia, sin aportar gran cosa en el combate a las irregularidades públicas: los comités de participación ciudadana.
El de Guanajuato no es la excepción. Los integrantes del CPC, salvo algunas excepciones, han dado muestra de tener una voluntad exactamente contraria al motivo que les dio cabida en el presupuesto público.
Ahora nos enteramos que cayeron en 2021 en un absurdo litigio al negarse decididamente al ejercicio elemental de la denuncia.
El caso lo protagonizó el abogado Roberto Saucedo Pimentel –famoso por litigar ejercicios ciudadanos de transparencia- quien presentó una demanda de amparo, luego de recibir la negativa expresa de cuatro de los cinco integrantes del organismo, para no denunciar probables omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Argumentando que no estaba dentro de sus facultades, tomaron la solicitud del abogado y la remitieron, nada más y nada menos que ante la misma FGE.
Esta actitud -sostenida hasta ahora- mereció que el Juzgado Segundo de Distrito admitiera la demanda y concediera el amparo que resulta aleccionador para estos funcionarios que cobran poco más de 100 mil pesos mensuales cada uno, es decir, 6 millones de pesos al año como gasto corriente en este órgano.
El CPC es una instancia pública que puede violar derechos humanos que en este caso violan la legalidad al emitir una respuesta sin fundamentación y motivación. No se atreven a denunciar, cuando es una herramienta indispensable para combatir, precisamente, la corrupción.
Ahora toca a los actuales integrantes, Julio César Rodríguez Fonseca, Katya Morales Prado, Andrea Ludmila González Polak, Giovanni Appendini Andrade y Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, entender que atender su labor proactiva viene junto con el cheque que cobran cada quincena.
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Ricardo Sheffield Padilla
3.- ¡A gastar!
“Hay que gastar”, decía el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a principios de abril. Así anunciaba un tercer crédito por 2 mil millones de pesos que solicitó el estado. Esta semana, extendió la invitación a endeudarse a todos los municipios de Guanajuato.
El pretexto es invertir en obra social y reactivar la economía, tan apaleada por la pandemia; pero apaleados algunos ya estaban, y no tienen fondos suficientes para comprometerse.
Para Celaya es un rotundo no. De acuerdo con la tesorera Lourdes Herrera, todavía deben el 61% de la deuda que adquirieron en 2016, por 350 millones. Cada mes abonan un millón 961 mil 385 pesos. Hay finanzas sanas, aseguró el alcalde albiazul Javier Mendoza.
También declinó la invitación el morenista César Prieto. El último crédito que contrató Salamanca fue por 89 millones, destinados al C4.
No lo descartan la alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva y el alcalde de Jerécuaro, Luis Alberto Mondragón; Luis Fernando Velázquez, secretario de Ayuntamiento de Coroneo, resaltó que su municipio jamás ha solicitado crédito para obra pública.
Mauricio Trejo de San Miguel de Allende, y Carlos García de Silao, llaman a la responsabilidad y la prudencia.
Roberto García Urbano, munícipe de Purísima del Rincón, consultará con su Ayuntamiento.
El entusiasmo de Anastasio Rosiles fue notorio. El alcalde priista de Uriangato se dijo encantado de seguir el consejo de “nuestro líder estatal” y ya tiene proyecto en mente: la Casa del Adulto Mayor. Sólo espera que el gobierno de Diego Sinhue apoye con la mitad de la inversión, “si ellos le entran, nosotros estamos en la mejor disposición”.AMLO asegura que investigará a fondo ‘y sin impunidad’ ataque a estudiantes UG
Claro, el estado pediría más dinero para apoyarlos a todos, pero no puede arriesgar su prestigio crediticio ante agencias como Fitch Ratings, Moody’s y SP Global, prestigio en el que parece descansar la economía guanajuatense.
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Ricardo Sheffield Padilla
CONTRA RETRATO
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Sin duda alguna, en la cultura política mexicana los gobiernos siempre enfrentan un punto de inflexión que los define, para bien o para mal.
Con tres años y medio en el gobierno de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se enfrenta a esa etapa de definición en su gobierno, que irremediablemente se encadena a la realidad.
Ayer presentó su cuarto informe de gobierno (cuarto por el desfase que persiste en la entrega al cuarto mes del año calendario), en el que trató minuto a minuto de ligar el concepto de la mentefactura que, sin duda, ha sido objeto de su empeño como sello del sexenio.
No obstante la realidad se impone. ¿Cuántos guanajuatenses viven, entienden o dimensionan el concepto de mentefactura? En medio de la urgente reactivación económica, la inseguridad y las movilizaciones sociales, la minoría es la receptora del mensaje.
Si bien los efectos de la pandemia y la atención gubernamental ocuparon espacio en el discurso, las urgencias presentes se imponen. Si bien la baja en el numeral de los asesinatos ocupó cinco minutos de su evento, el promedio de diez víctimas al día persiste.
El sello de su gobierno y su punto de inflexión, aún está por definirse rumbo a las definiciones en el PAN. Aunque su dirigente nacional, Marko Cortés, lo integre entre los candidateables a la presidencia, esa idea palidece ante la necesidad de darle un verdadero sello a su gobierno, entre sus conceptos y la realidad.
