Tras la marcha, los saldos de Agripino
1.- Tras la marcha, los saldos de Agripino
El protagonismo alcanzado por el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, terminó por reventar.
El contraste frente a casos anteriores a los de Ángel Yael Ignacio Rangel y Edith Alejandra Carrillo, con víctimas de violencia criminal y de género, terminó por darle nitidez a las contradicciones de quien encabeza la UG frente a su estudiantado.
La marcha de ayer tuvo la convocatoria esperada de los jóvenes que, sin miramientos, han hecho del ejercicio solidario una forma común dentro de su vida académica. Unirse en un mismo grito de exigencia ante las injusticias del sistema universitario y gubernamental, es ya una constante en su forma de expresión.
Por eso la operación burocrática que encabezó el director de comunicación y enlace, Rodrigo Nájera Trujillo, en pos de su jefe, raya en el despropósito. Colocar a la plantilla administrativa flanqueando al rector como una supuesta muestra de ‘unidad’ fue visto como un oportunismo fuera de lugar.
Hasta el charrismo sindical personificado en Víctor Jiménez Ramírez, líder de la Asociación Sindical de los Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (Astaug), hizo gala de una inusitada presencia en el contingente que encabezó la marcha hacia la Alhóndiga de Granaditas.
Ya en las escalinatas del edificio central de la UG, el grito de “fuera Agripino” fue inevitable y partió las opiniones. La madre de Ángel Yael, Norma Lucía Rangel, asistida atingentemente por el rector desde el día del fatídico día en que agentes de la Guardia Nacional asesinaron a su hijo, hizo el llamado a la concordia.
Luis Felipe Guerrero Agripino pasó de arropar a la familia en luto, a arroparse en ella frente al desprecio estudiantil que, en esta coyuntura concreta, no fue unánime, pero sí constante entre los jóvenes que necesitan mucho más que una actitud servicial ante una tragedia.
Aún faltan capítulos para llegar a la ansiada justicia de este trágico caso, pero no cabe duda que el aprendizaje para la rectoría general de la UG, apenas empieza.
Luis Felipe Guerrero Agripino
Ver nota: Comunidad educativa de la UG marcha por Ángel; estudiantes piden ‘fuera Agripino’
2.- León: la crisis sostenida de violencia
La población estimada en un millón 721 mil 215 habitantes, parece encerrar la tesis de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, sobre la persistencia de la crisis de violencia que padece la ciudad zapatera.
Sin empachos, la conclusión de la panista es esa: la densidad poblacional siempre hará que se coloque en los primeros lugares.
De esta manera, la presidenta municipal parece atar a su ciudad a un destino fatal, pero la verdad es que recibió un ciudad zapatera presa de un fenómeno criminal que no se ve ni por dónde pueda ceder.
En el caso particular de León, lejos de disminuir los homicidios, la problemática aumentó; pasó de los 39.97 casos por cada 100 mil habitantes en el 2020, a 44.46 en el 2021. Lo peor es que la tasa duplica la media nacional de 22.79 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
En números enteros, en 2020 León registró 633 víctimas según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública; en 2021, la cifra alcanzó las 709 víctimas, es decir, hasta 76 más que significan un promedio de dos asesinatos diarios que se mantiene hasta ahora.
No cabe duda que si de comparar ciudades entre sus poblaciones y discrepancias, las salidas numéricas pueden existir, pero comparar la realidad de una ciudad en sí misma, se vuelve revelador sobre los índices que urge abatir.
¿Qué tendrá que decir el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona? Pareciera que muy poco. Al ser ratificado, prácticamente obtuvo una licencia para mimetizarse, mientras la alcaldesa leonesa hace números y justifica cifras.
Luis Felipe Guerrero Agripino
Ver nota: Investigadora plantea una reimaginación del espacio público para las mujeres en León
3.- Llamado a la deuda que no empieza en ceros
Ante la imposibilidad de adquirir más deuda estatal, ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo llamó a los presidentes municipales a adquirir deuda pública que les permita echar a andar sus proyectos de obra y con ello, reactivar la economía golpeada por la pandemia que, al parecer, llegó a su etapa final.
Se trata de una apuesta que la administración estatal hizo desde el 2020, pero a la que pocos gobiernos municipales han tomado, sin duda, por su propia capacidad de pago y los números que ya arrastran.
Son 12 municipios los que en este momento tienen deuda subsidiada por el estado, es decir, que funge como deudor solidario. Entre las que arrastran el mayor pasivo está Celaya con 211.3 millones, Irapuato con 234.0 y Salamanca con 79.4.
Las participaciones juegan como la garantía de pago de estos montos que suman actualmente 606.7 millones de pesos entre todos. Su manejo se ha mantenido en la reserva de los alcaldes que entraron en 2021, renuentes para adquirir montos mayores que resulten impopulares.
Como deuda directa y sin aval de los recursos estatales, sólo están León con 957.4 millones y San Miguel de Allende con 79.3 millones. Ambos amparados en su capacidad de recaudación además de sus participaciones.
Hablar de deuda siempre será caminar sobre hielo delgado. Depende siempre de en qué será invertida -o gastada- así como del nivel de los pasivos.
Por lo pronto, el saldo de las deudas ya se ubica aproximadamente en lo 13 mil 500 millones de pesos entre municipios y gobierno estatal. Una cifra sin duda significativa para una etapa de reactivación.
Luis Felipe Guerrero Agripino
Ver nota: Cuarto Informe mostrará resultados, asegura PAN; Morena lo pone en duda
CONTRA RETRATO
Cristina Márquez Alcalá
“El llamado es a unirnos por la causa de no más violencia, queremos estar seguras, queremos estar tranquilas, ni una más”, manifestó la diputada panista Cristina Márquez Alcalá. Su solidaridad con las 28 manifestantes detenidas en Irapuato el pasado fin de semana contrasta con las decisiones que ha tomado como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, que involucran a las mujeres.
Márquez encabezó el debate en formato virtual sobre la despenalización del aborto en mayo de 2020. La exhaustiva jornada culminó con el triunfo de la vida, mejor dicho, de las dos vidas, la de la madre y aquella que inicia desde la concepción (según las leyes de nuestro estado).
La interrupción del embarazo no se analizó como un tema de salud pública, sino como una cuestión moral, incluso sentimental; la ahora secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, hasta mostró un ultrasonido y habló del privilegio de ser madre.
Por su parte, Cristina Márquez argumentó que Guanajuato diseñaría las políticas públicas necesarias que garanticen a las mujeres equidad y oportunidades para afrontar la maternidad. Pero de garantizarles el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ni hablar.
En aquel infame debate del 2020, la diputada resaltó la participación de la sociedad civil para dar credibilidad al resultado. Sin embargo, el pasado mes de febrero la Comisión de Justicia excluyó de las mesas de trabajo para discutir el tema a colectivos feministas y organizaciones civiles.
Un pañuelo azul, como los colores de su partido, impide ver a Cristina Márquez y sus correligionarias que el aborto ocurre en la clandestinidad para la gran mayoría de las mujeres que siguen en espera de esas salvadoras políticas públicas, y ocurre en espacios seguros sólo para unas cuantas privilegiadas. Pero ocurre.
Así que, en cuestión de apoyo a la causa de las mujeres, el llamado es a la congruencia.
