UG y la historia de una pifia
Orquesta Sinfónica
1.- UG y la historia de una pifia
No importan los deslindes y justificaciones. La única verdad es que directamente el departamento jurídico de la Universidad de Guanajuato, emitió un ordenamiento para que la Orquesta Sinfónica de la máxima casa de estudios del estado, se abstuviera de promover programas que incluyeran piezas de compositores rusos.
El simple planteamiento es ya de por sí vergonzoso. Muestra toda la ignorancia y pobreza de criterio que emana de la burocracia universitaria, pero más aún, de aquella perteneciente a la Dirección de Extensión Cultural que encabeza José Osvaldo Chávez, secundado en los hechos por Alejandra Bernardino Cruz, abogada general de la UG.
¿Estaba enterado el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino? El oficio que exhibe este jueves Correo indica que sí.
Fue desde el 3 de abril que el tema se hizo escándalo. Músicos como Mario Gómez y Rusell Brown, lo denunciaron públicamente a medios de comunicación locales; es el intento de censura el último gran agravio que según su testimonio han sufrido, sumado al abandono del Teatro Principal además de la marginación a la OSUG. Ese mismo día, el rector declaró a un diario su negación absoluta a esa determinación. Sostuvo su desacuerdo pero el daño estaba hecho. El departamento jurídico ya había lanzado desde el 17 de marzo la directriz con tintes legaloides con conocimiento para él y Osvaldo Chávez.
Lo que siguió fue el bochorno internacional. La embajada de Rusia en México –enfocada desde los inicios del conflicto con Ucrania, a desmentir información sobre el conflicto bélico- tomó el tema y cuestionó directamente al Director de Extensión Cultural, quien el 4 de abril emitió otro oficio negando el anterior y desautorizándolo.
¿Quién miente? ¿La abogada actuó en rebeldía? Todo se convirtió en un galimatías que no hizo más que sazonar una seguidilla de escándalos y contradicciones. Aún quedan dudas por resolver sobre el álbum que Alejandra Bernardino vetó en su comunicado, del que no se ha dicho ni una palabra.
Por ahora, errores y omisiones ya costaron los puestos de dos funcionarios de UGénero tras las nuevas protestas de la prepa oficial. Ya entrados en gastos… ¿no será adecuado considerar medidas similares con Osvaldo Chávez y la abogada general?
Orquesta Sinfónica
Ver nota: UG sí ordenó vetar a autores rusos; oficio exhibe freno a disco de la OSUG
2.- Y la deuda… escaló a dos dígitos
Entre argumentos de recortes presupuestales y resistencias a adelgazar la parte alta de la nómina estatal, los empréstitos contratados durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya están cercanos a los 12 mil millones de pesos, en su cuarto año de gobierno.
Se trata de un nuevo máximo histórico, al menos, desde que el PAN llegó al gobierno estatal.
Aunque la estimación que les ofrecemos es conforme al boletín de deuda pública del mes de febrero, poca variación tendría en un mes; el saldo en ese corte era de 9 mil 970.83 millones de pesos de deuda directa, que ya de por sí superan los 9 mil 730 millones de pesos que suman el total de participaciones federales para los municipios de Guanajuato.
A la cifra anterior, sólo habría que restarle el saldo de marzo que deberá estar por notificarse, pero también sumarle los últimos 2 mil millones de pesos recién concursados y próximamente contratados a los bancos City Banamex y HSBC.
La verdad es que el crecimiento de la deuda ha sido meteórico a partir de 2019. Diego Sinhue recibió una administración con pasivos por 5 mil 287.9 millones de pesos que para 2019 descendió a 4 mil 319.2 millones. La inercia se remontó a los 5 mil 872 millones en 2020 y a partir de la pandemia se catapultó a los 10 mil 159.2 millones de pesos.
Ya con ejercicios de pago hasta febrero es como apenas se redujeron de los 10 mil millones que definitivamente volverán a crecer.
Lo que viene es conocer el costo beneficio de estos empréstitos, qué sectores se vieron beneficiados con estos recursos otorgados a fondo perdidos, cuántos otros se ofrecieron en créditos y programas de apoyo, así como aquellos otros fondos destinados a proyectos productivos.
De momento, en estos 2 mil millones de pesos se han puesto las esperanzas para terminar el tan llevado y traído Instituto de Formación Policial de Santa Rosa de Lima, así como la continuidad del gobierno ya cercano a su recta final.
Más créditos, no se pueden en este gobierno.
Orquesta Sinfónica
Ver nota: Deuda de Guanajuato ya ronda los 12 mil millones de pesos
3.- Salamanca: el desafío del coronel
De poco servirá el ostentoso currículum castrense del nuevo secretario de Seguridad Pública de Salamanca, Alejandro Flores Jiménez, si para cubrir las demandas de la cuarta ciudad más poblada del estado, dispone de apenas 120 policías que resultarían insuficientes para trazar altas expectativas.
Aunque su trayectoria suene rimbombante y sirva para validarlo como mando –es miembro del Estado Mayor Presidencial, participó en la ejecución de la Iniciativa Mérida como encargado de fortalecer la capacidad de la Fuerza Aérea Mexicana contra el narcotráfico-, Flores Jiménez debe saber que para ofrecer resultados, dependerá del apoyo que le otorguen la Guardia Nacional y las fuerzas estatales, pues con lo que hay en casa no le alcanzará.
Un primer diagnóstico arroja un panorama desolador.
Divididos en tres turnos, la fuerza operativa se reduce a 40 efectivos por jornada, de los cuales al menos una veintena están asignados a vigilar en puntos fijos, como la presidencia municipal, comandancias o plazas públicas.
Al resto le toca patrullar comunidades y caminos ejidales, zonas suburbanas y colonias conflictivas de una ciudad con 273 mil habitantes, sede de la refinería Ing. Antonio M. Amor y todas sus complejidades, sin considerar los que se incapacitan, toman vacaciones o faltan a trabajar.
Es valiente que el coronel asuma el desafío.
El escenario tan adverso que enfrenta el municipio, sin embargo, no es culpa del alcalde morenista César Prieto Gallardo, ni de su antecesora Beatriz Hernández Cruz. La crisis salmantina se remonta a la gestión del panista Antonio Arredondo Muñoz (2015-2018), quien tomó la decisión desintegrar a la Policía municipal, y hoy se enfrentan las consecuencias.
Orquesta Sinfónica
Ver nota: Presentan al coronel Alejandro Flores Jiménez, nuevo titular de Seguridad en Salamanca
Carlos García Villaseñor
Un “pacto de convivencia”. Fue la solución que ofreció Carlos García Villaseñor, alcalde morenista de Silao, a empleadas del Municipio que denunciaron acoso sexual y laboral.
Después de recibir insinuaciones, comentarios lascivos, ‘chistes’ misóginos y amenazas por parte de sus superiores, las trabajadoras tuvieron que comprometerse a “no maltratar, discriminar, perseguir, entorpecer, o generar inequidad laboral con sus compañeros”. Tras la firma del citado convenio, García Villaseñor les dijo que su forma de vestir propiciaba faltas de respeto.
Entre los nombres de los acusados figura el del encargado de despacho de Protección Civil, Marco Antonio Santoyo Ceja, medio hermano del secretario de Ayuntamiento, Rogelio Santoyo Guevara. Proteger a la familia es importante.
Varias de las denunciantes son el pilar de los suyos y no pueden darse el lujo de perder su trabajo. Tal como manifestó una de ellas, “no es justo que por tapar a los jefes, estén tratándonos como si fuéramos basura”. El 10 de junio de 2021, Carlos García firmaba un documento muy distinto al que firmaron sus trabajadoras: la constancia de mayoría de votos emitida por el IEEG. La senadora ‘Malú’ Mícher estuvo presente. Al preguntarle qué esperaba del alcalde electo no dudó en responder: “que trabaje mucho por los derechos de las mujeres, eso es lo importante, una vida libre de violencia para todas ellas”.
En aquel entonces, el propio García Villaseñor enumeró entre sus prioridades la atención a la mujer.
Altas eran las expectativas. Apenas en enero, el presidente municipal advertía a los funcionarios de su administración que se les había acabado la “luna de miel”, y que todo aquel que no cumpliera con lo esperado, se iría.
Sin embargo, un ‘convenio de convivencia’ es la medida más severa que pudo aplicar para erradicar conductas que vulneran los derechos de las trabajadoras del Ayuntamiento.
