Violencia contra la propia sangre
1.- Violencia contra la propia sangre
En lo que va del año, ocho personas han sido arrestadas por asesinar a un familiar. La Dirección General del Sistema Penitenciario y la Fiscalía General del Estado tienen registro de 115 internos procesados por homicidio en razón de parentesco.
Los últimos dos casos que se sumaron a la lista son escalofriantes. Salvador, de 51 años, apuñaló y golpeó a su hermana Aurelia hasta matarla. Ocurrió en La Cuadrilla, (San Miguel de Allende), a donde el hombre volvió luego de pasar una temporada tras las rejas. Salvador solía ser agresivo.
En Abasolo, Martín reaccionó de forma desproporcionada y brutal contra un regaño de su padre: lo asesinó asestándole 24 cuchilladas. Estaba bajo el influjo de las drogas, ocultó el cuerpo bajo la cama.
Conducta violenta y adicciones -factores determinantes en ambos casos-, son difíciles de ocultar. Siempre hay alertas que anuncian la tragedia.
Pareciera que al dictar una sentencia las autoridades cumplieron con su parte. Sin embargo, no podemos obviar la cadena de responsabilidades detrás de la prevención de las agresiones en el seno familiar.
Los DIF municipales y el DIF estatal que dirige Gerardo Trujillo Flores, las instancias para proteger a la mujer, la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, los centros de atención a las adicciones de la Secretaría de Salud, todos los días reciben denuncias o acogen casos que cargan consigo una historia, antecedentes que deben investigarse a profundidad.
¿Cuántas vidas hay en peligro entre expedientes archivados, o apilados sobre escritorios? ¿Cuántas acusaciones son minimizadas, ignoradas?
En julio de 2021 en San Diego de la Unión, Antonio le disparó a su hermano Genaro, por convencer a la familia de llevarlo a rehabilitación. Tenía tiempo amenazándolo hasta que cumplió. El desenlace estaba anunciado, nadie hizo nada por impedirlo.
En 2019, 13 personas fueron encarceladas por asesinar a un familiar. La cifra se redujo a nueve en 2020, se disparó a 21 el año pasado. Estos números nos hablan sólo de casos resueltos, en un estado seriamente lastimado por la impunidad y la inacción de la autoridad.
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2.- FGE: ‘omnipotencia’ a costa de las víctimas
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Carlos Zamarripa Aguirre parece ingobernable. Casos donde se ha evidenciado su negligencia, se han convertido también en foco de su despotismo para trabajar junto a instituciones homólogas o bien, ser investigado conforme al orden de los poderes del estado.
En un primer ejemplo, el caso de Jorge González Topete se ha convertido en una piedra en el zapato para la fiscalía. Laura Elena Díaz Infante González se ha enfrentado a la FGE en los tribunales, defendiendo su posición de víctima frente al posible asesinato de su marido que han querido pasar por suicidio.
Además de los amparos promovidos por la viuda y madre de familia, ésta realizó un movimiento inusitado al recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para denunciar las irregularidades en la investigación. El problema es que la FGE se niega a ser investigada.
Mediante las argucias legales que ya son bien conocidas, la averiguación previa ha sido negada al TJA, lo que generará una insólita lucha de una víctima en busca de justicia ya no sólo por la muerte de un familiar, también por las omisiones y excesos de la FGE.
El otro caso es el de Pablo Efraín Núñez Ramírez, joven empresario de San Francisco del Rincón que fue desaparecido en octubre de 2021. Su búsqueda ha sufrido el desinterés de la fiscalía, la cual no realizó las gestiones pertinentes con sus homólogos en Jalisco pese a los indicios del caso.
Muy a pesar de la resistencia de la FGE, esta semana se esperan los últimos detalles de una búsqueda regional impulsada por colectivos de Guanajuato y Jalisco, que finalmente deberá ser respaldada por corporaciones estatales y federales. Una búsqueda histórica.
De obtener resultados, el impacto de los hallazgos irremediablemente deberá tener su eco en Guanajuato, en su gobierno y la fiscalía.
No se pueden seguir obviando o normalizando las resistencias que la FGE de Zamarripa presenta en estos casos para ser investigada o trabajar de forma conjunta en temas interestatales. Consentirle la omnipotencia ya no es viable ni sensato.
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3.- Cambios que son alerta en ‘San Pancho’
Algo pasa con el gobierno municipal de San Francisco del Rincón que encabeza Antonio Marún González. Los cambios a granel no se dan de forma circunstancial cuando se tiene un programa de gobierno bien afianzado, por el contrario, frecuentemente son señal de inestabilidad y falta de liderazgo.
Como quiera que sea, a nueve meses de iniciado el trienio del panista, al menos seis titulares de dependencias y direcciones medulares han sido repuestos, no sin dejar dudas y sospechas de por medio.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología dejo de estar a cargo de Paola de la Luz Rodríguez, para ahora ser concedida a Alma Ariadna Martínez Rocha. En la Dirección de Comunicación Social se acaba de nombrar a Ana Fernanda Ortiz Gómez, a la salida de Adriana Rocha.
Otro cambio importante se operó en la Dirección de Reglamentos y Fiscalización, de donde fue relevado Sergio Serrano por Amado Rivera Argüelles. En tanto, Gloria Frausto dejó la Dirección de Jurídico y entró Roberto Casas Laguna.
Además, Rogelio Hernández y Jesús Zamora salieron de Administración de Panteones del Archivo Histórico, para dejar a Marcelo Salas Miguel y Moisés Pacheco Tavares respectivamente.
Al no haber concedido explicaciones ni perfiles con oportunidad, el tema ya fue abordado en sesión de Ayuntamiento, donde se aclararon los cambios y los perfiles elegidos.
Obviamente aspectos negativos no se habrían de admitir. Según el secretario del Ayuntamiento, Pascual Sánchez Muñoz, los motivos fueron desde mejores oportunidades laborales hasta problemas de salud.
Por una cosa o por otra, estos relevos a granel sin duda deben poner en alerta a una administración municipal que está por entregar su primer informe de gobierno, en el que buena parte de los pocos o nulos resultados habrán de remontarse en el corto plazo.
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CONTRA RETRATO
Enrique Díaz Díaz
Ha sido la voz más enérgica del clero en Guanajuato. Su experiencia con víctimas de la violencia e inseguridad dentro y fuera de su diócesis, le ha dado sin duda autoridad suficiente para opinar con certeza o simplemente desde la religiosidad de su cargo.
“Los abrazos ya no alcanzan a cubrir los balazos”, decían las mantas colocadas en las parroquias de su diócesis.
El Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, se ha diferenciado del resto de las autoridades eclesiásticas que rinden su ministerio desde Guanajuato. Ni su homólogo de la diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, o su superior jerárquico el Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, han sido más incisivos en la tragedia que atraviesa el estado.
Procedente de San Cristóbal de las Casas, llegó a Irapuato en mayo de 2017 en medio de denuncias contras curas acusados de abuso sexual. Desde entonces no hay tema que no aborde a responda ante la prensa, aún con alguna mínima referencia pero sin dejar de lado el lugar de las víctimas.
Fue de las primeras voces públicas en alertar sobre la frecuencia de la desaparición de personas en Irapuato y otros municipios desde 2018. Ahora es de los primeros en alertar los casos de desplazamiento forzado interno por la violencia. Su labor de escucha y orientación lo avalan.
Quizá no se puede reconocer en este clérigo un activista aguerrido o politizado, a la altura de guanajuatenses como Samuel Ruíz García o Raúl Vera López, pero sin duda hablamos de una de las pocas voces que desde la Iglesia Católica que se atreve a incidir en nuestra violenta realidad.
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JRP