Pide Prodheg disculpa pública por violar derechos laborales de juez administrativa
Nayeli García
Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez deberá emitir una disculpa pública a la juez administrativa, Sandra Baeza, al igual que el síndico Jaime Morales Viveros por la violación de su derecho al trabajo, trato digno y no discriminación. Fue en enero del 2020 cuando se aprobó en el pleno del Ayuntamiento la no ratificación de la servidora pública con más de 18 años de antigüedad.
Así lo resolvió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) el pasado 2 de septiembre en el expediente 40/20-B, en donde se advierten siete puntos violatorios a sus derechos. Sin embargo, sólo en uno le fue acreditada responsabilidad tanto al alcalde como al síndico y compete a las declaraciones que los dos funcionarios realizaron cuando la despidieron.
No se encontró responsabilidad a la queja por la denuncia interpuesta en contra del juez administrativo en la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Irapuato por: la reducción presupuestal de sus partidas, el bloqueo del equipo de cómputo, la renuncia de otra persona de la oficina, la realización de una auditoría por parte de la Contraloría Municipal de Irapuato y la no ratificación de su cargo.
“Algo político”
Durante la investigación, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez manifestó no haber hecho ningún tipo de declaraciones que atentaran contra la dignidad de la quejosa, ni actos de intimidación que tuvieran como objetivo que ella ejerciera sus derechos ante tribunales —tales como señalamiento de corrupción o enriquecimiento ilícito—.
“El Presidente Municipal reconoció haber expresado que la aquí Quejosa había laborado como XXXXX por más de XXXXX, hecho que era de conocimiento e interés público; sin embargo, negó haber formulado juicio de valor alguno respecto a su desempeño. Además, enfatizó que no se le podía acusar de ser responsable de comentarios de terceros en redes sociales. Indicó también que a la Quejosa se le quiso “dar una salida digna” y que las expresiones alusivas a que “ahora se verán en tribunales” no implicaron amenaza o intimidación, pues la propia Quejosa provocó la activación de instancias jurisdiccionales”, se lee en la resolución.
Además, argumentó que el asunto era algo político, ya que el esposo de Sandra Baeza es Carlos Origel Arracha, militante del PRI y —en ese entonces— presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato, quien una vez terminada la sesión de Ayuntamiento (en donde Karen Guerra y Gerardo Padilla regidores del PRI votaron en contra) en entrevista a los medios de comunicación llamó “ignorantes” a los integrantes del cabildo por no conocer la ley y votar a favor del punto.
Las recomendaciones
La Prodheg emitió tres recomendaciones en torno a este caso:
PRIMERO. Se ofrezca una disculpa pública por parte de José Ricardo Ortiz Gutiérrez y Jaime Antonio Morales Viveros, presidente Municipal y segundo Síndico del Ayuntamiento por la violación de su derecho al trabajo, trato digno y no discriminación; debiendo garantizar la no repetición de conductas que violenten los derechos humanos de la Quejosa, en los términos señalados en las consideraciones de esta resolución.
SEGUNDO. La autoridad a la que se dirige, se servirá informar a este organismo si acepta la presente Resolución de Recomendación en el término de 5 cinco días hábiles posteriores a su notificación; y en su caso, dentro de los 15 quince días naturales posteriores aporte las pruebas que acrediten su cumplimiento.
TERCERO. Esta Prodheg enviará oficio al presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el que remitirá las constancias y copia de la presente resolución, para que se proceda al ingreso de la víctima reconocida en la presente resolución al Registro Estatal de Víctimas, en los términos de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y su reglamento.
Fue el pasado 28 de enero del 2020, cuando el Municipio aprobó la no ratificación en su cargo de Sandra Baeza, luego que el Reglamento Orgánico Municipal fue modificado y sólo se permitía la permanencia del juez administrativo por tres años.
Sin embargo, el Juzgado Noveno de Distrito ratificó el 2 de julio de este año que el Ayuntamiento no tenía la facultad para no ratificar a Sandra, pues era atribución del Congreso del Estado.
El caso no quedó ahí, pues la Contraloría Municipal inició tres investigaciones en contra de Sandra Baeza por quejas ciudadanas en torno a su proceder al frente de los juzgados administrativos.
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