TJA ordena inhabilitación de 15 años a funcionaria de León por fraude millonario a Tesorería
La contralora Viridiana Margarita Moreno informó que derivado de esa investigación se dio la sentencia para la funcionaria de León
Carolina Esqueda
León.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó una inhabilitación de 15 años para una funcionaria de León. Esto por estar involucrada en el fraude por 8.7 millones de pesos a la Tesorería cometido durante la administración de Héctor López Santillana, por descuentos indebidos en cuentas de predial.
La contralora Viridiana Margarita Moreno informó que derivado de esa investigación, iniciada desde 2019 y que derivó en el expediente PRA/03/2021, el TJA decretó la inhabilitación para la funcionaria de León. Esto junto con la reparación del daño por 8 millones 335 mil 183 pesos, por haber abusado de sus funciones.
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“En este procedimiento es una persona, e hizo esa determinación el Tribunal de Justicia Administrativa. No podría decir el puesto en específico porque la resolución no queda firme y no podría proporcionar nombre ni el cargo que desempeñaba” dijo al respecto la titular de Contraloría.
El fraude a la tesorería
El fraude a la Tesorería municipal, ocurrido desde la dirección de Ingresos Inmobiliarios, fue dado a conocer de forma pública en abril de 2019 por el entonces contralor Leopoldo Soto Jiménez. Aseguró que, tras una auditoría de rutina, se detectaron descuentos indebidos en 1002 cuentas de predial, que provocaron la pérdida de 8.7 millones de pesos.
En la investigación se detectaron a dos funcionarios involucrados en el fraude. Una mujer que llevaba 10 años en el área de Ingresos Inmobiliarios y realizó alteraciones a 997 cuentas desde finales de 2017. Además, durante todo 2018 un hombre que llevaba 4 años y solo alcanzó a hacerlo en 5 cuentas.
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Ambos fueron despedidos en marzo de 2019, luego de que se detectaron las irregularidades.
En su momento se informó que ambos habían utilizado sus propias claves de acceso al sistema de emisión de cuentas de predial para hacer las alteraciones. Introdujeron números genéricos de supuestas sentencias judiciales para avalar los descuentos.
Moreno Márquez informó que hasta que no quede firme la sentencia del Tribunal, no se podrá ordenar la reparación de los 8.3 millones de pesos, mientras que del segundo involucrado no se tuvo notificación de que también haya sido sancionado.
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