Diputada del PVEM manifestó que el Poder Judicial debe garantizar el derecho de justicia de ciudadanos
Lourdes Vázquez
Guanajuato.- Luego de que la audiencia de cierre de juicio para dictar sentencia en contra de Juan de Dios “N” acusado del homicidio de cuatro adolescentes ocurrido hace un año en Cuerámaro se suspendió, la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero manifestó que el Poder Judicial debe hacer un doble esfuerzo para garantizarle a los ciudadanos su derecho a la justicia expedita y no como en ese caso.
Y es que el crimen de Juan Michel, Rosa Isela, Zicry Inahí y María Teresa que perdieron la vida tras ser atropelladas de forma intencional por Juan de Dios “N” de 16 años cumplió un año impune.
Al respecto, la secretaria de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, dijo que “es muy lamentable que no podamos garantizarle a los ciudadanos el que tengan su derecho a la justicia expedita, que estemos atrasando los procesos con independencia del motivo con el que se suspendió la audiencia final, entiendo que hay plazos dentro del derecho penal que es importante que en el Poder Judicial se haga un doble esfuerzo para poder garantizar precisamente una justicia expedita”.
La audiencia de cierre de juicio programada para el lunes pasado se pospuso probablemente hasta el mes que entra porque un perito enfermó de Covid y el abogado defensor se dijo indispuesto.
Vanessa Sánchez dijo que las víctimas o familiares de las víctimas necesitan que los procesos sean concluidos por dos cuestiones fundamentales: el primero saber que sí existió justicia y quizá cerrar ese capítulo doloroso y por otro lado que se lleve a cabo la reparación del daño.
Por ello insistió que el Poder Judicial debe redoblar sus esfuerzos encaminados a que los procesos no se alarguen tanto tiempo como en este caso.
Tras el asesinato de las jovencitas ocurrido el 24 de noviembre de 2019, Juan de Dios señalado como el responsable de los hechos estuvo prófugo y fue hasta el 14 de febrero de este año cuando fue aprehendido, pese al crimen, tras cumplir cinco meses recluido en el Centro de Readaptación Social para Adolescentes, un juez le concedió el beneficio de seguir con su arresto en su domicilio.
AC