¿Cuáles son los organismos que regulan la industria del juego en México?
La Dirección General de Juegos y Sorteos se encarga de supervisar la industria del juego, pero existe un vacío legal en lo relacionado a las apuestas en internet
La popularidad de la industria del juego ha crecido de forma abismal en México especialmente en el área online ante la modernización y digitalización de la sociedad. Se trata de un sector muy fuerte en el país que cuenta con una supervisión por parte del gobierno, aunque el marco legal no ha sido actualizado, algo que genera distintos inconvenientes.
Al hablar sobre los organismos que regulan la industria del juego en México se debe mencionar a la Dirección General de Juegos y Sorteos, una institución de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que revisa todo lo relacionado con la actividad de este sector a lo largo y ancho del país.
Cabe mencionar que este organismo entrega licencias para los casinos tradicionales y las plataformas online, por lo que se analiza la cantidad de juegos, las condiciones de bonos de bienvenida en casinos, así como también otras promociones ofrecidas por operadores.
Lamentablemente esta supervisión no se desarrolla en todas las plataformas disponibles en México por la ausencia de una normativa adaptada a los nuevos tiempos. Ante esa situación se consiguen casinos online con licencias nacionales y otros operadores con autorización de entes internacionales.
Marco legal de la industria del juego en México
La regulación de la industria de los casinos, las apuestas y los sorteos en México se basa tanto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 como en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 2004 que le otorgan la misión de vigilar este sector a la Dirección General de Juegos y Sorteos, un organismo bajo el ala de la SEGOB.
En estas normativas se explican las responsabilidades y obligaciones de los operadores para obtener las licencias, así como los requisitos técnicos que se debe cumplir. La intención es brindar la seguridad necesaria tanto a las empresas como a los jugadores para evitar cualquier tipo de inconvenientes.
Vale resaltar que regulación fue modificada en el mes de noviembre del año pasado con un decreto que prohíbe la instalación de nuevas máquinas tragamonedas, algo que viene siendo muy criticado por la industria.
Además, este marco legal no ha sido actualizado en relación a los casinos online, por lo que existen una gran cantidad de empresas sin licencia nacional. Se trata de un tema clave por el auge que vive los juegos de azar en línea ya que datos de Statista indican que la penetración de usuarios es del 17.3% en México, mientras que un estudio de Comscore señala que hay más de 8 millones de apostadores en el país.
Reclaman la actualización de la ley
Esta ausencia de una ley actualizada genera una problemática de sitios web de apuestas ilegales. Según datos de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) una cifra superior al 60% de las plataformas no cuentan con autorización nacional.
Para este organismo es urgente que se discuta una nueva ley porque en este momento hay 80 operadores actualizados pero se desconoce cuantas páginas de apuestas ilegales se encuentran disponibles en México.
“El tema es ir contra ese mercado ilegal que compite contra el legal en el país. Se calcula que 40 por ciento de las (empresas de) apuestas en línea son legales y el restante 60 por ciento un mercado gris”, indicó Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA en declaraciones a medios.
Ochoa también resaltó que nada más el mercado de apuestas en línea de México representa más de 300 millones de dólares, pero el valor de los sitios sin autorización puede superar los 450 millones.
Ante esta realidad es necesario que al momento de apostar en el celular o la computadora cualquier mexicano revise muy bien la plataforma para evitar caer en estafas o fraudes que son muy comunes en internet.
En medio de la digitalización que vive la sociedad se espera que el nuevo gobierno mexicano apunte a una actualización de la normativa para regular de forma correcta este sector al igual que sucede en otros países de la región como Colombia, Perú o Argentina.