América Latina: el imparable ciclo de desigualdad y volatilidad

Cuando a los centenares de miles de latinoamericanos y caribeños que engrosan las corrientes de migrantes irregulares a México y Estados Unidos se les pregunta las causas para insertarse en una peligrosa travesía aérea, terrestre y marítima coinciden en que huyen de sus países por la pobreza, la inseguridad callejera, la violencia criminal, la fragilidad institucional y la represión política.

El abanico de respuestas, que en 2021 fue similar al de años previos, volvió a exhibir la permanente volatilidad política y socioeconómica de América Latina y el Caribe, en un proceso paralelo a la urgente necesidad de reactivar el aparato productivo ante el impacto regional del coronavirus desde finales de febrero de 2020 y sin que cesara la corrupción.

El desempleo, uno de los principales detonantes de la migración irregular, creció en 2021. Un informe del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revelado en noviembre anterior, mostró que el empleo formal en América Latina y el Caribe cayó 5,3% por efecto de la enfermedad.

“La pandemia evidenció las desigualdades preexistentes en la región”, dijo el economista mexicano Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para la región. “Los grupos más vulnerables y más pobres (de América Latina y el Caribe) se han visto afectados desproporcionadamente”, destacó.

De Colombia a El Salvador, de Nicaragua a Venezuela y Cuba o de Honduras, Guatemala y Chile a Costa Rica, Brasil y Ecuador o Argentina, y sin importar si son de izquierda, centro o derecha, los gobiernos apenas sortearon las agudas crisis internas de descontento social que se agravaron con el Covid-19 y atizaron las protestas.

Un paro nacional estremeció a Colombia a partir de finales de abril anterior en contra inicialmente de un plan gubernamental tributario y prolongó un choque de múltiples sectores sociales con el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, en un complicado contexto económico.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afianzó este año su imagen de autoritario luego de que, en los comicios legislativos de febrero anterior, su partido —Nuevas Ideas— ganó 56 de los 84 escaños de la Asamblea Nacional y, con fuerzas afines, llegó a 64.

Asido al timón parlamentario para controlarlo a su antojo y al dominio del Ejecutivo, así como de las fuerzas armadas y policiales, Bukele extendió su mando a los poderes Judicial y Electoral y ahondó un sensible distanciamiento con Estados Unidos.

Bukele consiguió “lo que ningún mandatario [salvadoreño] ha logrado los últimos 50 años: llevar al país de un aliado confiable a una situación que raya con la rivalidad geopolítica” con Washington, advirtió el salvadoreño Ricardo Valencia, profesor asociado de Comunicaciones en la Universidad Estatal de California en Fullerton. “No es solo que Washington esté en desacuerdo con la gestión de (…) Bukele, sino que lo considera un potencial adversario en la región”, escribió Valencia en el periódico digital salvadoreño El Faro.

Los escándalos de corrupción golpearon a las presidencias de Brasil, El Salvador, Guatemala y Costa Rica y las protestas callejeras respondidas con violenta represión oficialista se recrudecieron en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En medio de la redacción de una nueva Carta Magna que debería quedar lista el próximo año y cuyo proceso surgió de los disturbios que estallaron en octubre de 2019, Chile eligió este mes al izquierdista Gabriel Boric como presidente en una contienda polarizada con la extrema derecha. Boric asumirá su cuatrienio en marzo de 2022, en una creciente expectativa internacional.

En Argentina, con su constante conflicto con organismos financieros internacionales y un creciente enojo social, la coalición del presidente Alberto Fernández con su vicepresidenta, la expresidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner, se debilitó con las elecciones primarias de septiembre y se consolidó en las legislativas de noviembre.

Perú y Brasil también mostraron fuertes conflictos políticos. Instalado el 28 de julio de 2021 en la presidencia de Perú, el campesino, profesor y sindicalista peruano Pedro Castillo superó el 7 de este mes un proceso legislativo para destituirlo por el controversial rumbo de su gestión.

El presidente de Brasil y militar ultraderechista en retiro, Jair Bolsonaro, iniciará el 1 de enero el último de los cuatro años de su mandato y cerró 2021 sometido al incesante ataque de fuerzas opositoras que lo acusan de manejo irresponsable de la pandemia, mientras avanzan las causas judiciales sobre su familia por presunta corrupción. Bolsonaro rechaza o minimiza los ataques y defiende su trabajo.

Aunque el presidente brasileño “está “debilitado”, tampoco “está solo” y, a pesar de Bolsonaro, la democracia brasileña “está viva”, indicó a este diario la politóloga, comunicóloga y académica brasileña Deysi Cioccari.

Honduras, que en noviembre pasado eligió presidenta a la izquierdista Xiomara Castro para que asuma en enero de 2022, y Guatemala siguieron insertados en oleadas de destapes de corrupción y, como naciones fuentes de la masiva movilidad humana irregular a EU y México, hundidos en los fenómenos de pobreza, inseguridad callejera, violencia criminal y fragilidad institucional que estimulan la migración regional.