ASEG: el ‘primer pasillo’ de Jorge Espadas
1.- ASEG: el ‘primer pasillo’ de Jorge Espadas
Si hay un tema en el que Jorge Espadas Galván se estrenaría como coordinador de la bancada del PAN, pero sobre todo como el enclave político -fiel a su perfil oficialista- de la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, ese es la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
En este espacio le hemos descrito el irremediable lazo que compromete a Libia con el grupo de Juan Carlos Alcántara y Aldo Márquez Becerra, al ser sus principales promotores y gestores del patrocinio de su campaña y por lo tanto de su gubernatura, pero también de sus intenciones de frenar el ‘exceso de poder’ que pudieran acuñar al frente del partido y en la mayoría de la bancada del Congreso Local.
Es en esa encrucijada que la figura de Espadas Galván fue medular para alcanzar una vía intermedia para elegir a un auditor general que, en todo caso, fuera afín tanto al gobierno saliente como al entrante, pero que no sirviera a un sólo grupo. Es en ese contexto que ayer se autorizó la terna por parte de la Junta de Gobierno que no podría estar más conflictuada.
Dos características principales meten en camisa de once varas a los tres aspirantes, pues de entrada ninguno tiene experiencia en fiscalización de recursos públicos y los tres provienen de la misma estructura del Poder Legislativo y por ello, lo legal y lo legítimo sería que se abstengan de votar tanto el PAN como el resto de los partidos que en su momento apoyaron su contratación.
José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, quien es actual jefe de asesores del PAN, Belén del Rocío Espinoza Aguirre quien es directora de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, estarían causando conflicto por su adscripción eminentemente afín a una de las fuerzas políticas. Uno por ser su empleado y la segunda por ser promovida y designada por la misma causa.
El que parece ser el 'caballo negro' es Juan Víctor Fonseca López, quien funge como coordinador de proyectos con un nivel 12 directamente adscrito al despacho del titular de la ASEG. En su caso, se trata de una conocida amistad de Espadas Galván, por lo que ya se especula en los pasillos de la dependencia que él es, en este caso, el “tapado”.
Aquí es donde empiezan las tenebras. ¿Habrá sido Espadas un estratega suficientemente solvente como para preparar el terreno para que llegara su amigo? No es nada descabellado pensar que quien se perfila como líder de la bancada blanquiazul, que conoce los protocolos, reglamentos y de más recovecos del Poder Legislativo, tenga la pericia necesaria para impulsar esta terna con dedicatoria.
Aunque la verdad es que el argumento que dio el presidente de la Junta de Gobierno, el panista Luis Ernesto Ayala Torres, para validar los currículums de la terna -a pesar de que había otros perfiles mucho más enfocados a la labor de auditar- no tiene desperdicio: “el hecho de que al haber sido auditados en algún momento, se tiene cierta función en el tema de fiscalización”.
2.- TEEG: otros privilegiados al filo de la ley
Si hay un ejemplo de los excesos extralegales para magistrados del Poder Judicial, además otorgados a quienes fueron designados de forma directa sin carrera judicial, ese es el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG).
En concreto citaremos un caso del pasado reciente. En concreto los casos de los magistrados ahora ya fuera de este organismo, Héctor Rene García Ruiz -actual asesor nivel 14 en el Poder Judicial- y Gerardo Rafael Arzola Silva, quienes adicional al haber de retiro se llevaron doce días por año como prima de antigüedad, que no les correspondía pero que les fue consentida.
Como le hemos comentado, los magistrados tienen un derecho que se llama Haber de Retiro que es sólo para magistrados. Hasta ahí, se trata de un privilegio legal al que ninguna otra figura puede tener acceso, sin embargo, no son considerados trabajadores al no tener un jefe, ser independientes y autónomos.
Los trabajadores que sí tienen un empleo, un jefe, un superior... cuando terminan su relación laboral, se les indemniza con tres meses, más doce días por año; pues el haber de retiro es de tres meses más un mes. La Ley Orgánica del Poder Judicial sí concede 12 días por año, pero para los que son de carrera judicial, pues necesariamente pasaron por trabajar como actuarios, secretarios.
Esta distorsión se advirtió en el informe de la entonces contralora del TEEG, Tatiana Guerrero Santana, correspondiente al cuatro trimestre de 2019, quien descartó a los magistrados como trabajadores citando ni más ni menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero fue en vano. Pudo más el argumento de defensa de Arzola Silva, sobre la “inamovilidad” que les da su autonomía.
3.- La persistente violencia política en la Laja Bajío
No hace falta ser un experto en seguridad para entender que los alcaldes de la región Laja Bajío padecen de un asedio criminal persistente, que se ha enfocado en sus familiares y allegados en sus equipos de campaña. Lo que hay detrás de ello, sí que es materia de análisis entre expertos, al ser un riesgo inminente que amenaza directamente el estado de derecho.
El último atentado en contra de Isaac Ortega Nieto quien se enfilaba a tomar la secretaría del ayuntamiento de Comonfort con el alcalde electo, Gilberto Zárate, es apenas la continuación de una dinámica de violencia política que ha privado la región desde la etapa de campañas, sólo que ahora ya hay una connotación preocupante al tratarse de los próximos gobernantes.
La lista es concreta. Yozajambi Molina de Pénjamo, Saúl Trejo de Tarimoro, Israel Mosqueda de Valle de Santiago, Mauricio Estefanía de Cortazar y ahora con Gilberto Zárate de Comonfort, se encuentra ya bajo la amenaza del crimen organizado, urgido de renovar sus enlaces con los presidentes municipales para afianzar sus territorios.
Igualmente desde las campañas, más de una treintena de alcaldes electos solicitaron el resguardo de la Guardia Nacional. Lo que se ha desplegado con ellos, sobre todo con los electos que están por tomar el poder en sus respectivas localidades, son protocolos de seguridad pero exclusivamente sobre ellos, no con ellos y sus equipos o familiares cercanos.
Además, no sólo se trata de protegerlos de la violencia criminal, sino también aislarlos de la posibilidad de que se vean orillados a negociar directamente con los grupos delictivos. Un riesgo de la misma o mayor dimensión pues, usted lo sabe, la experiencia indica que se trata de una circunstancia que frecuentemente tiene un desenlace trágico.
Contra Retrato
Norma Lucía Piña Hernández
Definitivamente ella no se equivoca al acusar que la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador no atiende el tema de fondo que es la justicia, pues su principal foco es la política burocrática y administrativa donde se asientan los súper salarios y súper prestaciones de retiro otorgados a jueces y magistrados
Por lo anterior, se esperaría que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, priorice las medidas que directamente afecten a la participación de justicia y no a la repartición de privilegios, en la consulta para que el pleno determine si puede frenar o no el proceso de reforma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
A saber, que el máximo tribunal puede reinterpretar la Constitución para ejercer su facultad de atracción sobre el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y declararlo inconstitucional, antes de que concluya el proceso legislativo. La ministra Piña dio inicio a dos consultas para ver si el trámite que le es requerido por los juzgadores es viable; no está claro si ella puede intervenir.
Ahora bien, este recurso contra la Reforma Judicial de AMLO se topará de frente con la ministra Lenia Batres, quien abiertamente se ha pronunciado a favor de la reforma judicial y en contra de las acciones de protesta adoptadas por integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) contra la propuesta presidencial.
Visto de esta manera, defender lo defendible y admitir las correcciones a lo indefendible, parece tarea fácil frente a la controversia que se dará en el pleno de la SCJN, para determinar si puede o no suspender provisionalmente un proceso legislativo en curso.