Atarjea: transparencia a cuenta gotas…
Todavía a finales de los noventa el municipio de Atarjea tenía zonas a las que no se accedía por carretera, tampoco existía el tramo asfaltado que hoy los comunica hacia Santa Catarina y de ahí con el resto de la entidad. Por entonces, para acercarse al Bajío era más práctico que rodearan por las vías del estado de Querétaro.
Esa circunstancia ha cambiado, como igualmente se fueron aquellos tiempos cuando alguna caseta telefónica, como las que había en las localidades de Mangas Cuatas o en Carricillo, eran la única manera de comunicarse al exterior. Ahí era común encontrar hijos, mujeres y papás ilusionados a la espera de escuchar la voz de algún migrante, cuando giraba el disco de la marcación o timbraba el aparato los rostros se iluminaban expectantes. También era una época en la que el radio, así fuera de baterías, no faltaba en las casas y por ese conducto los habitantes se sintonizaban con las emociones de otras latitudes. Solo a pie o en bestia se podía llegar a bellos parajes como el de Cerro Prieto, tierra de notables curanderas y donde había quienes sabían leer las señales del tiempo.
Aunque por su geografía y lo disperso de las poblaciones siguen existiendo accesos accidentados -como igual sucede en otros municipios del rumbo- lo cierto es que aquel mundo quedó atrás, la globalización y la era digital también ya los alcanzó, sólo que dentro de los círculos políticos de ese municipio hay quienes han desarrollado habilidad para administrar el discurso de la marginación y el aislamiento cuando así conviene a sus intereses.
Y en particular, tratándose de la transparencia del gobierno local, la lejanía o lo sinuoso de las montañas son pretextos bastante vendibles porque todavía hay quienes sin conocer las entrañas de la región les compran esas coartadas.
También es real que los proveedores de servicios de internet en el noreste siguen sin alcanzar la calidad y eficiencia que merecemos los consumidores, y eso aplica tanto a Telmex como otros concesionarios particulares, pero suele haber un rango mínimo de funcionalidad, por lo que tampoco eso justifica que administraciones como la que encabeza María Elena Ramos Loyola, reiteradamente le den vuelta a sus obligaciones legales respecto a la información pública que deben transparentar con oportunidad y eficiencia.
Un ejemplo de opacidad…
En los primeros cinco meses de la actual administración de Atarjea, el autor de esta columna dirigió más de una decena de solicitudes de información a esa alcaldía, todas sobre temas sencillos y muy asequibles para cualquier gobierno mínimamente organizado, pero además como la alcaldesa Ramos Loyola repite en el cargo y con ella su equipo, se entendería que al haber sido una transición entre los mismos no se generó inestabilidad o caos administrativo y sin mayor dificultad tendrían disponibles los datos requeridos. Por su parte, la encargada de la Unidad de Transparencia, Fabiola Martínez Rivas, de profesión abogada, tampoco puede argumentar desconocimiento de la materia, pues ha desempeñado esa y otras funciones públicas en el vecino municipio de Peñamiller, Querétaro.
La cuestión es que ninguna de las solicitudes fue respondida en los plazos legalmente establecidos, algunas se atendieron de forma extemporánea, pero a la mayoría sólo dieron respuesta después de que al interponer Recursos de Revisión fueron forzados por resoluciones del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, organismo que incluso en determinados temas le señaló a las autoridades de Atarjea que esa información negada “debe encontrarse publicada de manera proactiva como obligación de transparencia del sujeto obligado..”.
La gravedad de esa negligencia no es sólo porque se violenta el derecho ciudadano a la información pública, sino además por todos los recursos institucionales que distrae. Denota mucha irresponsabilidad que una alcaldía no tenga disponibles cosas tan básicas como los curriculum vitae de los funcionarios, las actas de Ayuntamiento, o la lista de las comisiones de los ediles. Raya en la insensatez que no puedan entregar a un solicitante esos datos tan elementales en los cinco u ocho días hábiles que marca el procedimiento, o igualmente, es muy rupestre que si los tienen los escatimen.
Parece ser que a los funcionarios en Atarjea no les importa que esas omisiones al ser impugnadas pongan a girar en otras instancias recursos humanos y materiales pagados por los contribuyentes, los cuales podrían usarse en cosas más trascendentes. Esa mezquina actitud es propia de servidores públicos instalados en la cómoda posición de que las herramientas que utilizan no merman su bolsillo.
Si está en plan de que su administración sea más eficiente y decorosa, se esperaría que la alcaldesa María Elena Ramos ya esté tomando algunas medidas, luego que en los primeros meses de su segundo mandato, el IACIP ya en varias ocasiones instó “a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, así como a los diversos servidores públicos responsables e involucrados en la atención, trámite y sustanciación de la solicitud (…) para que, en subsecuentes y análogas ocasiones, actúen con estricto apego a los términos y plazos previstos en la Ley de la materia..:”