Búsqueda de técnicas para resolver un entresijo
Ante el “crecimiento” del crimen organizado por conquistar territorios que conlleva el alza de la distribución y venta de los estupefacientes, con incorporación de más mujeres en los conflictos; en los municipios hacen esfuerzos por el mejoramiento de los cuerpos policiacos, pero no encuentran salida, pues técnicos y especialistas, los secretarios de seguridad que se han reproducido para que cobren bien, empezando por el estatal Alvar Cabeza de Vaca, se ha dedicado sólo a la firma de convenios frente a las cámaras y micrófonos.
“Estoy de acuerdo, pero requiere de una serie de medidas, no sólo es llevarse el arma 24 horas, sino establecer en caso de que lo autorice el Ejército Mexicano, los protocolos de resguardo de arma de fuego cuando no se está en servicio”.
Se pronunció Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, respecto de que los policías porten la pistola de cargo durante sus días de descanso.
Procurar seguridad pública a los guanajuatenses se ha convertido en un verdadero enigma, a pesar del incremento del personal en las corporaciones, estatales y municipales, que aprueban el “examen de control y confianza”, el uso de nuevas tecnologías y el mejoramiento de los materiales y equipos. El vínculo esperado entre los gobiernos, los tres niveles a fin de encarar el grave problema, todavía es una acción compleja de Estado ante la carencia de cohesión de la República.
Ante las ausencias y carencias de proyectos sólidos para realizar los análisis más avanzados sobre las fuerzas paramilitares en cada uno de los municipios y la estatal de Alvar Cabeza de Vaca, este viernes pasado se instaló la Convención Legislativa de Seguridad Pública en el Congreso de Guanajuato. Con lo cual se pretende que el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los 46 Ayuntamientos de la entidad puedan “crear políticas públicas que permitan que las leyes del estado sean las más adecuadas para garantizar la paz”.
Esta Convención, de acuerdo con la presidencia de Seguridad Pública y Comunicación que preside el diputado local del PAN, Martín López Camacho, se enfocará a elaborar propuestas para “reformar las leyes en la materia, cimentadas en análisis y estudios de las causas de la violencia en cada zona de la entidad, y será un vínculo entre municipios, estado y Congreso estatal” con instituciones nacionales, e internacionales, dedicadas a los menesteres.
Sobre la antigualla es menester revisar las inversiones en la materia, los presupuestos e informes de gobiernos; sin embargo, la realidad se le opone porque los resultados esperados no aparecen y la necia inseguridad persiste. En los últimos tres años, la entidad se ha erigido en zona de “alto riesgo” nacional debido a los índices de consumación de delitos, en particular de homicidios dolosos. Notándose ahora más feminicidios, los ataques a los policías de las diversas corporaciones y las personas desaparecidas.
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Ante el “crecimiento” del crimen organizado por conquistar territorios que conlleva el alza de la distribución y venta de los estupefacientes, con incorporación de más mujeres en los conflictos; en los municipios hacen esfuerzos por el mejoramiento de los cuerpos policiacos, pero no encuentran salida, pues técnicos y especialistas, los secretarios de seguridad que se han reproducido para que cobren bien, empezando por el estatal Alvar Cabeza de Vaca, se ha dedicado sólo a la firma de convenios frente a las cámaras y micrófonos.
Prueba de lo anterior: a la “propuesta” del titular de Seguridad Pública del municipio de Irapuato, Miguel Ángel Simental, de que el personal durante su descanso “porte su arma de cargo”, Cabeza de Vaca, lo vio como una posibilidad para que se defiendan. Muchas ocurrencias de estas se refrescaron y adoptaron, se creyó que un costosísimo proyecto Escudo impediría el acceso de criminales de estados vecinos a Guanajuato, necedad que constató Miguel Márquez; no la solventó pero sus hombres los heredó a DSRV, y siguen en sus puestos.
La portación de armas a los policías francos, no es una medida simple; en primer lugar: son armas de cargo, no suyas. En el Ejército Mexicano, quienes portan armas estando francos son oficiales, jefes y generales – las armas son de propiedad- pero el personal de tropa no, los sargentos (primero y segundo) y cabos. Segundo, el total de elementos armados multiplicarían los riesgos y enfrentamientos. Y por último, no se tiene un estudio que garantice que los armados, en su turno de descanso, pongan fin los asesinatos de policías.
La respuesta al supuesto de Simental que ha transitado por la oficina del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, consiste en centrar los esfuerzos en la Seguridad Pública. La tentación por lo seguridad personalizada, anida al interior de los jefes policiacos, gusta a los políticos que son sus jefes, desde el presidente de la República hasta los integrantes de los cabildos pasando por los gobernadores; les encanta el guarurismo y desprecian lo público. Máxime si tienen oportunidad de trasladarse en vehículos blindados.
Un ejercicio: si la República tiene 2 mil 457 municipios y 32 estados, habría en las calles gente armada de más de 3 mil corporaciones que estén francos; a ellos hay que sumar personal de las Fuerzas armadas y guaruras, sin olvidar a quienes estén de servicio. Es posible que Simental y Cabeza de Vaca, ya hayan hecho la contabilidad estatal, a partir de ello calculado, los niveles de riesgos como las respuestas. Un detalle, los delincuentes traen fusiles de alto poder y automáticos.
Optar por los policías armados en sus ratos libres es como darse por vencidos de cubrir con lo que mandata la norma, suministrar seguridad pública a los guanajuatenses, lo que es legal y sagrado pues es por lo que contribuye –paga- la ciudadanía. Esa tendencia de la seguridad personalizada, debe terminar de forma paulatina en el sector público; o sea, que no se pague del erario público, pues se distrae al personal de sus misiones.
Dos cuestiones que los legisladores estales deberán atender y poner mucha atención, lo primero, evitar la dispersión debido a que cada uno de 46 municipios tiene su modelo de estructuración; se debe desde la ley recrear una especie de modelo con base a estudios de la realidad guanajuatense, más allá de modelos externos para armar en el territorio local, vicio arraigado que menosprecia el análisis y la investigación.
Lo otra cuestión, significativa, es que los encargados de la seguridad pública se la viven buscando la manera de hacer la interpretación de la inseguridad, utilizando los datos a su favor, sin embargo, se olvidan de realizar los ajustes necesarios de su estructura como de reforzar el personal. No aplican la ruta crítica para enfrentar y abatir con la inseguridad e impunidad, reinantes.
Se ha recreado con las autoridades la cultura del uso de la información para favorecerse y no para mejorar el suministro de seguridad pública. En ese sentido fomentan la lucha entre Federación y las entidades por los resultados de la actuación de sus fuerzas de seguridad en contra de la delincuencia. Los efectos llaman mucho la atención: la lucha que debiera ser de aliados se vuelve pleito de números entre federales y estatales. Las partes no han concebido que son los responsables.