Caso Milagros: los delitos evadidos

1.- Caso Milagros: los delitos evadidos

Con la reciente detención de su agresor, buena parte de la controversia alrededor del caso de Milagros Montserrat, se vierte sobre el tipo de delito del que fue víctima. Un posible intento de asalto y la saña con la que fue lesionada, han sido espacio de oportunidad para que las entidades gubernamentales intenten manipular la percepción pública.

El primer rasgo ineludible fue el cometido por la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Mario Bravo Arrona, cuyo equipo de comunicación tildó el delito como producto de “rencillas personales” sin tener un sólo avance del caso.

Entramos entonces en lo que sería el asalto a transeúnte con violencia. Resulta que esa variante delictiva se ha recrudecido a nivel estatal desde el 2021. Ese año se registraron 122 denuncias, luego se disparó a 214 en 2022 y en el primer semestre de este 2023 ya suman 111.

Curiosamente en León, las denuncias de robo a transeúnte con violencia van al contrario, pues en 2020 se dio cuenta de 35, en 2021 de 30 y en 2022 de 17.

En los primeros seis meses de 2023 apenas se han agregado seis casos, pero entonces es de llamar la atención la cantidad de reportes que han llegado a la policía: 800 llamados al 911 en seis meses, que hacen pensar en este empecinamiento para descartar esta variante en el caso de Milagros.

Por otro lado, se ha demandado que el caso sea iniciado como un posible feminicidio, para encartar o descartar de origen la posibilidad de los componentes de género. El problema es que también hay un empecinamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Carlos Zamarripa Aguirre, para no encarpetar ese delito.

Basta con recordar que Guanajuato es primer lugar en homicidios dolosos de mujeres con 204 víctimas, contra apenas siete casos de feminicidio en lo que va del año. Peor aún, extrañamente el estado lidera a nivel nacional los homicidios culposos (accidentales) de mujeres con la friolera de 323 víctimas.

Se trata de una dinámica excepcional y extraña, por la que precisamente se ha acusado a la FGE de manipular estas cifras, al grado de motivar un capitulo específico en el reciente documento de recomendaciones con motivo de la solicitud de Alerta de Género para Guanajuato.

Estos delitos no están peleados el uno con el otro. Puede ser un asalto violento con componente de género sin duda alguna, pues desde la última reforma al delito de feminicidio se retiró la condicionante para que el agresor tuviera una relación personal de algún tipo con la víctima.

Así que, como en muchos otros temas de la vida pública, se requiere de una verdadera voluntad política para investigar, encarpetar y tipificar correctamente el o los delitos que resulten en este y tantos casos que se quedan en la sombre. Desde ahí empieza el combate a la impunidad.

2.- UG: exabruptos inoportunos

Pudo ser una sucesión en la rectoría general de la Universidad de Guanajuato (UG) que, pese a las críticas, denuncias y reproches de la naciente alianza de rectores de campus, se pudo haber zanjado a favor de los intereses de Luis Felipe Guerrero Agripino, pero con sus actos él mismo provocó que no fuera así.

El allanamiento cometido a esta casa editorial el pasado 8 de junio, acreditado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) como una agresión a la libertad de expresión -cuya resolución fue aceptada por la propia UG-, derivó en una demanda que ahora atraviesa de lado a lado el proceso sucesorio.

Hay estampas de lo anterior, pero también detalles con una relevancia mayor.

Una primera estampa es la inesperada notificación y citación del juzgado, para aquellos funcionarios que acompañaron en el allanamiento al rector. Como se la habían pasado evadiendo el citatorio, fueron encontrados ni más ni menos que en el el último foro de candidatos a la rectoría el pasado jueves.

Pero el detalle de relevancia mayor, es que la mismísima presidenta sustituta de la Comisión Especial del Proceso de Sucesión y actual secretaria general de la UG,

Graciela Ruiz Aguilar, se encuentra indiciada y citada como parte de ese contingente de allanadores.

Por lo anterior, el proceso judicial se atraviesa con el sucesorio en la UG, provocando una atípica situación que vuelven controvertible el seguimiento del proceso.

Es quizá por esta circunstancia de apremio, que el rector Luis Felipe Guerrero Agripino recurrió a la increíble decisión de presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad a esta casa editorial y a su directora. Un verdadero conjunto de alegatos sin sustento que, al parecer, busca complicar el proceso ya iniciado ante el Poder Judicial.

Al final, se trata de hechos públicamente conocidos y evidenciados que al final, sólo se pueden resolver ante las instancias correspondientes, a la luz de la verdad y de la ley. Si este asunto interrumpe o impacta en el proceso de sucesión de la rectoría, es cosa que ya recae en la responsabilidad de quien o quienes cometieron el verdadero delito.

3.-  Municipios y narcoshows: cuestión de congruencia

Es un hecho que los llamados narcoshows han ganado terreno en el rubro de los espectáculos musicales. Gusten o no, se han convertido en una expresión y por tanto reflejo de la violencia, crimen y drogadicción presentes en la realidad cotidiana de México.

Ahora bien, como espectáculo tienen también un carácter opcional. No es ineludible abrirles espacio en ferias y festejos patronales, ni regularlos cuando se tratan de un evento de realización privada. De hecho, ambas situaciones son en buena medida parte de la congruencia y obligatoriedad que cargan los gobiernos municipales y estatales.

La presencia de estos artistas que cuentan historias donde las armas de fuego y las sustancias ilícitas tiene un lugar protagónico, se ha convertido en un contrasentido en Guanajuato, estado que promueve la puesta en marcha del programa Planet Youth de prevención de las adicciones justo cuando lidia con una crisis prolongada de violencia.

Que gobiernos municipales sigan incluyendo es te tipo de conceptos en sus programas feriales se ha convertido en un despropósito.

Ahora bien, si de realizaciones privadas se trata, como el caso de Natanael Cano en Irapuato o Peso Pluma en León, toca a las administraciones municipales exigir lo que en regla corresponde. Sede adecuada, medidas de protección y seguridad, contratación de policías y ambulancias, licencias o permisos… ni más ni menos que lo reglamentado.

En tiempos en los que jefes militares como Enrique García Jaramillo, presiona a los municipios con los límites de horario nocturno y la prohibición de competencias clandestinas, estos gobierno no pueden más que demostrar su congruencia y eficiencia en el seguimiento de estos espectáculos. Por ahí precisamente, inicia la seguridad.

CONTRA RETRATO

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Suma escasos tres meses al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), pero le ha tocado en suerte dar cara a los últimos resultados sobre la medición de la pobreza. Algo quizá no complejo al tratarse de números positivos, pero como dijo John F. Kennedy, el éxito tiene muchos padres pero el fracaso es huérfano.

Libia Denisse García Muñoz Ledo se enfila quizá a lo que será el primer gran debate frente a la llamada Cuarta Transformación, la cual se abroga los avances en combate a la pobreza en México debido al enfoque de sus programas sociales aplicados de forma directa de desde la federación.

Recordará que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se centralizaron todos los recursos que, anteriormente, se aplicaban a través de las secretarías y direcciones de desarrollo social. Esta medida fue justificada por los recursos que de ahí terminaban en los intermediarios.

Pues con ese antecedente el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tuvo que buscar recursos para aplicar en esos y otros rubros que el gobierno federal decidió no cubrir. La deuda pública fue la opción más cercana para darles prontitud y solo en este 2023 se dispuso de casi 2 mil millones de pesos para programas estatales.

Ese fue el contexto con el que ahora se informó que entre 2020 y 2022 la pobreza disminuyó casi 10 puntos porcentuales, pasando de 42.7 por ciento a 33 por ciento que ya es un porcentaje debajo de la media nacional.

Estos resultados fueron festejados ayer por la titular de Sedeshu y aspirante a la gubernatura por el PAN, quien endureció su discurso al aseverar que Guanajuato no se sigue una política asistencialista como la que se sigue a nivel federal. Así que más pronto que tarde, espere usted su primer debate público con algún o algunos actores de Morena.