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Comisión de Venecia

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Santiago López Acosta - Tiempo Político

Comisión de Venecia

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, establecida en 1990, es un órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, electoral, política, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y temas que tengan alguna relación e impacto en las democracias de los 61 Estados miembros, que son los 46 integrantes del Consejo de Europa y otros 15 países más(Argelia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Israel, Kazajstán, República de Corea, Kosovo, Kirguistán, Marruecos, Estados Unidos, Perú,  Túnez y México), conocida como Comisión de Venecia, por celebrar sus sesiones plenarias en esa ciudad italiana.

Como integrante de ese órgano, el pasado 28 de junio a Instancia del consejero presidente del INE, México solicitó una opinión sobre las iniciativas de reforma en materia político electoral que se han promovido ante el Congreso los últimos meses, cuya discusión ha iniciado en la Cámara de Diputados.

Entre el 21 y el 23 de septiembre, integrantes del grupo de trabajo integrado por especialistas visitaron nuestro país para entrevistarse con diversos actores políticos institucionales, incluyendo dirigentes del partido en el gobierno y opositores, así como expertos en la materia. La opinión fue aprobada por la Comisión el 21 octubre, en la que intervinieron el consejero presidente del INE y funcionarios de la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, y se dio a conocer el pasado 24 de octubre.

Dentro de las conclusiones de esa opinión destacamos las siguientes: “Cambiar un sistema que funciona bien…conlleva un riego inherente de socavar dicha confianza”; “Toda reforma constitucional debe ser producto de un profundo análisis de los problemas y desafíos existentes y de un amplio consenso entre los partidos políticos y la sociedad”; “El posible impacto de tales enmiendas constitucionales…deben estar sujetos a un debate público adicional”; “ La composición del órgano de gestión electoral debe garantizar que todos los partidos políticos, candidatos y votantes puedan confiar en que funcionara de manera imparcial” ;”Los nuevos órganos electorales centralizados tendrían que organizar y resolver quejas y recursos en todo el territorio nacional”; “Se deben mantener las tareas que hasta ahora ha llevado a cabo el INE, en su caso el nuevo órgano electoral necesitaría tener una estructura profesional y sólida”.

De las observaciones y recomendaciones cabe mencionar: “Las reformas propuestas a la Constitución no brindan garantías suficientes de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral. Su elección directa debe ser reconsiderada ya que no se apega a los estándares internacionales y las mejores prácticas en la materia; los miembros de dichos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debe permitir hacer campaña; “La creación del INEC altamente centralizado puede comprometer el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en los distintos niveles de la Federación”; “Si se cambia el sistema electoral a uno proporcional con 32 circunscripciones, la capacidad de intervención del INEC durante el proceso de formación de listas de los partidos políticos será muy limitada”; “La eliminación de órganos de gestión electoral de nivel inferior y la creación de estructuras ad hoc con personal temporal tendrá un impacto negativo en la calidad de las elecciones en diferentes niveles”; “La concentración del proceso de quejas y apelaciones en un Tribunal Electoral nacional podría ser problemática a la luz de la estructura federal del Estado Mexicano”; señalando que los principales pivotes de esas iniciativas deben ser revisados.

La mayoría de las observaciones y recomendaciones de la Comisión de Venecia ya habían sido señaladas por un gran número de analistas y expertos nacionales en la materia, con información histórica de la evolución del proceso de cambio político que ha tenido nuestro país durante casi cuatro décadas, además con datos duros y argumentaciones sólidas, como hemos comentado en este espacio, desde que se presentaron las diferentes iniciativas.

Es una opinión externa altamente calificada, de un órgano consultivo del que México es parte, por lo que debe ser tomada en cuenta por los actores políticos que estarán revisando, discutiendo y, quizá resolviendo las iniciativas las próximas semanas.

Es buena señal que, en la primera mesa de trabajo sobre las iniciativas, diputados influyentes de Morena, como el coordinador parlamentario Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la propia Cámara, hayan manifestado la necesidad de acercamientos en las posiciones para tratar de alcanzar una reforma de consenso, descartando, al menos por ahora, aprobar sin modificar la agendada por el presidente.

Sin embargo, fue anticlimático lo expresado por el dirigente nacional del PRI, el diputado Alejandro Moreno, de que no se aceptarían injerencias extranjeras, refiriéndose a la expresada por la Comisión de Venecia que se acababa de dar a conocer, la cual ha emitido 1070 opiniones y reportes en diversos temas de 62 países europeos, de Asia, África y Latinoamérica, 4 de ellas sobre México. La declaración denota ignorancia, pero peor aún, sospecha y duda, después del giro radical que tuvo la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y 9 de sus senadores, votando a favor de la reforma constitucional que amplía hasta el 2028 la presencia de las FFAA en labores de seguridad pública. El temor es que vuelvan a hacer lo mismo en la reforma electoral, y no con argumentos y razones convincentes, sino con presiones, amenazas, chantajes y extorsiones, votos a cambio de impunidad, que no son métodos precisamente democráticos. Si lo hacen sería un suicidio y un golpe mortal a nuestra joven democracia.

Ante esa posibilidad se inició el movimiento de defensa con hashtag #ELINENOSETOCA, con una marcha en el corazón de la Ciudad de México el domingo 13 de noviembre y un paro nacional al día siguiente; paradójicamente de una institución que tiene el más alto reconocimiento social, por el orden del 70%. Ya veremos como termina este capítulo, crucial para la democracia del país.

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