Aunque los tiempos legales aún dan margen para que haya reacomodos, el Comité Directivo Estatal del PAN ya alborotó el tablero electoral con la definición que divulgó el pasado viernes respecto a la paridad de género. Si esta primera proyección no cambia, en Atarjea, Doctor Mora, San Luis de la Paz, Santa Catarina, San José Iturbide, Tierra Blanca y Xichú, encabezaría la planilla de Ayuntamiento una mujer, solo en Victoria seria hombre.
Sorprende la decisión respecto a San Luís de la Paz, porque no se observan mujeres perfiladas y ya en la elección pasada ni usando toda la maquinaria estatal y municipal pudieron retener la alcaldía. Ha trascendido que entre las ‘suspirantes’ hay que enlistar a Adriana Patricia Olvera, actualmente empleada del IMUG que a últimas fechas anda muy activa repartiendo gel y cubrebocas en colonias populares. Esta militante del PAN es esposa de Alejandro Martínez, presidente del Comité Municipal de ese partido, también empleado de la Secretaría de Gobierno con funciones de operador político, y además, activo participante en algunos eventos que convocan organizaciones ultraderechistas anti AMLO.
Contralorías: los ciudadanos callan
Vía los mecanismos de transparencia se preguntó a las actuales administraciones del noreste, por el número de denuncias ciudadanas que han recibido las contralorías municipales desde el comienzo de su gestión en octubre 2018 y hasta julio de 2020. Las respuestas otorgadas confirman una lamentable realidad: hay municipios donde de plano los ciudadanos no ejercen su derecho a interponer quejas o denuncias ante esos órganos de control interno; en otros, comparativamente con su densidad de población, las cifras muestran que la mayoría de la sociedad también prefiere quedarse callada, sea porque esas instancias no inspiran confianza para manifestar inconformidades, porque la gente prefiere dejar pasar los problemas aunque le afecten, por lo burocrático de los procesos, o porque seguramente muchos ni siquiera conocen que por ese conducto pueden exigir mejoras en la actuación de los servidores públicos, o exponer observaciones sobre el funcionamiento y la calidad de los servicios que reciben.
El espacio que se deja a la impunidad es inmenso, y más porque a ese silencio de la sociedad se suma que a partir del 2015 la designación está manoseada por el alcalde o alcaldesa, propiciando en la percepción social que el contralor sea considerado como parte del grupo dominante en el poder y no como figura autónoma.
Los datos son contundentes:
En Atarjea, la contralor municipal, María Flora Sánchez, informó que desde el comienzo de la actual administración, y hasta el pasado mes de julio, no recibió ninguna denuncia ciudadana.
En Santa Catarina, el contralor Sergio Hernández Villa, en ese mismo lapso solo ha recibido tres denuncias por falta de atención de la Policía a un reporte, levantamiento de infracción vial y por fallas en la red de agua potable.
En Doctor Mora, el contralor Guillermo Valencia da cuenta de once expedientes, varios de ellos por abuso de autoridad.
En Victoria, la titular Andrea Mejía, informa de veinte denuncias, en su mayoría relacionadas con la actuación de elementos de Seguridad Pública.
En Xichú, la contralor Martha Lucia Rivera, solo ha recibido dos quejas y una denuncia.
En San Luis de la Paz y San José Iturbide, que en conjunto constituyen el 85% de la población del noreste, en todo lo que va de las actuales administraciones solo algunas decenas de ciudadanos han solicitado la intervención de las contralorías.
En Tierra Blanca, la información fue negada.
San Luis: sobornos, decomiso de vísceras…
Miguel Ángel Villa.
Con las descripciones que hace de las denuncias ciudadanas la contraloría de San Luis de la Paz, a cargo de Miguel Ángel Villa, podría estructurarse una mini crónica que tras su tono pintoresco sería reveladora del modo anquilosado como se ejerce cotidianamente en esa ciudad el poder público, aun cuando oficialmente se pretenda maquillarlo y dar una imagen de frescura.
La crónica podría adoptar como título aquella frase del presidente López Obrador en la Mañanera: “En la 57, camino Querétaro-San Luis a la derecha”, y luego agregar: Ahí donde gobierna un alcalde que hasta botarga tiene y no escatima recurrir a lo fársico para ganar audiencias.
Enseguida, se agregarían algunos de los motivos por los que se han abierto expedientes en la contraloría ludovicense (la transcripción es textual): “Servidores públicos vaciaron mercancía de la quejosa al camión recolector de basura, constando de nopales, calabazas y tunas, además del cuchillo de la quejosa. Elementos de Seguridad Pública sustraen la cantidad de cinco mil pesos de las pertenencias del quejoso y piden dos mil más para no recogerle un vehículo de motor. En el año 2017, se recogieron dos diablitos de la tienda Elektra y en el 2018 los recogió una persona ajena a ellos. Amenazas de muerte por parte del oficial de Tránsito municipal. Detonación de aparato explosivo supuestamente por elementos de Seguridad Pública. Robo de celular y maltrato. Servidor público solicita dinero para no imponer multa. Cobro de más cantidad por un servicio. No entrega de un tinaco del cual era beneficiaria, entregándolo al hermano de la delegada. Lesiones por estar grabando cómo agredían a otra persona. Decomiso de vísceras sin notificación alguna por parte de Rastro municipal, únicamente le comunicaron de palabra. Poner sedante de más a un perro y debido a esto falleció…”
