“Si los de Jalisco no nos quieren dar agua, no digo que sea la que vaya a ser sino la que va porque son varias, pero la que va avanzando más es la posibilidad de crear una presa ahí que no inundaría ninguna comunidad y que sería Paso de Cabras; así se llamaría esa presa es en el municipio de Ocampo y podría captar el escurrimiento que va a Río Verde. Está en nuestro estado, pero necesitaríamos los permisos, estamos valorando cuánto podría costar, hay que hacer muchas cosas, no es lo único”.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato
Conociendo la personalidad del fiscal Carlos Zamarripa, es previsible que ante la posibilidad de una reunión con los diputados integrantes de la Junta de Gobierno, su argumento para dejar esa reunión fuera de los reflectores será la de garantizar el debido proceso.
Morena pidió una reunión, para -entre otras- cosas explique las razones de la reclasificación del delito del que se acusa a Jorge Romero Vázquez. No es la única razón, pero sí la más mediatizada. Hay diputadas que tienen datos de que no es un caso excepcional sino una práctica común de la Fiscalía ese tipo de reclasificaciones, casi siempre en perjuicio de la víctima.
Pero la respuesta del PAN y del gobierno es que podría realizarse, pero privada. Incluso vamos más allá: aun cuando la reunión se concrete, la propia Fiscalía sería muy parca en los datos que exponga. Ya se conoce el celo de Zamarripa al respecto.
El entorno también habla mucho de lo que formalmente se discute en el Congreso local.
Es evidente que Morena echó a andar una estrategia para hacer visible mediáticamente -en todos los frentes posibles- algo que juzgan como un exceso de la autoridad en contra de las presuntas víctimas del diputado Jorge Romero.
Los diputados locales de Morena traen en la agenda legislativa el caso; las senadoras Martha Lucía Micher y Antares Vázquez ya expusieron el tema en el Senado y el diputado federal Emanuel Reyes Carmona hizo lo propio en San Lázaro. El pasado viernes los morenistas fueron a clausurar simbólicamente la sede de la Fiscalía.
Es lógico pensar que, con el planteamiento general, la percepción derrota la imagen de la Fiscalía por el cambio de opinión del Ministerio Público que primero dice que sí hay elementos para acreditar violación espuria y después queda en abuso sexual.
¿Qué pasa entre uno y otro espacio de la decisión? Y como el diputado acusado es panista, la tesis de la procuración de justicia sesgada y parcial embona.
Y frente a ello, Morena está en un dilema que ellos mismos se colocan. Alegar dignidad y denunciar la cerrazón del panismo gobernante para justificar su ausencia en la eventual reunión o asistir con el cargo de conciencia para los duros que se habrían doblegado ante las condiciones azules.
La posición que triunfa es la de los duros, pero Morena tendría que reflexionar pragmáticamente. Su apuesta por el “Fuera Zamarripa” no tiene que sustentarse en la intransigencia.
El punto no es que se ceda ante las condiciones del gobierno sino cómo se cede. Lo pueden hacer con dignidad, con información y con capacidad para cuestionar en este caso al fiscal. Exigir datos, claridad.
Además, el morenismo no puede conformarse con emplazar, poner condiciones y luego mandar todo al diablo porque no es como ellos quieren. Habrá coordinadores de bancada como Alejandro Arias que estén satisfechos con la negociación y con el gradualismo.
Gritar, resistir y alegar avasallamiento puede dar portadas y nutrir su sentido de contrapeso que no transa ni negocia. Pero los espacios vacíos, se llenan. Y no todo tiene que concluir en gritonear y tirarse al piso.
Hace algunos años, cuando Roberto Zermeño litigaba la posesión del Estadio León y las autoridades despotricaban en su contra, imposible imaginar la estampa que se vio el jueves en La Esmeralda.
El exalcalde de León, Héctor López Santillana y Roberto Zermeño -quien ganó el juicio del Estadiose fundieron en un abrazo poco antes del arranque del evento.
Cuántas veces Zermeño fue el innombrable para las autoridades vigentes y las anteriores e ignorado por Grupo Pachuca y el villano favorito para casi todos. Y al final ahí estuvo como invitado en una cortesía que nadie hubiera imaginado y que, por sí misma, describe el perfil tragicómico de esta historia.
Ah, y Miguel Márquez, al cierre de su sexenio, promotor de la venta de un terreno para Grupo Pachuca y su futuro estadio que no tiene para cuándo, con su propio nombre inmortalizado en una cancha del complejo. Grupo Pachuca no da paso sin huarache y su presidente Jesús Martínez lo llenó de elogios mientras Diego Sinhue los describía casi como benefactores sociales.
Todos tan contentos con todos en esta historia donde hubo errores, resbalones y tropezones, dimes y diretes. Un final feliz para la eterna suspicacia.
A TRES AÑOS DE AQUEL EXPERIMENTO DE LÓPEZ SANTILLANA
Parece que fue ayer. Con renovados bríos, tras haber asumido como primer alcalde reelecto en la historia de León, Héctor López Santillana y su secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña lanzaban un nuevo plan de seguridad con objetivos concretos: reducir en un 30 % la incidencia de los principales delitos.
Pero además, la creación de una Policía de Proximidad, estrategias para acercar a quienes han sido víctimas de un delito la posibilidad de denuncia, creación de centros de atención a víctimas, operación de juzgados cívicos y el diseño de patrullajes estratégicos.
La apuesta era clara: mantener a Ramírez Saldaña como secretario de Seguridad, pero como refuerzo al asesor michoacano Bernardo León Olea, para algunos sobrevalorado, para otros un refuerzo de lujo en esta ciudad.
Pero en ese nuevo plan, hubo un reto que lucía inalcanzable: incentivar la cultura de la denuncia. Ese instrumento que los ciudadanos catalogan como algo inútil, una pérdida de tiempo, un esfuerzo que no tiene sentido porque al final ni recuperará lo robado ni será encarcelado el responsable del delito.
Ramírez Saldaña se mantuvo con el respaldo del alcalde que supo cobijarse del apoyo del sector empresarial dotado de una influencia inédita en alguna estrategia para combatir la delincuencia que se haya dado en el gobierno leonés.
Y es que se construyó la Mesa de Seguridad y un fondo de apoyo que pagó los estudios y los honorarios de los asesores del gobierno. Fue la muestra más genuina de la apertura del gobierno a la participación e influencia de la sociedad civil que tiró por la borda Ramírez Saldaña quien, en lugar de redoblar esfuerzos para dar resultados, se tiró al desorden y al descontrol.
Los resultados fueron catastróficos para el proyecto. Los errores de sus colaboradores dieron al traste con el esfuerzo construido.
Porque no hubo segunda oportunidad. Al irse Ramírez Saldaña, el gobernador Diego Sinhue asumió el control de la sucesión y entonces la influencia de Bernardo León y el plan diseñado ya no fue lo mismo.
Los empresarios perdieron peso porque su hombre de confianza en el gobierno decepcionó a las primeras de cambio.
AGUA PARA LEÓN: EL PLAN B Y EL PESO DE COMENZAR DE NUEVO
No es todavía ni siquiera el plan B porque ni siquiera lo conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo daría el aval político sino que podría comprometer el presupuesto para lograrlo.
Por fin, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo habló del proyecto que presentó al director de Conagua, Germán Martínez hace unos días y que espera presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que cierre el año y, en el fondo y la forma, hay situaciones que destacar.
Por ejemplo, en la forma, llamó la atención que al encuentro con el funcionario federal no se convocó a representantes de Sapal, el organismo operador de agua en León y que solo estuvieron el gobernador y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.
Rodríguez Vallejo suelta la información a cuenta gotas, pero ha esperado mucho tiempo para obtener una cita con el presidente. Qué gran contraste con gobernadores emanados de su partido como Mauricio Vila o Maru Campos que están agradecidos con el jefe del ejecutivo federal por el apoyo a sus estados.
No es el caso de Diego Sinhue que tuvo que aguantar el esquinazo de Enrique Alfaro que construyó su propia salida con el presidente, que se siente muy cómodo mientras los pretendidos bloques de estados contra la 4T se dispersan y se pulverizan.
Construir un plan B puede significar el inicio de una nueva esperanza para Guanajuato y puede hasta resultar sano enterrar definitivamente cualquier posibilidad de revivir El Zapotillo.
Pero no deja de tener su lado doloroso y frustrante. Las oportunidades perdidas de consolidar el acueducto en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña y ahora comenzar a poner los cimientos con el presidente que -de varias manerasha mostrado su frialdad ante Guanajuato.
Qué paradójico que pongamos en manos de la 4T la esperanza renovada en un proyecto que es urgente para León.
Es arrancar de nuevo, sondear, hacer estudios técnicos, la proyección de volúmenes, el proyecto ejecutivo y revisar la disponibilidad de recursos para ejecutarlo.
¿Qué tanto se podrá avanzar en el tema cuando nos llevó más de la mitad del sexenio admitir que el otro proyecto, ya murió?
