FIDESEG: Tormenta perfecta contra la influencia empresarial

CLARITO. La propuesta para extinguir el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato, es, dicen los que saben de este asunto, técnicamente impecable y en abstracto, nadie podría objetar una decisión sensata desde el punto de vista administrativo y de eficacia del gasto público.

CUESTIONAMIENTO. Los impuestos por su naturaleza, son para el gasto público no para que un grupo de ciudadanos privilegiados, para unos, que se sienten iluminados para otros,digan a quien se le da el dinero y a quién no.

EMPATÍA. Pero aquí hay un detalle que es clave: el origen de ese Fideicomiso tiene que ver con uno de esos acuerdos que son fruto de la gran sintonía que hay (había) entre el gobierno estatal panista y la cúpula empresarial panista.

ANTECEDENTES. El FIDESSEG fue creado en abril de 2019. Su origen se dio a partir de un acuerdo entre la cúpula empresarial en Guanajuato que aceptó un incrementó del 0.3% al impuesto a la nómina a cambio de tener participación en el destino del recurso.

PROCESO. El dinero se entrega a organizaciones no gubernamentales que realizan labores sociales, después de presentar proyectos que son evaluados por un comité técnico.

REVIRE. Por eso, la primera reacción de los empresarios es que si la apuesta es a extinguir el Fideicomiso pues entonces, ellos tendrían que repensar esa aportación extra que aceptaron hace 5 años y que si el FIDESSEG muere, entonces también los empresarios echarían abajo esa aportación extra que acordaron.

CREADOR. "La extinción del FIDESSEG es una traición y engaño a la sociedad productiva de Guanajuato. Además significa un desprecio a la filantropía de nuestro estado y una afectación a miles de beneficiarios de la población vulnerable de la población", escribió el ahora síndico del Ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos y uno de los promotores para que la cúpula empresarial (él era presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León) en el estado aceptaran un incremento al impuesto a la nómina.

LUNA DE MIEL. Eran los tiempos en los que se declaró incluso "dieguista" por su excelente relación con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Cómo no iba a estar contento Rodríguez Vallejo con un líder empresarial que cabildeaba a favor del incremento a un impuesto. Vigilar, supervisar y hasta opinar a donde se destinarían esos recursos era un gran incentivo para que los empresarios aceptaran el pacto. Por eso José Arturo habla de traición.

SINTOMÁTICO. Pero no es un tema sencillo de procesar. Las formas tienen que ver. No es una petición formal del gobernador a los empresarios ni de la secretaría de Finanzas.El Ejecutivo usa (no hay otra palabra) a la mayoría panista para hacer ver que no es su decisión sino que es una solicitud de la mayoría de su partido.

EN LAS MISMAS. Obvio. Si esa aplanadora azul no se ha mandado sola a lo largo de esta legislatura, menos lo haría con una decisión de ese calibre.

MALA SEÑAL. Pero volvamos a lo técnico. La decisión es lógica. Es hasta aberrante que se acumule dinero de impuestos en un Fideicomiso (más de mil 500 millones) para obra social pero que se gaste a paso de tortuga por que no es fácil decidir a dónde y cómo gastarlo. Los empresarios no son expertos en eso ni tienen oficinas ni especialistas ni burocracia para ejecutarlo.

COSTOS. Por eso los empresarios tienen corresponsabilidad y son en parte culpables de ello. No se prepararon o no sabían en la que se metían pero el gobierno seguramente sabía que esto podía suceder.

¿A QUIÉN QUIEREN ENGAÑAR? Quién puede creer ingenuamente en la exposición de motivos del PAN de que "la extinción del Fideicomiso no pone en riesgo los objetivos para los que fue creado". ¿Entonces para qué lo crearon?

BOTONES DE MUESTRA. De por sí, en el reporte de ejercicio de recursos 2023 del Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares del Estado de Guanajuato (COSAINSEG), señala que entre otras cosas, 185 millones de pesos provenientes de ese impuesto se gastaron en vales grandeza y más de 500 millones en pinta de fachadas, imagínese lo que va a pasar ahora que no haya quien vigile y supervise. Eso va a la licuadora del gasto público.

LA DUDA. Nomás por decir algo. A poco no serían apetecibles para financiar la promesa de la gobernadora electa de "tarjetas rosas para todas".  ¿Se rebelará la cúpula empresarial que aceptó crear el FIDESSEG o se van a doblar como acostumbran a hacerlo?

LA DEL ESTRIBO...

"En Coparmex estamos convencidos de que la mejor forma de lograr algo es a través del trabajo conjunto y la comunicación, por esto creemos que no es necesario extinguir el fideicomiso pero si reestructurar sus reglas de operación para obtener mejores resultados. En el caso de que se llegara a concretar su extinción, también se tendría que revisar la continuidad de la aportación del ISN, ya que para ello fue creado". Así lo dice el presidente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez en un comunicado de prensa sobre la extinción del FIDESSEG. Más claro ni el agua. Extingues el Fideicomiso, regrésame mi impuesto.

FONDOS GUANAJUATO EN PANDEMIA: ¿CUÁL ES SU FUTURO?

Una de las interrogantes a resolver con la llegada de Libia Dennise García Muñoz Ledo al gobierno estatal será saber qué va a pasar con Fondos Guanajuato, esa dependencia que parece no encontrar su lugar en el actual sexenio.

Hace 4 años cuando los créditos que otorgaba Fondos Guanajuato no tenían la respuesta apetecida de parte de los empresarios en plena pandemia, uno de los jueces críticos del porqué no funcionaban las cosas era el actual director de la dependencia, Juan Antonio Guzmán Acosta.

Cuando estaba a punto de concluir el período de solicitud de créditos ofrecidos por Fondos Guanajuato, sabía a muy poco al gobierno estatal que diseñó un programa de 3 mil millones de pesos, que ni siquiera se haya solicitado la mitad del monto total planteado.

Apenas poco más de mil 300 millones son los que se habían requerido aunque sólo se habían entregado a quien acredita los requisitos menos de 400 millones.

Resultaba inconcebible creer que las empresas no se interesaron en contratar créditos cuando tenían la necesidad de ellos.

Los expertos creían que la falla estaba en que las reglas de operación no fueron las adecuadas pero también porque se debió usar el sistema financiero comercial para dispersar el crédito.

El problema era que empresas que requerían el crédito aunque lo desearan con el alma, la accesibilidad era imposible por los requisitos que solicitaba el gobierno.

El problema siempre estuvo en el segundo paquete en las reglas de operación. Los primeros 800 millones se colocaron sin problemas. Los 3 mil, nomás no.

Y justo ahí aparecía en escena Juan Antonio Guzmán Acosta quien ya había sido presidente del IMEF capítulo Guanajuato, contador de profesión y especialista en el tema (por cierto, militante panista) con algunos tuits.

“En mi óptica los empresarios no desairan el crédito, simplemente lo están adquiriendo y no con quien improvisó reglas inadecuadas, hechas por personas muy bien intencionadas pero sin experiencia en el sector financiero”.

Y agregaba: “en un estado como Guanajuato, con un banco local fuerte, la cooperativa más fuerte de América Latina más la tercera del país más una infinidad de SOFOMES, SOFIPOS y arrendadoras, no suena lógico, armar un esquema paralelo de dispersión del crédito”.

“Es momento para preguntarnos si no más bien debería el gobierno del estado dejar de ser jugador en la intermediación y volverse catalizador en la relación entre las empresas y las instituciones financieras por ejemplo con un esquema de garantías complementarias de crédito”.

Hoy, en el cambio de sexenio, está a la vista un cambio en el perfil de la actividad de Fondos: convertirla en una institución de crédito social y económico que apoye el desarrollo de las y los guanajuatenses, será una institución al alcance de la gente, planteó Libia García en campaña.

 POLICÍAS INVESTIGADORAS: ¿QUIÉN REGATEA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA?

Vaya cierre de sexenio el que estamos viviendo en Guanajuato. No salimos de una sorpresa cuando ya entramos a otra.

Por segunda semana consecutiva, la Junta de Gobierno del Congreso local  no incluyó en el orden del día de la sesión del pleno, el dictamen de 4 iniciativas de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado que fortalecen la participación de las policías estatal y municipales  en labores de investigación de delitos y recepción de denuncias.

El dictamen fue aprobado el pasado martes 18 del presente mes por lo que ya estaba lista para aprobarse en la sesión del pasado 20 de junio y no se incluyó como tampoco ocurrirá en la de este jueves, última del período ordinario de sesiones de esta legislatura.

El presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres pide calma. Dice que el hecho de que no se haya subido al pleno no quiere decir que no se pueda discutir en un período extraordinario.

Pero la mula no era arisca. Después de que le dieron cristiana sepultura a la ley de contrataciones públicas la semana pasada con todo y que la trabajaron con los sacrosantos comités anticorrupción, ya no sabe uno qué esperar.

Ahí está la palabra empeñada del presidente de la Junta de Gobierno. Porque la ley que amplía facultades a las policías municipales fue trabajada también en foros con policías municipales, especialistas. La avaló la Junta de Gobierno.

El presidente de la comisión de seguridad Martín López Camacho armó hasta una convención de Seguridad y se convirtió en el bienamado de la oposición en el Congreso.

Lo primero que uno puede pensar es que hicieron mella en la bancada panista las críticas abiertas de la Fiscalía del Estado al modelo que se propone porque su titular Carlos Zamarripa siempre ha estado en contra de darle más atribuciones a la Fiscalía que cree exclusivas del ministerio público.

Ahora sale Luis Ernesto con que hay que revisar temas relacionados con los Municipios y detalles que se supone, ya habrían sido superados. Cualquiera que sea la bronca, estamos ante un diferendo que solo corresponde al PAN y al gobierno

No sabemos si solo es la Fiscalía la inconforme o es una disputa de los impulsores de la reforma con el grupo gobernante que está por asumir el poder.

Muchas divergencias en la antesala del "nuevo comienzo".

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