Fin de ciclo escolar, incertidumbres y retos

Con la determinación del calendario escolar que regirá los trabajos académicos del ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría de Educación Pública emite disposiciones oficiales tendenciosas e inciertas para atender las variables secuenciales a las que nos ha sometido la pandemia.

La publicación oficial solo sustenta la caracterización del modelo de calendario en la base legal que faculta a la federación para hacerlo, pero no denota la realización o respaldo mediante información técnica de orden psicoeducativo, académico-pedagógico o sanitario que respalden la determinación de insertar mayor cantidad de días o rubros como un segmento para la identificación del abandono escolar y la valoración diagnóstica o un periodo extraordinario de recuperación que abarcará prácticamente 2 meses y medio para reducir finalmente el ciclo escolar propio del grado a 7 meses efectivos.

Sin lugar a dudas que la caracterización del calendario escolar sería lo de menos, si éste fuera a regir en momentos ordinarios de un ciclo educativo, pero el mismo proviene de la conclusión de un ciclo transcurrido totalmente bajo un esquema virtual, sometido a una serie de incertidumbres académicas y socio-emocionales de alto impacto, para las que las instancias educativas no han podido diseñar un modelo de control de la calidad educativa.

Sin embargo, más allá de someter a juicio el documento oficial que establece los tiempos y movimientos de la educación, es de suma importancia sean revisadas las variables incidentales que pudieran convulsionarlo o hacerlo patinar por su alto nivel de resonancia colateral. Tras 15 meses de confinamiento y casi dos ciclos escolares desarrollados bajo los claroscuros psicopedagógicos del modelo escolar a distancia, muchos deberán ser los vacíos y las brechas académicas imperantes que habrán de considerarse.

Primero un obligado recuento de daños o estado de cosas –conocer el estado del arte como llaman los intelectuales de la investigación educativa-, para saber a qué problemática específica nos habremos de enfrentar y con éste sustentar las estrategias y planes de acción que contengan o restituyan los benes afectados, ya que sin el conocimiento de los valores educativos dañados, sólo se estarán dando palos de ciego que desgastarán más el estatus académico o afectivo de los actores de la comunidad educativa con la asunción de medidas por ocurrencia o capricho de la autoridad correspondiente.

Con la determinación del llamado a las clases presenciales, debiera venir en paralelo un deslinde de responsabilidades y el respaldo científico y legal de la toma de tal decisión, pues más allá de las apariencias del falso imaginario social de que ya superamos la pandemia, con esta medida se estará exponiendo la vida de nuestros menores, de sus familias por impacto expansivo y de la estructura escolar por inclusión obligada, considerando el pronóstico de riesgo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud que nuestro estado enfrentará en julio una nueva ola de contagios.

Otro de los rubros cuyo estatus es obligado conocer es el comportamiento de la serie de indicadores educativos, pues el estimado de brechas académicas, el abandono formal o el obligado por cuestiones técnicas y de acceso a dispositivos y conexión, los daños afectivos y los factores de riesgo de la salud emocional, sin lugar a dudas que debe ser alarmante.

En nuestro estado los retos que enfrenta el Secretario de Educación se sintetizan en determinar dónde se ubica el índice de “pobreza del aprendizaje” y estructurar un plan estratégico que le contenga, preservando los niveles académicos fundamentales y el cuadro neurológico de nuestros estudiantes a partir del cuidado de su vida, salud y estabilidad emocional, lo bueno que confiamos en su capacidad y responsabilidad político administrativa.

Los responsables en la toma de decisiones, siempre se deben enfocar en el bien de la comunidad a la que sirven.