Informe y rendición de cuentas
El pasado 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su tercer informe de gobierno, a través del documento que llevó a la sede de la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, el cual tendrá que ser analizado por los legisladores federales en las próximas semanas.
El informar por parte de los gobernantes es una responsabilidad constitucional y legal, y se enmarca en la obligación de rendir cuentas. Esta expresión se origina en el inglés accountability, que no tiene un equivalente preciso en castellano, ni una traducción estable, a veces se hace como control, como fiscalización, otras como responsabilidad.
La rendición de cuentas incluye diferentes maneras para prevenir y corregir abusos de poder, obliga al gobernante a abrirse a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a que se le puedan aplicar sanciones.
Esto es, la rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability), por otra parte, la capacidad de sancionarlos en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement).
Contrariamente a lo que muchos suponen, la rendición de cuentas no es un acto unilateral del gobernante, que los gobernados deben aceptar contentos, callados y agradecidos, como tampoco es un derecho de petición, es centralmente un derecho a la crítica y al diálogo, a partir de una relación interactiva que permite un ir y venir de preguntas y respuestas, de argumentos y contraargumentos, a partir de información objetiva, confiable y verificable.
En México, a pesar de los enormes cambios que hemos tenido en las últimas décadas, no ha sido suficiente en esta materia, con todo y el mejoramiento de los sistemas de contabilidad, auditoría, fiscalización, control y el fortalecimiento de los órganos responsables.
Pasamos del día del presidente, durante el viejo régimen autoritario, donde todo era lisonjas y alabanzas hacia el titular del ejecutivo federal, o bien estatal o municipal, según el caso, sin que se cuestionara significativamente nada, luego tuvimos un periodo donde el Ejecutivo lo presentaba personalmente ante el Pleno de la Cámara de Diputados, hasta el 2005, pues en el 2006 los legisladores perredistas no permitieron la entrada al presidente Vicente Fox, por los reclamos poselectorales de ese año. Para evitar esos desencuentros se reformó la Constitución para que el presidente no tuviera que acudir personalmente a la Cámara, sino que lo enviará a través de un representante, y el este pronuncia un mensaje desde Palacio Nacional solo con sus invitados, en un ambiente totalmente controlado, hasta la fecha.
Independientemente del formato, que ya es obsoleto, y de que la Cámara de Diputados asume la representación de los ciudadanos, en general, particularmente en esta materia, a través de su Comisión de Vigilancia, integrada por diputados de todos los grupos parlamentarios, y de un órgano técnico, la Auditoría Superior de la Federación, se hace necesario revisar los mecanismos institucionales y fortalecer los mecanismos informales de la rendición de cuentas.
“Nadie vende pan frío” dice el refrán popular, y por eso todos los gobernantes informan y difunden lo que consideran más conveniente de su gestión, destacando sus reales o aparentes logros, minimizando o de plano eliminado sus errores, deficiencias y retrocesos. Salvo Gustavo Diaz Ordaz, que asumió la responsabilidad de la represión de 1968 y José López Portillo, quien de forma histriónica se hizo cargo de la debacle económica durante su gobierno, no recuerdo a ningún otro, durante los años recientes, realizando algún ejercicio de autocrítica.
Con la clase política que tenemos sería mucho pedir que tuvieran altura de miras para reconocer errores cometidos y que no han cumplido con los ofrecimientos de campaña, y que realizarán los cambios o enmiendas necesarias.
Todas las personas somos falibles, cometemos errores y equivocaciones, pero nos enaltece cuando lo reconocemos, pedimos disculpas, realizamos los cambios necesarios y procuramos no volver a cometerlos. Pero parece que los funcionarios al asumir el poder se transforman y se sienten infalibles y todo lo que hacen es perfecto y no admiten críticas, y quien los cuestiona son sus enemigos, llámese ciudadanos, medios de comunicación o políticos opositores. Pero resulta que hacer eso es una de las principales funciones de estos personajes en una democracia.
No en balde la rendición de cuentas, en términos modernos, nace con la democracia representativa, en el sistema de pesos y contrapesos plasmado en la constitución estadounidense de 1789, una de las principales fuentes del constitucionalismo mexicano.
La doctrina de la materia ha dicho reiteradamente que una de las soluciones es la reelección inmediata de los agentes políticos para mejorar la rendición de cuentas. Esto en México apenas se está instrumentado, para el caso de los legisladores federales y locales, y para los alcaldes, por lo que tendremos que estar muy atentos para observar si es así. Sigue vigente la no reelección para el presidente de la República y los gobernadores, principales ejecutores de las políticas públicas y del gasto gubernamental.
La obligación de informar no puede quedarse en presentar y difundir solo que lo que quiera y le convenga al gobernante, sino asumir de forma completa lo que implica rendir cuentas, exigiendo además a los agentes públicos responsables de realizar tales funciones con todo el compromiso institucional, y promoviendo y fortaleciendo a la sociedad civil organizada dedicada a esos menesteres.