La hora de la banca de desarrollo
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, su secretario de Comercio, Jaime Serra, pretendió fusionar el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) con Nacional Financiera (Nafin).
La intención era crear una gran institución de segundo piso capaz de integrar a los fabricantes de bienes de consumo con los exportadores de tales productos, así como los oferentes de servicios.
Años más tarde, en el gobierno de Vicente Fox, se hicieron estudios para consolidar en tres grandes bancos las diversas actividades que ya para entonces financiaba el gobierno federal.
Hablamos de la vivienda, la actividad agroindustrial y al sector empresarial, pero muchos diputados de oposición, entre ellos el financiero Francisco Suárez Dávila, se opusieron y bloquearon el proyecto.
Directivos de la banca de desarrollo dicen que si la intención de Andrés Manuel López Obrador es fusionar a Nafin, Bancomext y Banobras solo para ahorrar, es una visión pequeña y limitada.
Se debe tener un objetivo más amplio: maximizar los más de 10 mil empleados que tienen los tres bancos, hacer una banca más especializada y que ofrezca productos integrales entre la producción y exportación.
Todo lo anterior bajo una sola ventanilla, cuyo meta primordial sea generar ahorros en la operación del ente fusionado que redunde en una baja de las tasas que cobre a su clientela, los empresarios del país.
Efectivamente, la idea de compactar en uno solo a Nafin-Bancomext, que dirige Carlos Noriega, y Banobras, que capitanea Jorge Mendoza, está ya en la oficina del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Es muy posible fusionarlos, solo hay que decidir qué banco consolidará y modificar sus leyes orgánicas. En el mundo lo de una sola ventanilla para la banca de gobierno ya existe.
Alemania tiene en el KFW las funciones de banca de apoyo a exportadores e importadores, y España, Francia y Reino Unido poseen el Banco a la Exportación, mientras que Estados Unidos el EximBank.
Bancomext y Nafin desde tiempos de Felipe Calderón quedaron integrados, aunque legalmente siguen siendo dos instancias distintas. En el gobierno de Enrique Peña se mantuvo la misma estructura.
Pero con López Obrador la idea se retomó, aunque con fines de austeridad, no de eficiencias. La idea no gusta ni al propio Herrera ni al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
Mucho menos a los gobernadores les hace muy feliz la idea de perder a Banobras, la única fuente de financiamiento barato para el fondeo de sus proyectos de infraestructura.
Pero el austericidio mata toda otra intención.
HÉCTOR SULAIMÁN SIEMPRE presumió su cercanía con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, así como con su cadenero y mano derecha, Froylan Gracia Galicia, a quien todavía hasta hace poco se le veía muy quitado de la pena por los rumbos de Polanco. Gracias a esas relaciones Sulaimán consiguió hacerse de muchos negocios en el sexenio pasado que lo llevó a consolidarse como uno de los proveedores consentidos de Enrique Peña Nieto. Esa misma suerte para generar negocios la quiso repetir en la 4T, pero se estrelló con pared. Operó para que Raspican Systems continuara dando el servicio de sistema de revisión no intrusiva que operaba en las 20 aduanas del país, contrato que venció en junio pasado. Fue frenado por Horacio Duarte, el nuevo administrador de las Aduanas. La baja penalización económica que tenían las millonarias ganancias y su poca eficiencia para detener, por ejemplo, el tráfico de armas fueron los motivos. A partir de ese momento el SAT, de Raquel Buenrostro, le cerró el paso a Sulaimán, quien también preside la Fundación Scholas de México, iniciativa impulsada por el Papa Francisco. No había vuelta de hoja: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó directamente a Raspican para revisar el contrato y todas las anomalías, pues habría indicios de que desconectaron los sistemas meses y meses para vulnerar la importación y exportación de mercancías sensibles.
LA SECRETARÍA DE Hacienda alista una segunda subasta para levantar más recursos de la banca comercial a fin de apoyar al Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas. En agosto se realizó la primera en la que el gobierno obtuvo 80 mil millones de pesos pagando una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de más 2.5 ponderada durante 5 años. Entraron 13 bancos. Inbursa de Carlos Slim aportó 20 mil millones de pesos, BBVA de Eduardo Osuna 15 mil millones y Banco del Bajío de Salvador Oñate 5 mil millones. Banobras de Jorge Mendoza metió 25 mil millones. También se subieron Santander, Banorte, Banco Azteca, Multiva, HSBC, Intercam, Bx+, Monex y Afirme.
LE HABLABA LA semana pasada del banderazo para designar al nuevo líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. El proceso lo lleva la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Se estima que votarán alrededor de 100 mil de los cerca de 120 mil agremiados. Se supone que para finales de febrero ya debería haber señales. Tres son los candidatos visibles. La senadora de Campeche por Morena, Cecilia Sánchez, amén del líder del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Eliel Flores, y el dirigente de la naciente Unidad Nacional de Trabajadores Petroleros, Miguel Arturo Torres. Había un cuarto, pero murió en diciembre. Hablamos de Mario Ross García, ex líder de la Sección 44.
AYER LE REFERÍA a Iberdrola y el año difícil que se le viene en México por el enfrentamiento con la 4T. Otra multinacional encajada en el sector energético y que igual ya empezó a mover su batería legal es la brasileña Braskem, que preside Roberto Simoes. Su proyecto Etileno XXI quedó prácticamente a la deriva tras de que el último día de noviembre el Centro Nacional de Gas, que dirige Elvira Daniel, le cortara el suministro de gas. Se venció el contrato y fue decisión de Andrés Manuel López Obrador cancelarlo. Braskem y su socio mexicano IDESA, que preside Guillermo Gutiérrez, ya iniciaron las primeras acciones legales.
EN EFECTO, ES consigna ya de la Fiscalía General de la República turnar los expedientes directamente a los jueces de Almoloya o de prisiones de máxima seguridad, cuando debieran caer en otro tipo de juzgados federales. El juez que llevó las audiencias de los ex funcionarios del Infonavit que le platiqué ayer, Omar Cedillo y Alejandro Cerda, es el mismo que giró las órdenes de aprehensión contra los ex directivos de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez, Ángel Junquera y Víctor Garcés. Hablamos de Iván Zeferín Hernández. En automático los casos con un alto impacto político son tratados como delincuencia organizada.
SOBRE ESTE MISMO expediente, la Procuraduría Fiscal, que capitanea Carlos Romero, ya turnó a la Fiscalía General de la República los expedientes de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de Telra Realty. La Subprocuraduría Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, que lleva Juan Ramos, solo espera una fecha de audiencia de imputación de un juez. El gobierno busca recuperar cerca de tres mil millones de pesos de cinco mil milones que el Infonavit les pagó por concepto de indeminización por la cancelación del Programa de Movilidad Hipotecaria, contrató que echó abajo el entonces director del Infonavit, David Penchyna.