La otra crisis criminal de Guanajuato
Don Giovanni
1.- La otra crisis criminal de Guanajuato
Si bien la prolongada violencia detonada por la incursión y nacimiento de grupos criminales en Guanajuato se ha llevado buena parte de la atención pública, esta entidad poseedora de un corredor de cinco ciudades industriales y dos patrimonio de la humanidad, ha visto recrudecer también la llamada ‘delincuencia común’.
Se le ha bautizado así a todo aquel delito considerado de bajo impacto público, pero que acumulado construye una percepción de inseguridad que en Guanajuato oscila del 85 al 95 por ciento de la población, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización del INEGI.
Pero hay otro matiz que es más bien un agravante, que no escapa al conocimiento de responsables en el tema como el Secretario de Seguridad Pública, Alvar cabeza de Vaca Appenidini, que es la mezcla entre delincuencia organizada incursionando también en delitos patrimoniales, como la extorsión.
Sea por los motivos que sean, Guanajuato cerró el 2022 como el primer lugar nacional en delitos patrimoniales compuestos por las tres modalidades de robo (a casa habitación, negocio y transeúnte), abuso de confianza, fraude, despojo, daños y extorsión, con 1 mil 786 denuncias acumuladas en total.
Por supuesto, son cifras que en su mayoría son aportadas por ciudades como Celaya, Salamanca, Irapuato y León –por densidad poblacional-. Lo que impacta en la responsabilidad de sus municipios como primeros estrategas de la prevención y reacción.
De entrada hablamos de un Celaya, con un secretario como Jesús Rivera Peralta, empecinado en defender a sus policías, aún en presuntos casos de ejecución extrajudicial, mientras la ciudad se haya rodeada de estallidos de violencia.
En Irapuato, el secretario de seguridad Ricardo Benavides se encuentra en plena recomposición de su plan de seguridad tras un depuración masiva de sus elementos policiales.
Un Salamanca donde el director de seguridad pública, Alejandro Flores Jiménez,
apenas va reconstruyendo su incipiente policía, luego de haber sido desmantelada para la incursión de un Mando Único infructuoso.
Mientras en León, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona, ya supera los tres años con la constante presión de los resultados prometidos, en la ciudad que presenta el escenario más complejo en cuanto a criminalidad.
Los datos que Correo muestra hoy del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), indican que esta crisis es paralela a la de los homicidios, pues es el estado con más casos registrados en cuatro años; casi un lapso similar al del repunte de los homicidios.
2.- Opacidad a la UG
Es infame la opacidad mostrada por la Universidad de Guanajuato (UG) en el proceso de renovación de cuatro escaños de su Junta Directiva. Lo es porque se trata de la máxima casa de estudios del estado; lo es por que no hay peor práctica para emplear la discrecionalidad; lo es por ser el máximo organismo de la institución.
Hasta ahora se sabe que ya hay aspirantes anotados y elegidos para suceder a Víctor Luis Muro Salinas, Sergio Jesús Ortega Mereles, Rafael Octavio Romo Aguiñaga y a Martha Leticia Velázquez Morales, sin embargo no hay mayores datos del estatus del proceso electivo.
Solo se conoce que el próximo martes 31 de enero, concluyen su participación en la Junta Directiva de la UG estos cuatro de sus once integrantes. La Junta ya sesionó para elegir a los que llegarían en su lugar, pero no hay información -o no se ha querido informar- de forma oficial por la UG.
Este organismo tiene la facultad de nombrar, sustituir o remover al rector general, a los rectores de campus, directores de división y al director del Colegio del Nivel Superior. Es decir, tiene atribuciones para deliberar al sucesor del rector Luis Felipe Guerrero Agripino.
Ahora puede usted imaginar la razón del hermetismo en un proceso que le garantiza control a Guerrero Agripino, muy a pesar de la máxima transparencia que se recomienda en estos procesos electivos.
Pero como todo en la vida, la oscuridad no es eterna y no sólo se deberán difundir los nombres de los cuatro integrantes de la Junta Directiva de la UG, también se deberán aclarar los criterios y perfiles usados como parte de la más elemental transparencia a la que están obligadas las instancias públicas.
3.- Guanajuato: tierra de basureros
La grave crisis del manejo de la basura en los municipios de Guanajuato, es el resultado de una crecimiento desmedido de su producción ante la incapacidad de los gobiernos locales, que la han normalizado minimizándola al grado de obviar su propio plan de gestión de residuos sólidos.
Esta fue una advertencia que lanzó la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, pero que desde hace años la Procuraduría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) a cargo de Gerardo Morales Moncada, ha venido observando por su incumplimiento a las normas ambientales.
Se trata del eslabón que faltaba en los infiernos ambientales de Guanajuato; no sólo se encuentra con graves focos rojos de contaminación del aire y del agua, los sólidos urbanos son también muestra del descontrol en una actividad que ahora algunas administraciones municipales apuestan a concesionar sin una base sólida.
El tema surgió a colación del caso de Silao gobernado por Carlos García Villaseñor, sumido en el conflicto con la empresa Veolia por su deficiente servicio de recolección de basura, debido precisamente al descuido municipal, sin la base que brinda un documento como el programa de residuos.
Aparte de Silao, Ortiz Mantilla no especificó los otros 18 municipios carecen de este diagnóstico sobre la cantidad de basura que están generando al día, su traslado y disposición final, así como su aprovechamiento.
Ahí es donde tiene sentido recordar las recomendaciones de la PAOT, la cuales fueron dirigidas a los municipios de Purísima del Rincón, Tierra Blanca, Irapuato, Juventino Rosas, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Romita, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, Huanímaro, Uriangato, Salamanca, Comonfort, Salvatierra, San Francisco del Rincón y Celaya.
Prácticamente todo el corredor industrial hacia el noreste del estado, se encuentran en verdaderas complicaciones por la desatención de las normas medioambientales, que ha convertido a los rellenos sanitarios en serias amenazas para el entorno ecológico de Guanajuato.
CONTRA RETRATO
Daniel Villaseñor Moreno
Se ha convertido en uno de los protagonistas predilectos de cada discusión para ajustar la tarifa del transporte público en león. Líder de los concesionarios, respuestas no le faltan para justificar cuanto incremento se solicita, sobre todo en las últimos cuatro procesos emprendidos en los gobiernos del PAN.
Daniel Villaseñor Moreno es la voz cantante a favor de los “dueños” del transporte en León, sobre todo del empresario Fernando García Murguía quien, en marzo de 2014, con su línea “Francisco Villa” compró las acciones de la línea Centro Garita, Transleón 2000 y América, entonces del Grupo Cuadra, para hacerse del 51 por ciento de las concesiones.
Así que hay un empresario dominante en la Unión de Concesionarios que preside Daniel Villaseñor, quien a partir de 2015 ha solicitado y conseguido tres alzas tarifarias, una con
Bárbara Botello Santibañez (2012-2015) y dos con Héctor López Santillana (2015-2021).
En esta ocasión el encarecimiento de las refacciones, la inflación y una supuesta reducción de la demanda del servicio, son las razones que se esgrimen para solicitar un nuevo incremento planteado de manera inicial en los cuatro pesos.
Fiel a su estilo, Villaseñor Moreno no duda en endilgar responsabilidades al gobierno o a los ciudadanos sobre la calidad del servicio, del que aceptó, aún falta reducir en sus intervalos de espera. Ayer, hasta pidió encarecidamente a los medios de comunicación que les “ayuden” a hacer entender la necesidad del aumento.
Al final, se trata de un personaje que no carga con el temor al costo político de las decisiones.
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