La primera presidenta de la corte
LA PRIMERA PRESIDENTA DE LA CORTE
El pasado lunes 2 de enero se llevó a cabo la sesión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) para elegir al presidente o presidenta de ese Alto Tribunal por los siguientes cuatro años. Se inscribieron 3 candidatos y 2 candidatas, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laínez Potizek y Alberto Pérez Dayan, y las ministras Norma Lucia Piña Hernández y Yazmín Esquivel Mossa.
El procedimiento se vio opacado por el escándalo de las dos últimas semanas del año pasado sobre el presunto plagio de la tesis de licenciatura en derecho de la ministra Esquivel Mossa, asunto que se ha enredado de una manera impresionante y que está lejos de haber sido resuelto. La UNAM tiene pendiente una definición esencial sobre el mismo.
Antes de que se diera esa revelación, se consideraba a la ministra Esquivel como favorita, por sus vínculos con el actual gobierno, además del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por el apoyo del ministro presidente saliente, Arturo Zaldívar; pero las cosas cambiaron para el caso de la primera.
Solo tres rondas de votación fueron suficientes para elegir a la primera mujer presidenta de la Corte, a diferencia de las más de 30 que se tuvieron que realizar hace cuatro años para que aceptaran a Saldívar como presidente. Con una cerrada votación de 6 contra 5 venció al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sin ser una favorita original.
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Además de presidir la Corte, lo hará del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano técnico y ejecutivo más importante del Poder Judicial, que administra la mayor parte del presupuesto de este poder.
Prácticamente todas lecturas serias de ese resultado son positivas, no solo por el hecho de ser la primera mujer en presidir la Corte, que eso de suyo es sumamente relevante, rompiendo el llamado techo de cristal, como ella misma lo dijo, sino porque proviene de una larga y fructífera carrera dentro del Poder Judicial, donde ha mostrado no solo una sólida preparación, sino además independencia, autonomía y enorme compromiso con la Constitución y la Ley, y el respeto a la función jurisdiccional. Esos valores son esenciales y fundamentales en su elección, en un momento político y coyuntural donde es necesario hacer palpable la división de poderes en el Estado Constitucional, Democrático y de Derecho que pretendemos consolidar.
Las líneas generales de su programa de trabajo refieren al fortalecimiento de la función jurisdiccional; la aplicación integral del Sistema Nacional Anticorrupción; la renovación y fortalecimiento del procedimiento de responsabilidades administrativas, mediante la emisión de una regulación específica, clara y concreta; la emisión de un nuevo Código de Ética; la reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); la consolidación del nuevo esquema de Carrera Judicial y la instauración del servicio civil de carrera en las áreas administrativas de la Corte y el CJF; el fortalecimiento de la Visitaduría Judicial; el seguimiento y fortalecimiento de las políticas de prevención de la violencia laboral en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; además de la actualización y fortalecimiento del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; la reorientación y actualización de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia; el diseño e implementación de medidas adicionales en materia de género; la consolidación de la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales en la impartición de justicia (e-Justicia) y en las áreas administrativas; transparencia focalizada y la red de colaboración entre el CJF y los órganos jurisdiccionales en materia de archivo; además de atender las necesidades de los órganos jurisdiccionales; la creación de la Unidad de Implementación y seguimiento de las reformas constitucionales y legales; la planeación estratégica institucional; una especial atención en materia de los Derechos Humanos, a través de Unidades Especializadas, en materia de conocimiento científico y especializado para el fortalecimiento de los derechos humanos, en materia de perspectiva de discapacidad, de perspectiva de género, de medio ambiente y cambio climático, y de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Expresó que la presidencia es de dos órganos colegiados, por lo que tomara siempre en cuenta las opiniones y consideraciones de sus pares en las principales decisiones, alejándose de todo personalismo y protagonismo, incluyendo la política de comunicación social, la línea editorial de Justicia TV y de las redes sociales del Poder Judicial. Por cierto, no tiene cuenta personal de Twitter ni de Tik Tok.
Destaca que la columna vertebral de la encomienda constitucional es la independencia judicial al servicio de la sociedad, a partir de la cual se debe materializar las líneas generales mencionadas.
El fortalecimiento de todas las áreas de la Corte y del CJF y el apoyo institucional a la independencia de los jueces y magistrados federales en sus resoluciones apegadas a Derecho, manifestando la importancia de la mayor transparencia posible en todas sus actuaciones, especialmente en el trámite y resolución de las Acciones y Controversias Constitucionales, que por su importancia en las relaciones entre poderes, deben ser ventiladas de cara a la sociedad; para ello deben ser agendadas para su discusión y resolución por el Pleno, con la oportunidad necesaria, considerando el impacto y las consecuencias políticas que tienen, como las que se presentaran contra las reformas legales del llamado Plan B en materia electoral.
Sin duda una buena noticia del nuevo año la decisión del Pleno de la Corte, deseándole el mejor de los éxitos a la ministra Piña Hernández.
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JRP