Libia y la burocracia de los derechos humanos

1.- Libia y la burocracia de los derechos humanos

Justo uno de los temas en los que la gobernadora electa Liba Dennise García Muñoz Ledo basó su capital político, parece ser el más difuso y confuso. Se trata del cumplimiento de los derechos humanos en sus variantes más concretas de atención a grupos vulnerables y a víctimas de crímenes o abusos.

En estos momentos el debate se ha centrado en la desaparición de la Secretaría del Migrante que daría lugar a lo que ahora sería la Secretaría de los Derechos Humanos, en la que se pretende abarcar otros sectores como la comunidad de la diversidad sexual, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Todo al parecer, con sendas subsecretarías que, se espera, tengan suficiente capacidad.

Como fue notorio, el error original de Libia fue haber pasado por alto el acercamiento con los líderes migrantes guanajuatenses, que al final habían sido valorados políticamente por los gobiernos anteriores, aun cuando a la Secretaría del Migrante poca claridad se le observó con un extitular como Juan Hernández dedicado a la operación electoral, ahora con Susana Guerra como encargada.

De hecho, en un primer momento no es descabellado pensar en que una secretaría a la deriva, termine aglomerando a través de subsecretarías específicas para cada población mencionada, sobre todo si se toma en cuenta que una entidad como el Instituto Guanajuatense de la Discapacidad (Ingudis) a cargo de José Grimaldo Colmenero, se topa frecuentemente con limitaciones presupuestales.

En su calidad de descentralizadas, quedarían sin cambios el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), actualmente con Anabel Pulido López a la cabeza y la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Pepnna) a cargo de Teresa Palomino Ramos. Ambas con graves problemas de transversalidad con las entidades del gabinete legal.

Están las entidades creadas ex profeso para la atención de víctimas. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) trabaja con Eliseo Hernández Campos como encargado, luego de que, su exjefe, el panista Vicente Esqueda Mendez renunció para asumir una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa. Una entidad que urge relanzar.

Finalmente se suma la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) cuya titularidad en la persona de Héctor Díaz Ezquerra ya se encuentra vencida, con la complejidad no resuelta sobre los límites en el crecimiento de la plantilla laboral. Algo similar ocurre con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) de Jaime Rochín del Rincón, quien urge refuerzos en la asesoría jurídica.

En términos prácticos, no es inviable que desaparezca la Secretaría del Migrante sí mediante una subsecretaría se puede lograr más eficiencia. El reto sería más bien administrativo, como lo sería con la CEB y la CEAIV para lograr mayores recursos para la asistencia como para atención. Un esfuerzo que sigue en falta mientras la violencia sigue su curso en sus diferentes modalidades.

2.- Yulma y Juan Pablo: disputa en vísperas

Cuando trascendió el pase de la expriista Yulma Rocha Aguilar a Movimiento Ciudadano, tanto como candidata como delegada estatal, la verdad es que no fue sorpresa para nadie. Cuando se anunció que el abogado y activista, Juan Pablo Delgado Miranda, nuevamente competiría por la alcaldía de León, tampoco hubo mayores aspavientos.

Se trata de dos de los cuadros más importantes con los cuenta el partido naranja de Dante Delgado Rannauro en Guanajuato, pero son actualmente las dos figuras que protagonizan la primera disputa por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, por la fundamental diferencia de sus perfiles, trayectorias y agendas.

Yulma es una política de oficio. Hecha en los duros golpes de la política tradicional, entendió que además de buscar los acuerdos y anuencias en la cúpula nacional, también tendría que trabajar desde las bases del partido. Vaya, lo habitual en la política partidaria que incluye buena parte de la concentración de poder o el liderazgo en una persona o grupo.

Juan Pablo es un activista consumado. Su oficio como litigante estratégico, ha destrabado importantes temas para la comunidad LGBT lo que le ha dado el fondo intelectual para alimentar su agenda de denuncias anticorrupción y antidiscriminación. Una prioridad que a menudo puede no ser compatible con la real politik.

Los procesos internos están en ciernes y formalmente Rodrigo González Zaragoza sigue siendo el dirigente estatal de MC. Un momento crucial para definir si la política y el activista encuentran la mesura y la concordia para construir una propuesta de oposición que no termine por diluirse como otras en el pasado, por la división de sus integrantes.

3.- El mimetizado hijo de Navarro en el DIF

La proclividad de los políticos por abrir espacios en la función pública para integrantes de su familia, termina cayendo en una paradoja en la que los exponen al escrutinio público, para luego hacer todo lo posible para evitar que estos figuren.

Parece ser el caso de Saúl Navarro Smith, hijo del matrimonio entre el actual alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña y de la alcaldesa electa, Samantha Smith Gutérrez, quien fue nombrado presidente honorífico del Patronato del DIF Municipal el 31 de julio.

Bajo el argumento de que su gestión es “sin goce de sueldo ni acceso a compensación alguna”, ahora se sostiene que no funge como tal un cargo público, como si estos sólo se definieran con el criterio de la remuneración. La verdad es que desde el lugar en un consejo, ya se funge una función pública con todas las obligaciones que ello implica.

Pues en casi dos meses, el aparato del DIF municipal que hasta antes del proceso electoral trabajaba para Smith Gutiérrez, ha evitado por todos lo medios que Saúl Navarro sea entrevistado o que medianamente sea mencionado fuera de los boletines oficiales. Una situación totalmente atípica que no podría explicarse sin la sobreprotección parental.

Bien se sabe que la intención es que el siguiente trienio Saúl continúe como presidente del DIF, una proyección que requiere también la plena consciencia de la función pública que estará desempeñando, está sujeta al escrutinio público.

CONTRA RETRATO

Jesús Rivera Peralta

“Nunca nos había pasado un evento en el primer cuadro”, fue su declaración en un alarde de verdadero descaro. Si bien la Guardia Nacional poco o nada ha logrado contra la violencia criminal en Celaya, esta aseveración refleja las bajas expectativas para frenarla.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, se refirió así al ataque a una joyería en el que cuatro personas fallecieron y seis quedaron lesionadas. Es más, hasta el aparato de comunicación del municipio le ayudó informando que, en los seis días que la Guardia Nacional tomó el control de la seguridad, se han registrado 22 asesinatos y 16 heridos... así es, lo que nunca.

No sabe cuando terminará la ocupación de la Guardia Nacional, los motivos de la prolongada revisión o los plazos para reintegrar elementos a la operatividad. Sin embargo, la situación es propicia para presumir eficiencias escondidas; requiere a su policía en las calles para la disminución de delitos por ello no tuvo reparos en advertir que el municipio “se deslindaría” de lo que sucede.

“Nada más nos toca que concluya la revista para poder seguir operando, desde el jueves de la semana pasada, toda la operación pública de la seguridad ciudadana del municipio, como así se acordó con el Alcalde y los generales, ellos se hacen cargo”, indicó Rivera Peralta haciendo intentos por demostrar resignación.

Por lo pronto, la Policía Turística mantiene actividades sin armas, pero acompañados de la Guardia Nacional; quienes “han pasado revista” son los elementos que operan como escoltas y ya están integrados a sus labores. Una situación atípica, para una atípica ciudad como Celaya.