Los damnificados del sistema de salud

1.- Los damnificados del sistema de salud

Cuando el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y el estatal de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acordaron mantener la autonomía del sistema salud ante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el tema fundamental fueron los pesos y los centavos. Poco se habló del personal médico que se encontraba contratado por uno u otro esquema.

Tal movimiento provocó que los recursos que antes se entregaban como parte del otrora Seguro Popular, se suministraran íntegra y directamente a la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) la cual realizó sus propias contrataciones, sobre todo cuando la pandemia de Covid 19 irrumpió con toda su sobreexigencia en los centros de salud.

La crisis sanitaria motivó que el gobierno estatal prometiera la basificación de todo el personal que, hasta ese momento venía trabajando en la SSG bajo contrato de honorarios. La medida incluiría a los recién reclutados para atender la demanda del momento y el tema fue casi una causa de su extitular Daniel Díaz Martínez.

El problema es que más de dos centenares de trabajadores, los cuales laboraban en los nosocomios de la SSG cubriendo vacaciones, días festivos y horarios extendidos, se quedaron completamente en el limbo al ser pagados por el gobierno federal.

La denuncia plasmada con amplitud por Correo, da cuenta de las incongruencias de un sistema de salud partido entre el orden federal y estatal, los mismos que “competirían” por ser el más eficiente según palabras de López Obrador, justo un mes después de haber creado el Insabi y de haber exceptuado a Guanajuato de su centralización.

Por parte de la SSG, el tema de la basificación para el personal que ya tenía laborando sin prestaciones era y sigue siendo un pendiente acumulado. Hasta finalizar 2022, el gobierno estatal ya había regularizado a 1 mil 600 trabajadores, cifra a todas luces insuficiente que motivó las demandas del personal. Fue en mayo de 2023 cuando se basificó 2 mil 875 trabajadores.

De forma paralela, el gobierno federal decidió hacer otro ajuste al Insabi, ahora ligándolo directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el despliegue de sus recursos. Una medida que terminó por dejar en la indefinición al personal que hoy reclama ser reconocido como parte de la infraestructura humana del sistema de salud.

Aproximadamente están pendientes otros 5 mil trabajadores por ser regularizados dentro del Sistema Estatal de Salud, lo que pinta difícil y hasta paradójico que el personal que hasta ahora opera dentro de sus instituciones, pagado por el gobierno federal, ni siquiera esté contemplado.

2.- Ale Gutiérrez: aislamiento e incertidumbre

Si algo ha caracterizado lo que va del trienio de Alejandra Gutiérrez Campos como alcaldesa de León, es tener dobles y hasta triples agendas. Entre su labor como edil y sus aspiraciones políticas, se hizo rodear de un equipo precisamente que llevara a esa lógica en su día a día. Ahora como próxima candidata del PAN a la reelección, no es la excepción.

A estas alturas, la disputa que sostuvo por la nominación a la gubernatura se encuentra como un capítulo cerrado para el grupo oficial en torno al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien incluso le ha dado espaldarazos públicos y gestos de buen voluntad como la última inyección millonaria a la Feria de León. Sin embargo, aún quedan resabios no superados.

Muy probablemente forzada por las circunstancias, Alejandra Gutiérrez y su equipo de incondicionales ha decidido cerrar filas incluso al interior del PAN. Ya sea por desconfianza o mera prevención, decidió establecer su propia estructura muy al margen del apoyo del oficialismo estatal, lo cual debe llamar la atención al tener enfrente una competidora de peso como Bárbara Botello Santibañez por Morena.

Es decir, la edil leonesa no pretende -por lo menos hasta este momento- subirse a la ofensiva de denuncias que el PAN ha emprendido contra Botello. Si bien ha dejado ejecutar casos que en la administración de Héctor López Santillana quedaron sobre la mesa, no hay intención visible de sumar más litigios. Eso dicen ahora, todo puede cambiar.

El hecho concreto es que la edil leonesa y otrora aspirante a la gubernatura, mantiene una postura sectaria al interior del PAN. Puede mantenerse dentro de los límites de la corrección política y la disciplina partidaria, pero ha comenzado a realizar ajustes precisos que hacen pensar en un intento por reivindicarse como lideresa política.

Por ahora sabemos que combinará labores de alcaldesa y precandidata durante lo que resta de febrero y todo marzo hasta que pida licencia para entrar en campaña electoral. Una decisión que no dejará de ponerla al filo de la navaja.

3.- Celaya y el rebase de la violencia

Contrario a lo que pudiera pensarse, el gobierno municipal de Celaya que encabeza Javier Mendoza Márquez, no compró el pleito con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, quien con una ligereza notable afirmó que su policía municipal no cumplía con los procesos de acreditación de control de confianza.

Tanto el edil como el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, decidieron enfocar sus señalamientos al gobierno federal; un frente “seguro” al tratarse de una demanda general frente al trasfondo de crimen organizado que hay detrás de la serie sostenida de ataques y refriegas contra la policía de Celaya.

Pero más allá del toma y daca de responsabilidades, tanto el alcalde como el secretario coinciden en dejar en claro el rebase de la violencia, frente a las limitaciones legales y humanas que ya alcanzó la policía celayense.

“Es muy fácil aventar la pelotita. Yo creo que esa es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Somos los tres gobierno federal, gobierno del estado, gobierno municipal y aquí estamos poniendo lo que nos toca haciendo un gran esfuerzo, no claudicamos, no cruzamos los brazos”, aseveró Javier Mendoza.

Lo que dijo Rivera Peralta es aún más claro: “A nosotros no nos alcanza la ley para investigar ese tipo de situaciones que ya invade otras esferas que es la Federación. ¿Quiénes son esas personas que están usando ese armamento, con qué fines lo están haciendo y el uso de materiales de guerra?”.

Se trata de verdaderos llamados de auxilio al que el gobierno estatal y federal no pueden ser ajenos. Al final, la crisis de Celaya, es también la crisis de Guanajuato.

CONTRA RETRATO

Lorena Alfaro García

Como si se tratara de un acto indigno o que no le correspondiera políticamente, se ha negado a ofrecer una disculpa en formato público a la familia del empresario Jair Martínez, cuyo caso ilustró con toda nitidez la tragedia de las víctimas de la violencia en Irapuato: una víctima que es raptada, desaparecida y luego asesinada sin un mínima búsqueda

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, se negó a aceptar el carácter público de la disculpa para cumplir con la recomendación determinada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) encabezada por Vicente Esqueda Mendez, al confirmar que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavidez Hernández, violó el derecho de toda persona a ser buscada.

La reacción de la edil panista ante el cuestionamiento del tema, así como su falta de interlocución con los deudos del empresario, dejó en claro la distancia que tiene sobre el tema, incluso cuando este se podría convertir en un problema mayor para sus aspiraciones de reelección. Un asunto que bien pudo cerrarse con oportunidad, ahora está a punto de ser un lastre.

“Se hizo una recomendación misma que fue aceptada y, efectivamente en esta recomendación ellos establecen una disculpa que no es disculpa pública y estamos actuando en consecuencia”, fue la respuesta de la edil frente a los cuestionamientos de los reporteros.

Sobre todo, hay un matiz que es más bien el de un agravante. Parte medular de las recomendaciones de la Prodheg, evidenciaron la falta de capacitación del gobierno de Lorena Alfaro en materia de desaparición de personas. Una señal inequívoca de que haber instalado la primera célula municipal de búsqueda, quedó sólo en el papel de las buenas intenciones.