Morena: la otra realidad
MORENA: LA OTRA REALIDAD
LA FRIALDAD DE LOS NÚMEROS. Más allá de la recopilación numérica global que le comenté ayer de las posiciones en el consejo nacional de Morena que le dieron 11 posiciones a la coalición Sheffield-Mauricio Hernández y 6 a los de la dupla Hades- Prieto, hay otras perspectivas para revisar el entorno en Guanajuato de este partido.
TOP 10. Y nos referimos a las posiciones que ocuparon la diputada local Hades Aguilar y Cinthia Teniente Mendoza, excandidata a la alcaldía de Villagrán. Hades ocupó la posición nacional 9 y Teniente la 10 en una lista que encabezó la diputada federal Andrea Chávez quien es la secretaria de Comunicación del CEN morenista.
ALTOS VUELOS. No hay que perder de vista estas posiciones pues si bien el bloque Prieto-Hades quedó menguado a nivel estatal, en lo nacional la diputada de origen sonorense mantiene conexiones que no sabemos si en su momento pueden pesar.
VÍNCULOS Una buena relación con el secretario de Organización, Alejandro Peña y una mayor cercanía con el senador César Cravioto quien es el coordinador de la circunscripción electoral 2 de la precandidatura presidencial de Claudia Shienbaum, jefa de gobierno de la ciudad de México.
REPARTO. El titular de Profeco ha tenido un reposicionamiento en lo estatal con el control de la dirigencia estatal en consonancia con Mauricio Hernández. Es consejero nacional aunque sus adversarios advierten que la cosecha de votos en lo nacional no lo llevó a ser de los más votados.
NUEVO ENTORNO. Ernesto Prieto Gallardo por lo pronto no alcanzó una cartera en la dirigencia nacional de Mario Delgado. En Morena solo se da un paso a un nuevo nivel de hostilidades.
PASADO RECIENTE. En su momento, Mauricio Hernández tuvo alianza con Hades Aguilar que se rompió desde el año pasado. Hoy son rivales. Falta ver hasta dónde llega el acuerdo entre Sheffield y el llamado superdelegado.
FRENTES. Hay varios rings en los que se va a jugar esa guerra interna. Uno, de ellos, el más próximo, es el de la coordinación de la bancada en el Congreso local. Irma Leticia González y David Martínez son los más mencionados para tomar las riendas en el siguiente período ordinario de sesiones.
TOMA Y DACA. Y ojo, a la hora de las definiciones electorales, la mano de la dirigencia nacional morenista tendrá un peso importante. En este partido, los ganadores no se llevan todo el pastel.
Lee también: Sheffield-Mauricio: el Consejo Nacional y la alianza con Sheinbaum
LA DEL ESTRIBO…
Una de las definiciones pendientes en la aplanadora azul en el Congreso local es quién presidirá la mesa directiva en el siguiente período ordinario de sesiones que arranca en 5 días.
El diputado leonés Rolando Alcántar marginado de la presidencia de comisiones por Carlos Alcántara, perdón, por Luis Ernesto Ayala quizá encienda nuevamente la esperanza de que le toquen unos meses de fama y protagonismo.
Si no es, hay otros que no presiden comisiones ni comisiones permanentes como César Larrondo, Martha Hernández o Katya Soto.
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11 AÑOS: DE LA CONCESIÓN A ABENGOA AL DESDÉN DE AMLO
Hace exactamente 11 años cuando la administración de Felipe Calderón asignaba la obra del acueducto El Zapotillo a la empresa española Grupo Abengoa, nadie iba a imaginar para Guanajuato el rumbo que tomaría el proyecto y que hoy parece un desenlace infortunado y hasta de desprecio federal.
Hace 5 años en una reunión promovida por la entonces diputada federal Bárbara Botello con el entonces titular de Banobras Jorge Zamora Torres, este funcionario decía a empresarios que el abandono de Abengoa era inminente aunque fue hasta un año después cuando el mandatario Miguel Márquez oficializaba el fracaso de esa apuesta.
Pero aún con el anuncio del truene de Abengoa, los gobernantes guanajuatenses no creían que era el fracaso de ese plan para abastecer de agua a León.
Un día como hoy en 2011, el gerente regional de Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, explicaba la razón para darle la concesión a esta empresa: el consorcio “cumplió, en cada uno de los procesos que se realizaron, con todos los requisitos financieros y técnicos y esto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo”.
En aquel entonces, se informaba que el Grupo Abengoa que incluía a las empresas Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial cobraría un total neto de cuatro mil 569 millones de pesos.
Justo es recordar los términos del convenio. El acueducto, se construiría mediante un Contrato de Prestación de Servicios (CPS) y la concesión estaría activa por 25 años.
Era la parte final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El fallo a favor de Abengoa, se ejecutaría ya en la administración de Peña Nieto.
Un sexenio después, Bárbara Botello como diputada promovía una reunión privada del entonces director de Banobras Abraham Zamora Torres con un grupo de empresarios integrantes de UNIGUA encabezados por Benjamín Zermeño Padilla.
En el encuentro les dijo que Abengoa sí estaba en un tris de aventar la toalla quizá no porque así lo quiera sino porque su propia situación hacía inviable que mantuviera el control de El Zapotillo.
Según el funcionario, tan grave estaba la situación que el gobierno federal se encontraba ya valorando 3 opciones distintas de empresas que entrarían al quite ante la eventual declaratoria de la empresa española de que ya no aguantaba con el proyecto.
Esa era la realidad muy lejana al optimismo de Miguel Márquez quien solo decía que el proyecto seguía adelante.
Y hoy queda clarísimo que la administración federal anterior tiró por la borda la oportunidad dorada de consolidar un proyecto de abasto de agua para 2 estados y en este sexenio, López Obrador, lo rearmó a su modo. Todavía no es una realidad pero por lo pronto, Guanajuato ha quedado excluido y peor cosa, ignorado.
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ENRIQUE SOSA VS JOSE ARTURO: LA BATALLA SIGUE
Con la novedad de que la pugna en tribunales civiles y en Derechos Humanos entre José Arturo Sánchez Castellanos y Enrique Sosa Campos, no mengua en León.
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos solicitó al síndico panista del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos rinda un informe de los hechos tras la ampliación de la queja que hizo ante esta instancia, el extesorero de la administración encabezada por Héctor López Santillana, Enrique Sosa Campos por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos.
Sosa Campos presentó una queja originalmente documentada en el expediente 0417/2022 hace 3 meses en contra de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, la Contralora Municipal Viridiana Márquez, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona y contra el propio síndico “por la difusión de cuestiones que no son de su competencia, violando el principio de presunción de inocencia”.
Tras una entrevista radiofónica de Sánchez Castellanos el pasado 24 de agosto en la emisión matutina de “En Línea”, Sosa Campos amplió su queja.
En dicha entrevista, el síndico lamentó que el Tribunal de Justicia Administrativa no valoró las pruebas y argumentos de la Contraloría Municipal ni los daños a la hacienda pública ni el juicio social y moral que en su momento dio la sociedad en el caso de la desafectación del predio de un kinder a favor de un empresario.
“Es claro que el señor Sánchez Castellanos… continúa usando su cargo para posicionar en la opinión pública una imagen mentirosa, infundada de mi persona, causando me un perjuicio a mi imagen profesional frente a la sociedad en León y en el estado a la que he servido por más de 27 años no solo exponiendo sin pruebas sino desatendiendo el fallo y las actuaciones legales realizadas por organismos competentes para atender este tipo de asuntos, razón por la cual se acredita la violación constitucional de la que me duelo que es la afectación a mi nombre y prestigio profesional”, dice el testimonio de Sosa ante Derechos Humanos.
El documento de la PEDHG tiene sello de recibido este lunes 19 de septiembre y en el mismo se le solicita al síndico:
“Rinda un informe de los hechos materia de la ampliación de la queja en elq ue se haga constar todos los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones referidos. Así como señalar el conocimiento que tenga de los hechos materia de la ampliación de la queja y los elementos de información que considere necesarios. Asimismo, remitir las pruebas que acrediten su dicho”.
Sánchez Castellanos dijo que en breve hará llegar el escrito que le requiere el organismo pues de lo contrario, acreditaría como cierto lo dicho por el funcionario y él está dispuesto a dar la batalla en todas las instancias.
Por cierto, la administración que encabeza Alejandra Gutiérrez ya presentó un amparo en contra de la exoneración de Sosa dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa. La batalla entre funcionarios emanados del PAN, sigue.
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JRP