Mujeres y empleo: reto sin asumir por el IMUG

1.- Mujeres y empleo: reto sin asumir por el IMUG

El rezago que las mujeres tienen en el campo laboral en Guanajuato es poco menos que vergonzoso. Un estado que se precia de tener un desarrollo industrial como pocos, no se complementa con políticas sociales, específicamente con aquellas que emparejan el suelo entre hombres y mujeres.

Quizá poco se podría esperar de un gobierno conservador, donde la equidad de género es apenas un concepto que empiezan a entender en la estructura burocrática estatal, labor que se le reservó al Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) a cargo de Anabel Pulido.

Pero el panorama es desolador en pleno siglo XXI. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que dirige Valería Moy, Guanajuato tiene la mayor proporción de mujeres que trabajan más de 48 horas semanales; de la entidad dedican 79 por ciento más tiempo que los hombres a estas actividades.

Así es, trabajan más y les pagan menos, por lo que Guanajuato se ubicó en la última posición con una calificación de 33.2.

Ante este panorama, es inevitable pensar en la cantidad de trabajo que falta hacer desde las instancias gubernamentales. Las acciones directas entre la iniciativa privada es todavía un terreno inexplorado por un IMUG al que se ha delegado esta agenda, empezando por casos al interior del gobierno.

Acercarse a la iniciativa privada para modificar desde adentro estas inequidades, se presenta entonces como un gran pendiente que requiere la convicción no de una sola entidad, sino de todas aquellas en las que impactan en estas condiciones; desde la Secretaría de Gobierno hasta la Secretaría de Desarrollo Económico.

Es en este punto que el IMCO dejó recomendaciones que más vale tomar en cuenta. Desde la formación del talento, pasando por la permanencia hasta considerar el crecimiento en cuanto a la posibilidad de ascender a puestos de toma de decisiones.

Guanajuato se encuentra ante el reto de visibilizar lo invisibilizado y de promover la justicia laboral en un terreno en el que los hombres siguen pesando más de forma injustificada.

 

2.- El doble rasero de la Prodheg

Con una atingencia que contrasta con su actuar cotidiano, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez, decidió procesar y resolver la queja que presentó el extesorero de León, Enrique Sosa Campos, quien consideró que se violó su presunción de inocencia.

El caso es referente a la participación que tuvo el actual Subsecretario de Formación Laboral, en la venta irregular de la fracción del kínder Juan Aldama a un particular en el gobierno de Héctor López Santillana. Una operación en la que necesariamente tuvo participación directa y total responsabilidad, al tratarse de un inmueble de uso público.

El tema se convirtió en una consigna personal para el síndico, José Arturo Sánchez Castellanos, quien ha mantenido una agenda propia lejana de la naturaleza facciosa de los panistas enquistados en las instancias gubernamentales. Por lo que todo indica que ahí radicó este contragolpe.

El asunto fue llevado por la contraloría de León prácticamente custodiado por el síndico. Llegó al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) donde inesperadamente Sosa Campos fue absuelto, por lo que la contraloría presentó una apelación que no ha sido resuelta, ya con pocas probabilidades de salvarlo.

Los señalamientos no faltaron en contra del funcionario municipal, incluso ya rescatado por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Por lo que no dudó en buscar el apoyo de la Prodheg a cargo de su correligionario Esqueda Méndez, quien en menos de cinco meses determinó que el síndico violó la presunción de inocencia.

Tal fue la dedicatoria, que la recomendación excluye a otros funcionarios que también fueron señalados por Sosa Campos y solo se dirige a José Arturo Sánchez Castellanos, a quien le endilgaron nada menos que cuatro violaciones; a la protección de la honra y de la dignidad, a la presunción de inocencia y la integridad moral.

Para sustentarlo, Vicente Esqueda Martínez sólo tomó como base una entrevista radiofónica.

Lo que son las cosas. Justo ayer la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato denunció que la Prodheg rechazó la petición de una familia de escasos recursos para ratificar una queja que presentaron en línea, por una detención arbitraria que sufrió un ciudadano en Salamanca.

Cómo dijo Benito Juárez: a los amigos justicia y gracia, a los demás la justicia a secas… incluso en materia de derechos humanos.

 

 

3.- Morena: la conflictuada oposición

La necesidad de una oposición activa y proactiva se ha vuelto permanente. Cada tres años, la expectativa sobre un nuevo grupo parlamentario capaz de hacer frente a la aplanadora panista, quizá no contra sus ya acostumbrados mayoriteos, pero sí elevando el costo político de sus imposiciones, se eleva ineludiblemente.

Esta vez con Morena como segunda fuerza política no fue la excepción, pero la divergencia de las agendas de sus ocho diputados, las divisiones internas y el desconocimiento de los resquicios del Congreso de Guanajuato, han terminado por empinar aún más la cuesta.

La llegada del académico y veterano de las izquierdas, David Martínez Mendizábal, a la coordinación de la bancada de Morena, hizo pensar en la posibilidad de una interlocución al menos eficiente para homologar su fuerza política, pero no ha sido así.

El clima al interior del grupo parlamentario no ha cambiado, mientras los diputados del PAN rechazan una a una las iniciativas de sus pares pertenecientes a la cuarta transformación.

Es verdad que los diputados de Morena viven una suerte de epifanía que les ha motivado a presentar propuestas legislativas a granel. Sin embargo entre estas se llegan a incluir causas sociales, de derechos humanos y gobierno, que son parte de la agenda pública pertinente. Pero también son rechazadas sin mayor debate.

Temas como la Universidad de Guanajuato, la Ley Estatal de Búsqueda, la Ley Estatal de Víctimas y la comparecencia de las paraestatales –sólo por mencionar algunos de los más recientes- terminan en el archivo por el rechazo del PAN ante el desarticulado esfuerzo de Morena.

Ahora esta exigencia nuevamente ha permeado al interior de Morena. Nuevos desencuentros han surgido mientras el partido hegemónico opera sin mayor costo político.

 

 

CONTRA RETRATO

Gerardo Fernández González

Aún como un conocedor de los recovecos del Poder Legislativo, primero como asesor y ahora como diputado del Partido Verde, cometió un error insalvable al rechazar presentarse a la mesa de trabajo-comparecencia del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, al considerar que sería parte de una simulación.

Fue así que Gerardo Fernández González decidió dejar pasar la oportunidad de cuestionar, al funcionario estatal que hoy por hoy en Guanajuato más cuestionamientos genera.

Quizá consciente de su error, o más obligado por las circunstancias, ayer presentó junto con su compañera de bancada, Martha Ortega Roque, el análisis sobre los datos que el propio fiscal y el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appenidni, presentaron ante el congreso estatal.

Lo más decepcionante es que había mucho que decir. El legislador destacó que diversos informes sitúan la cifra negra de delitos en Guanajuato alrededor del 90 por ciento mientras los índices de impunidad es del 80 por ciento, es decir, de cada 100 delitos cometidos, sólo diez se denuncian y de esos diez denunciados, ocho quedan impunes.

Incluso, hay verdad en las aseveraciones del diputado al señalar que se tiene a una Secretaría de Seguridad Pública concentrada en obtener premios y reconocimientos en la labor policial operativa, que en los resultados que ello genera.

Al final, Gerardo Fernández evidenció la necesidad de dar la batalla justo frente a los responsables más allá de formatos fallidos para proteger funcionarios.

JRP