Nueva reforma electoral ¿para qué?
En los últimos días diversos actores del oficialismo han planteado que es necesaria una nueva reforma en materia electoral, inmediatamente después de la jornada comicial del próximo 6 de junio. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica señaló el leitmotiv para hacerla con tanta premura: si Morena pierde las elecciones, y por tanto aprovechar la mayoría calificada que tiene ahora, junto con sus aliados, en la Cámara de Diputados, y no esperar hasta septiembre en que se instalara la nueva integración y en la que, por lo visto, prevén que no tendrán la cantidad de diputados que tienen ahora.
Los epítetos y descalificaciones contra los consejeros(a) del Instituto Nacional Electoral (INE) desde hace ya varias semanas y hasta meses, por parte de servidores públicos federales y de los dirigentes y algunos frustrados candidatos de Morena, se han intensificado por la cancelación de las candidaturas a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero de ese partido. Circunstancia a los que ahora también se agregó a magistrado(a)s del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una vez que confirmaron lo resuelto por el INE.
Cabe recordar que durante la mayor parte del siglo XX nuestro país estuvo sujeto a un régimen político típicamente autoritario, donde la división de poderes era solo formal, no se reconocían muchos derechos de las personas y ciudadanos, como tampoco existían instituciones que los garantizaran y los hicieran respetar, teníamos una sociedad sojuzgada y controlada por el poder, con una cultura política tradicional, patriarcal y de súbdito.
El poder político se concentraba en el presidente de la república y todos los poderes alternos y periféricos giraban en torno al mismo, y solo delegaba, relativamente, algo de poder a los gobernadores, y éstos a su vez, a los presidentes municipales.
Esta situación empezó a cambiar a partir de la década de los sesenta con algunos movimientos sociales, como el de los médicos y ferrocarrileros, presentándose un punto de inflexión y de quiebre con el estudiantil de 1968, el cual fue reprimido ese mismo año y en 1971, provocando el surgimiento de grupos guerrilleros, urbanos y rurales, en diferentes partes de la República.
La latente inestabilidad política se tornaba cada vez grave, por lo que el régimen respondió con la propuesta de una reforma política en 1977, que busco y logró encauzar institucionalmente las cada vez mayores muestras de inconformidad política y social. Es como se inicia el proceso de transición de un régimen autoritario y se busca construir uno democrático.
Las reformas para acceder y repartir democráticamente el poder son el punto de partida para avanzar en ese cambio político. Por ello se fueron realizando sucesivas y diversas reformas electorales en 1987, 1989, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, que fueron desarrollando y perfeccionando el modelo y el régimen electoral que actualmente tenemos.
En todos esos casos, los cambios propuestos fueron impulsados por las oposiciones de ese entonces, y aceptados, en la mayor parte, por la elite gobernante hasta el 2000, y luego por el consenso de todas las fuerzas políticas, posteriormente. Esto es, el régimen electoral vigente, en todas sus vertientes, está sustentado en planteamientos de las oposiciones. Muchos de los personajes de esas entonces oposiciones, de centro, de derecha y principalmente de la izquierda política, ahora se encuentran en el poder, y ahora pretenden desaparecer instituciones que ellos mismos exigieron en su momento que se establecieran.
Por otra parte, después de la primera alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000, se fueron conformando y consolidando diversos organismos constitucionales autónomos, impulsados por diferentes organizaciones de la sociedad civil y también por las oposiciones, para ir quitando y acotando los múltiples poderes que concentraba, y todavía detenta, el titular del Ejecutivo Federal, además de profesionalizar funciones técnicas muy especializadas. Todos esos organismos autónomos, que ahora están siendo atacados y algunos extinguidos o desaparecidos en los hechos, desde el poder, no surgieron como concesión graciosa del mismo poder, sino a pesar y en muchas ocasiones, en contra del propio poder de ese entonces.
Esta ampliamente documentado que todas las reformas electorales mencionadas y el surgimiento de los organismos autónomos se dieron por demanda y exigencia de las oposiciones y de la sociedad organizada, pero ahora las propuestas en el sentido contrario vienen desde el poder, por lo que la pregunta planteada amerita respuestas razonables, sensatas, racionales, si la pretensión es abonar a la consolidación democrática, pero si no es así, todo apuntaría hacia la regresión autoritaria.
Pésima señal es la visceralidad del planteamiento, después de decisiones de las máximas autoridades electorales que no les son favorables al partido en el poder, pretendiendo un mayoriteo sin discusión y debate, cuando siempre fue una regla no escrita, pero casi siempre cumplida, de que las reglas electorales tenían que salir con todo el consenso, o el mayormente posible, de todas las fuerzas políticas y escuchando las voces calificadas de la sociedad.
Que si el INE se vaya al Poder Judicial y otros planteamientos, ameritan una amplia discusión y debate sobre los diferentes modelos de organización y justicia electoral, como también revisar los puntos que han provocado amplio rechazo, como lo establecido en el párrafo 3 del artículo 229 de la Ley General Electoral, que dice expresamente: el precandidato que no entregue su informe de ingresos y gastos de precampaña no podrá ser registrado legalmente como candidato; así como otros temas relacionados con la fiscalización o el financiamiento público a los partidos y otros que tengan interés los actores políticos, que abonen al perfeccionamiento del modelo electoral y político.
Los cambios que se proponen ameritan reformas constitucionales, y los números actuales del oficialismo no le alcanzan para controlar por sí solo, ni junto a sus aliados, el Constituyente Permanente y hacer las reformas sin el apoyo de las oposiciones, más bien parece una estrategia de presión política a las autoridades electorales para tratar de doblegarlas. Ojalá resistan.