PAN: la “nomina estatal” a favor de Jorge Romero

1.- PAN: la “nomina estatal” a favor de Jorge Romero

Todo parece indicar que el nombre de Alfonso Ruiz Chico, actual Consejero del Poder Judicial de Guanajuato, se quedó en mera propuesta y el aparato oficial respaldará una postulación innegablemente ligada al grupo que lidera el diputado y flamante dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra. Sin embargo, se trata de un movimiento que significa mucho más que un simple acomodo.

De confirmarse que el exsubsecretario y exdiputado local, Javier Torres Mereles, llegará a la secretaría general del Congreso de Guanajuato en lugar de Christián Cruz Villegas, no habría duda de que este grupo empoderado durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, seguirá vigente y al frente de buena parte de las y los panistas colocados en diferentes ventanillas.

Ni más ni menos, Torres Mereles lució este sexenio como el operador de confianza de Aldo al haber estado firme como subsecretario de desarrollo social cuando de cubrirse las espaldas se trató, además de suplirlo en la curul cuando los tiempos políticos lo ameritaron. Vaya, actualmente es suplente en la diputación federal de Alán, hermano de Aldo y exdirector de comunicación de Rodríguez Vallejo.

A esto se suma el caso del otro gran líder del grupo de Aldo. Ha trascendido la inclusión de Juan Carlos Alcántara en el gabinete de Libia Dennise García Muñoz Ledo en una dirección de seguimiento a proyectos estratégicos. Un anuncio que no se habría hecho de forma pública pero sí de forma directa e inesperada incluso para los secretarios ya anunciados por la gobernadora.

Todo esto cobra relevancia dado el momento tan álgido que vive el PAN a nivel nacional y en el que el panismo guanajuatense tiene uno de los papeles protagónicos.

Ayer, la exsenadora y candidata a la dirigencia nacional del PAN, Adriana Dávila Fernández, acusó la movilización de “nóminas estatales” a favor de Jorge Romero Herrera, quien pretende mantener el control del CEN en la cúpula conformada por Marko Cortés Mendoza. Lo hizo de frente en un debate moderado por la periodista Azucena Uresti en radio.

“Sí, con Diego”, contestó Dávila Fernández sin dudar un momento en su acusación concreta de operaciones realizadas para beneficiar, por lo menos desde los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua, a Romero Herrera. El único caso que destacó fue el primero.

“Espero que Lidia hoy tenga una postura completamente distinta y es mujer, además, tiene su derecho además apoyar a un varón, eso me queda claro… y Alejandra (Gutiérrez) tiene su derecho a apoyar a un varón, que es la alcaldesa de León”.

Así que ya lo sabe, el ruido que Aldo, ‘Charly’ y sus allegados comienzan a llegar al debate nacional. En efecto, desde la nómina estatal.

2.- Carencias, errores y omisiones ante la desaparición

Todas las instancias formales del estado de Guanajuato muestran fallas u omisiones que indican la pesada cuesta que significa ponerlas a trabajar en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la participación de justicia.

Así quedó evidenciado en el estudio En la Lupa Guanajuato que evaluó cada una de las entidades públicas que intervienen en el tema de acuerdo a la ley. El resultado, indudablemente coloca en dimensión la cuesta arriba del tema que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, tomó dentro de su agenda política desde que era diputada local.

La Comisión Estatal de Búsqueda a cargo de Héctor Díaz Ezquerra no brinda información suficiente sobre los puntos de búsqueda, aún cuando estos son aportados por las mismas familias. En tanto, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Lucía Acosta Gómez no es ventanilla visible para las familias que acuden a los Ministerios Públicos; la falta de oficio en el tema es el principal problema.

De los servicios periciales no hay mejor resultado. A pesar de tener personal, equipo y su propio presupuesto, vieron que existe un rezago mayor en la identificación y entrega de restos humanos. Con el Centro de Identificación Humana continúa aumentando el rezago forense pues se procesan casos desde el 2020 pero anterior a este año no hay acciones.

No hay mejor suerte con el Poder Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) o en el Poder Legislativo. En suma 48 organizaciones de las 32 entidades del país, ven en Guanajuato un largo y sinuoso camino apenas iniciado en los últimos cinco años.

3.- Alerta de Género: entre el rezago y la voluntad

No hay tiempo que perder. Una vez recibida la declaratoria de Alerta por Violencia de Género para 17 municipios de Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo convocó inmediatamente a la instalación de la Mesa de Atención a los representantes de cada alcaldía sin importar que varios de ellos cambiarán de administración en sólo diez días.

El tema era emitir un mensaje determinante contra la violencia de género, pero dirigido al ámbito municipal en el que corren mucho más lento los cambios institucionales. De hecho, es desde las alcaldías donde las resistencias y los casos de violencia parecen persistir sin apremio contrario.

Mientras tanto, diferentes voces interpretan de forma diferente la trascendencia de la Alerta de Género. Entre organizaciones ciudadanas hay controversia sobre su efectividad, al tener un cariz político evidente; el líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, Roberto Novoa Toscano, la ve como una mala imagen que urge sacudirse; los diputados del PAN ahora ven urgencia para sacar reformas.

Al salir de la instalación de la mesa, el secretario del Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, expuso que con esta primera actividad se inició oficialmente con la respuesta a las 40 medidas enviadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). En un plazo de seis meses se tiene que cumplir con el informe.

Por lo pronto, el arranque resultará interesante aunque tiene implicaciones meramente discursivas. Cada alcalde y representante de gobierno, deberá emitir un mensaje institucional en contra de la violencia contra la mujer. Un ejercicio con el que, al menos, se pretende demostrar voluntad ante un marcado rezago que ahora buscará ser remontado desde los municipios.

CONTRA RETRATO

Carlos Zamarripa Aguirre

En un acto cargado de criterios meramente políticos, presentó su renuncia como Fiscal General del Estado de Guanajuato con efecto a partir del 1 de enero de 2025. Se trata de tres meses cruciales en los que sin duda alguna se definirá el destino de esta instancia así como del rumbo que tomará la Fiscalía General del Estado (FGE).

Carlos Zamarripa Aguirre decidió presentarle desde el pasado 27 de septiembre su carta de renuncia a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. No era necesario -es un fiscal autónomo-, reportar su renuncia al Congreso del Estado era lo conducente, pero como sabemos, ella fue la que planteó y pidió su salida.

Por su parte, Libia administró el tema y lo difundió hasta ayer en su cuenta de X, no exhibiendo la renuncia del fiscal, sino el oficio que ella misma envió al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guanajuato, Rolando Fortino Alcántar Rojas, “para los efectos del artículo 95 fracción I, en su párrafo primero, a partir de la fecha en que surta efectos la referida renuncia”.

Lo que ocurra a partir de ahora ya será a ciencia y conciencia de los implicados. Zamarripa podrá seguir en funciones muy probablemente avizorando el cambio de estafeta, por qué no, para uno de sus afines. Libia Dennise podrá asegurarse de que el proceso de selección ocurra, como dice la ley, una vez que el fiscal se retire, para que no se repita una situación anómala.

Al final, era de esperar que Zamarripa vendería cara su renuncia. Al final, como él mismo lo ha repetido hasta el cansancio, son criterios políticos más no legales, con los que se buscó su dimisión. No se equivoca. Fue el camino elegido por los panistas y por la propia Libia.