Pemex entre soberanos y neoliberales
México vive una “bipolaridad energética” entre lo que dice la Constitución, el día a día de la economía nacional y el debate mundial por el uso de energías limpias en el combate contra el cambio climático.
Desde Lázaro Cárdenas se vive en una lucha interna entre adherirse a pactos internacionales como el T-MEC, el Acuerdo de París y la transición a fuentes sustentables.
O allanarse a la peligrosa adicción a los combustibles fósiles que enarbolan el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la CFE, Manuel Bartlett.
Mientras la 4T promueve leyes, políticas públicas y conceptos para la industria energética como “soberanía nacional”, “rectoría del Estado” o “economía planificada”, el mundo occidental, y aún China, fomenta la reducción de emisiones de CO2.
Pemex, que nació en 1938, fue siempre un ente consentido de los gobiernos de la “revolución”, pero fue hasta el régimen de José López Portillo cuando se convirtió en la “joya de la corona”.
Después del embargo de 1973, el precio del petróleo se fue a las nubes y las naciones que poseían yacimientos importantes, como los países árabes, empezaron a ejercer un contrapoder económico.
De ahí que los excedentes de capital se enfocaran a apoyar la petrolización de países como México, cercanos y “amigos” de los Estados Unidos, circunstancia que aprovechó el lopezportiliismo para crear la “bonanza petrolera”.
Ello dejó al país endeudado y amarrado al crudo como la exportación más importante (más del 80% de las divisas proveían de ahí) y con una alta dependencia de las finanzas gubernamentales de los ingresos de Pemex.
En el gobierno de Carlos Salinas, y particularmente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue donde más evidente quedó el debate entre los “soberanos” y los “neoliberales” sobre el papel del petróleo en la economía.
En el primer grupo estaban los secretarios de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios; de Energía, Fernando Hiriart; del Trabajo, Arsenio Farell Cubillas; de Agricultura, Carlos Hank González, y los directores de Pemex, Francisco Rojas, y de la CFE, Guillermo Guerrero Villalobos.
En el segundo bando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari; el Jefe de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya; el secretario de Comercio, Jaime Serra; el de Hacienda, Pedro Aspe; el de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo; el regente del DF, Manuel Camacho, y el subsecretario de Agricultura, Luis Téllez.
El fondo del debate era que la inversión privada nacional y extranjera no podía participar en el sector petrolero porque ese era monopolio del Estado, como lo dicta la Constitución en sus artículos 27 y 28.
Los neoliberales juraban y perjuraban que el petróleo no era parte de las negociaciones, incluso corrieron a dos funcionarios, Alberto Escofet y Miguel Ángel Toro, que en plenas discusiones del TLCAN se atrevieron a decir que el tema sí estaba en las pláticas entre México, Estados Unidos y Canadá.
Carlos Salinas reconoció que el presidente estadounidense, George Bush, pidió que el petróleo fuera parte del TLCAN, pero el mexicano siempre decía: “Nada por encima de la Constitución”.
Pero al final en el Capítulo 6 del Tratado de Libre Comercio se sentaron las bases para que el petróleo y sus derivados fueran una moneda de cambio en la integración comercial de Norteamérica.
Los gobiernos neoliberales de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aceleraron la apertura económica de México y la integración comercial con nuestros socios.
Dejamos de ser un país exportador de petróleo y nos convertimos en uno cuya economía depende de las exportaciones manufactureras y agropecuarias, de ingresos del turismo y de las remesas.
El sector energético, petróleo y electricidad, se convirtió en uno de los factores de la economía regional. Por ello el México del presente debe cumplir los acuerdos en materia comercial y de medio ambiente.
Debe respetar la inversión extrajera, generar empleos, dar certeza jurídica, hacer crecer la economía y migrar a energías limpias.
AYER POR LA mañana hubo Consejo Extraordinario en Pemex. Participaron los cinco consejeros independientes, Laura Itzel Castillo, Juan José Paullada, José Eduardo Beltrán Hernández, Rafael Espino y Humberto Domingo Mayans. También el director, Octavio Romero; los subsecretarios de Hacienda, Gabriel Yorio, y de Energía, Miguel Ángel Maciel, amén del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. El consejo aceptó y autorizó la reparación del daño por la compra de la planta de AgroNitrogenados. Al final Alonso Ancira pagará 219 millones de dólares para resarcir al Estado. Se espera que en las próximas horas la petrolera notifique este acuerdo de aceptación a la Fiscalía General de la República. Alejandro Gertz Manero tendría que resolver otro acuerdo con el Juez de Control del Reclusorio del Norte, Artemio Zúñiga, que debería de poner fin a la detención de Ancira Elizondo. Si fuera así, el empresario podría quedar libre e irse a su casa antes del fin de semana.
TV AZTECA ES otra que está iniciando un proceso de reestructuración financiera para hacer frente al nuevo entorno del Covid-19, que si bien incrementó las audiencias por el obligado confinamiento, tiró los ingresos de la publicidad. La empresa, cuya dirección acaba de asumir Rafael Rodríguez, aplazó ayer el pago de 16.8 millones de dólares del cupón bianual del bono de 400 millones de dólares que vence en el 2024. La televisora de Ricardo Salinas, al igual que Posadas de José Carlos Azcárraga, optó por mantenerse líquida e inició negociaciones con los tenedores del papel. Contrató para ello al despacho de Isauro Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Scherer, AD&S, que tiene la representación de Moelis & Company. La reestructura va acompañada de un proceso de trasformación y la aplicación de una estricta política de reducción de costos y gastos para hacer de TV Azteca una empresa más ágil.
SOBRE LA REESTRUCTURA de Cinépolis, le adelanto que ya quedó integrado el comité de acreedores. Lo encabezan el BBVA, que dirige Eduardo Osuna, y Banorte, de Carlos Hank González. Forman parte de él, además, el Bancomext que dirige Carlos Noriega, el HSBC que lleva Jorge Arce y Santander que capitanea Héctor Grisi. A los bancos los representa FTI Consulting que conduce Vicente González y el bufete Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, que lidera Carlos Aiza. La cadena de Alejandro Ramírez es asesorada por la firma neoyorquina Skadden Arps, que maneja aquí Alejandro González, y por Galicia Abogados, de Manuel Galicia. Lazard Advisory, que representa Alejandro Capote, es el banco de inversión. Son alrededor de mil 350 millones de dólares a reestructurar. La empresa posee unas 862 salas en 17 países.
POR LO QUE hace a Cinemex, la otra cadena de cines propiedad de Germán Larrea, el mes próximo se le vence el stand-still que acordó el año pasado con sus acreedores. Recuerde quen está en Chapter 11 en un tribunal de Miami. Apunte principalmente a Banorte de Carlos Hank González, BBVA que comanda Eduardo Osuna, Citibanamex que preside Manuel Romo, HSBC que lleva Jorge Arce y Scotiabank de Adrián Otero. La compañía arrastra un pasivo en pesos y dólares. Casi tres mil millones en el primer caso y 45 millones en el segundo. Los bancos acaban de contratar a Deloitte, que dirige Francisco Pérez Cisneros, para validar las proyecciones financieras.
Y A QUIEN no hay que perder de vista es al Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien de manera discreta pero eficaz, se ha convertido en un muy competente operador del Presidente Andrés Manuel López Obrador. De manera profesional, hace política a favor de su jefe, sin agenda propia, buscando soluciones y desactivando conflictos. Queda claro para quienes conocen los pasillos del poder de la 4T, que su opinión pesa, como si formara parte del gabinete legal.