SALAMANCA: EPICENTRO DE OMISIONES DE TRES PODERES
El estado de Guanajuato, estrenó su 65a Legislatura del Estado con cinco representaciones partidarias: PAN, Morena, PRI, PVEM y MC, de quienes no se descarta que recrearon la esperanza y será la compañera del Poder Ejecutivo que deberá aprender a transitar con cierta separación; porque los diputados no solo emanan del pueblo, son sus representantes, la Soberanía de un estado de la República (25 de septiembre de 2021)
“Durante un par de años uno de los conflictos más grandes escenificados en Guanajuato por la seguridad, lo representaron los gobiernos estatal de Sinhue Rodríguez y municipal de Beatriz Hernández. Mientras el panista con sus seguidores de los Congresos federal y estatal, exigían al presidente López Obrador que se hiciera responsable de los homicidios dolosos en el territorio guanajuatense, la alcaldesa salamantina que apoyada por Morena arribó al poder, gritaba a pecho abierto que los albiazules la discriminaban”
El atentado con paquete explosivo en el bar ‘Barra 1604’ de Salamanca que cobrara la vida de dos personas, hiriendo a cuatro más, provocó entre los tres órdenes de gobierno un gran desconcierto, como entre los salmantinos, a pesar de los asesinatos masivos y ejecuciones de un periodista y el líder nacional de la Petroquímica. El impacto causado por el hecho, ‘superando’ lo noticioso, ofreció un presidente de la República y gobernador del estado, sin las respuestas enteradas ante actuaciones de esa naturaleza.
En municipio donde debiera haber un fuerte dispositivo de fuerzas, de seguridad nacional, estatal y municipal porque es sede de la Refinería Ing. Manuel M. Amor, en varias ocasiones se han utilizado explosivos para generar miedo y psicosis incluso asesinar pero luego de tres años del sexenio 2018-2024, no han logrado fortalecer la seguridad para superar la violencia. El territorio estratégico es parte del juego político, y perverso, entre los partidos que confluyen para gobernar el país y una entidad federativa.
El inicio de semana resultó de las pocas ocasiones en que coincidieron en sus apreciaciones sobre un conflicto, Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aunque los dos representantes del Ejecutivo, federal y estatal, se equivocaron al conceptuar el delito como un ‘acto terrorista’, y curiosamente el personaje más criticado por uno y mayormente defendido por el otro les corrigió en lo inmediato la plana, el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, al ‘resolver’ ese caso con aprehensión de los dos presuntos responsables, Eduardo y Georgina por delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
El escándalo provocado por la ‘operación violenta’ con los asesinatos de los propietarios del negocio salmantino el domingo 19, entendido, de acuerdo a pesquisas de la Fiscalía guanajuatense, como una venganza, sirvió a los gobiernos de la Federación y de la entidad como una especie de oleada a fin de montar la reacción ministerial por las capturas del 21 de septiembre con la alegría hasta satisfacción del gobernador albiazul Rodríguez Vallejo, quien hizo notar que en el término de las 72 horas se llegó la resolución del ‘tremendo caso’ y posiblemente con el agrado del residente de Palacio Nacional debido a los dislates de los altos mandos en el inicio. Zamarripa, está consiguiendo así un tanque de oxígeno.
Emergencia de factores
Al gran error de origen exhibido por los gobiernos federal y estatal se sumó el segregar al gobierno municipal en materia de seguridad pública que resultó en el asunto agregado cultural o convidado de piedra, pues a la alcaldesa salmantina, Beatriz Hernández Cruz, aún no le permiten pecar con ellos, ignorando la soberbia que fue parte de los Poderes Judicial y Legislativo del estado de Guanajuato, quien seguramente les hubiera dicho que el atentado en su municipalidad no cuadraba para un acto terrorista.
El presidente del país y el gobernador de Guanajuato perdieron la gran oportunidad de no equivocarse con el delito, aceptando las razones y opiniones de los especialistas y superando los comentarios a la ‘trompa talega’ que los ha distinguido. De acuerdo con el Código Penal del estado, Fracción III en el numeral 153, se desprende que el bien jurídico que tutela el terrorismo es la seguridad del estado. El bombazo del bar ¿Qué puso en riesgo? Es la cuestión; en esta entidad se tienen más de 10 sabios en el Monte Pozuelos de la capital atendiendo 10 salas penales del STJE, y un grupo jurídico que pudieron echarle la mano a su gobernador.
De la cuestión delicada y compleja resultaron las opiniones de las cortes partidarias sobre quién o quiénes tienen la culpa por falta de seguridad pública en la ciudad petrolera, parte de la esperanza de la 4T con el fin de resolver la economía nacional y plantear el futuro nacional que hasta hace poco tiempo no tenía Policía municipal y pagaba por ese servicio concesionado con rostro de Mando Único a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y su eterno titular, Álvar Cabeza de Vaca, y también la Guardia Nacional cuyos elementos el pueblo salmantino les cubrió la nómina por un ‘pobre servicio’ de patrullaje.
Un peón aislado. Durante un par de años uno de los conflictos más grandes escenificados en Guanajuato por la seguridad, lo representaron los gobiernos estatal de Sinhue Rodríguez y municipal de Beatriz Hernández. Mientras el panista con sus seguidores de los Congresos federal y estatal, exigían al presidente López Obrador que se hiciera responsable de los homicidios dolosos en el territorio guanajuatense, la alcaldesa salamantina que apoyada por Morena arribó al poder, gritaba a pecho abierto que los albiazules la discriminaban y perseguían con sus cuentas pendientes en el Congreso local.
Torre de Babel. La emergencia en este escenario de asesinatos con un bombazo, el domingo negro salamantino, de las mantas presuntamente de un cártel del crimen organizado, el martes 21 por la mañana cuando todo estaba muy caliente, viéndolo bien, podría ser hazaña o elemento de apoyo o ponerle el dedo al enemigo -sus contrarios en esa plaza-. La cuestión es que pudieron colocar su propaganda antes de que Diego Sinhue o Carlos Zamarripa lo hicieran con capturas.
La actuación del crimen organizado en este asunto todavía no puede descartarse pues a pesar de la obviedad del acto con referentes que ha aportado el Ministerio Público al juzgador, la fabricación de bombas y objetos de esa naturaleza incluso con detonador a distancia requiere conocimientos y relaciones para adquirir los componentes. Se espera respuesta Federal para atender lo tocante al crimen organizado.
Topografía
Altimetría. La actitud renovada. El club de los ocho morenos, en la 65a Legislatura local mostró las uñas para superar a sus antecesores de la pasada que controló Ernesto Prieto Gallardo. Ayer juraron a los guanajuatenses que en el trienio renuncian a cobrar recursos que están en cinco rubros: Fondo de ahorro, gastos médicos mayores, seguro de vida, no tendrán vehículo oficial y ni la parte que excede 160 mil pesos de su sueldo, que aseguran que AMLO lo considera, la ‘sana medianía’. El gobernador Diego Sinhue, percibe 250 mil pesos mensuales esperan su respuesta compensatoria.