Sistema Anticorrupción: cinco años de gasto
Don Giovanni
1.- Sistema Anticorrupción: cinco años de gasto
El epíteto “elefante blanco” no sólo se refiere a grandes obras completas o incompletas en estado de abandono, también aplica fielmente a aquellas estructuras burocráticas que mucho gastan y poco o nada resuelven, dejando en el camino el objetivo para el que fueron creadas.
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) nació en la recta final del gobierno de Miguel Márquez (2012-2018) en el que, paradójicamente, abundaron las sospechas y denuncias en operaciones públicas. Era necesario armonizar las reformas impulsadas, paradójicamente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El chiste se cuenta sólo.
El 11 de enero pasado, se cumplió el primer lustro desde la instalación del Comité Coordinador del SEA, compuesto por los titulares de las diferentes entidades públicas que tienen su parte en el mencionado sistema: ASEG, Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de Transparencia, Poder Judicial, IACIP, TJA y contralorías municipales.
A los anteriores se agregan dos representantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC); un organismo de cinco integrantes que es pagado por honorarios a través de la Secretaría Ejecutiva del SEA, que es la paraestatal creada, en teoría, para dar seguimiento a las directrices del sistema.
Tras cinco años, en su haber no hay logros o actividad relevante efectiva contra la corrupción, pero sí un gasto que en sueldos y salarios que en este 2023 asciende a 13 millones 475 mil 792 pesos. Se trata de 7.7 millones de pesos en la estructura de la secretaría ejecutiva y 5.8 millones en los emolumentos de los integrantes del CPC.
Tanto la Secretaría Ejecutiva del SEA, a cargo de Erik Gerardo Ramírez Serafín, como el CPC que preside Katya Morales Prado, ya tienen su calendario con 147 días de descanso en el año, aprobado por el Consejo Coordinador en otra muestra de que sus prioridades es afianzar la burocratización de un sistema estéril.
En estos cinco años, las controversias por las fugaces intervenciones del CPC y del sistema en general, dentro de casos graves de corrupción, han sido una constante. Los señalamientos han abundado sobre su inactividad y nula influencia pública.
Aun así, el argumento constante ha sido su falta de atribuciones para presentar denuncias o hacer investigaciones, como si al integrarse en esta estructura gubernamental les despojase automáticamente de sus derechos civiles más elementales. Incluso, en contra de definiciones judiciales que les han ordenado proactividad.
Han sido cinco años de gasto, polémicas, demagogia y gasto, mucho gasto.
2.- Comisión Mixta: punto de partida
Ante las supuestas intenciones de los concesionarios del transporte público en León, para incrementar cuatro pesos el pasaje, ayer en la Comisión Mixta Tarifaria los ediles del PAN -que hacen mayoría junto a los integrantes del gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos– fijaron un punto de partida en las negociaciones.
La regidora del PAN, Jared González Márquez, sostuvo que no permitirán un incremento como el anunciado y propuesto. El planteamiento es que, al margen de lo que arrojen los estudios técnicos, no se modifique la tarifa preferencial para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
De manera que en ese acto se delineó una postura de la que parte el debate de un tema espinoso como pocos.
Sin embargo, los señalamientos e inconformidades privaron en la sesión. La oposición relegada a dos espacios con derecho a voto con Erika Rocha Rivera de Morena y Araceli Escobar Chávez del PRI, prácticamente se mimetizó. El edil de Morena Antonio Cabrera presente sólo con derecho a voz surtió descalificaciones.
No es una casualidad que no haya una oposición coordinada. Los regidores de Morena llegaron a este tema divididos y sin comunicación. Cada uno tiene su tema, tono y estilo en su agenda, por lo que su posición frente al inminente aumento del transporte se haya pulverizada.
Al final, la campanada vino de los reporteros que cubrían la sesión de la Comisión Mixta, al descubrir que los dos representantes de los estudiantes, Erika Esparza y Diego Urreola, son militantes juveniles del PAN propuestos por el Instituto Municipal de la Juventud. Acto seguido, fue anunciada su dimisión del organismo.
Muchas dudas quedan en el aire al iniciar el análisis de la tarifa del transporte público de León. Las sospechas de un preacuerdo entre gobierno y concesionarios persisten, pero sin una oposición acuciosa, lo que ya se tiene es un punto de partida que al momento pretende proteger a sectores vulnerables.
3.- Respuestas vanas ante la inseguridad
Ya sea con la evasión, los discursos o la transferencia de responsabilidades, en Guanajuato se hacen comunes y cotidianas las respuestas que lejos de explicar o enfrentar su insegura realidad, deja expuesta la incapacidad para resolverla.
Quizá hablando de políticos u opinadores de la vida pública la lectura anterior no extrañe a nadie, el problema es que vienen de personajes que llevan el tema endosado en los encargos públicos que desempeñan.
Ahí tenemos al Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, quien especialmente hace mutis en las coyunturas más difíciles de la crisis de violencia del estado.
Ayer, tras la graduación de cadetes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), expresó que sigue esperando a que el alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, le responda el ‘ofrecimiento’ de instalar el Mando Único, ante la deficiente policía municipal que opera en ese municipio.
Mientras la inseguridad y la violencia privan en la región a sabiendas del involucramiento policial, la respuesta, es esperar respuesta.
Mientras tanto, en Celaya la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett López, no tuvo freno para elevar las campanas al vuelo y dar un espaldarazo al gobierno de Javier Mendoza Márquez, al asegurar que en esta ciudad –frecuentemente convulsionada por la violencia- ya no es la misma que hace tres años.
Inspirada dijo que en Celaya “la inseguridad no se administra, sino que se combate”. Faltaba más. La pedrada cayó en Elvira Paniagua, la exalcaldesa que por el mismo tema fue asistida de emergencia por la misma Huett López.
Finalmente tenemos la opinión del presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Jaime Gallardo Saavedra, quien endilgó el incremento de la violencia a la falta de convivencia de padres con sus hijos y a la falta de denuncia, sin revisar un poco las fallas gubernamentales.
Según dijo, ya hay avances en el gobierno y en la Fiscalía General del Estado, pero la ciudadanía no responde como corresponsable. En fin, esos son los argumentos del representante ciudadano, imagine usted a los de funcionarios y políticos.
CONTRA RETRATO
Miguel Salim Alle
Ha tomado como propio la agenda para legislar y reformar el notariado de Guanajuato. Razones sobran, pues la red estatal de fedatarios públicos hace agua con escándalos públicos y privados con el mal uso de esta concesión del estado.
Desde el año pasado, el diputado local panista, Miguel Ángel Salim Alle, anunció cambios sustanciales sobre todo para hallar el castigo concreto para un notario que traicionado los valores que representa, para cometer fraudes, despojos y crímenes de la más diversa catadura.
“Cárcel para los notarios” ha repetido Salim en sus opiniones públicas sobre el asunto.
Como un síntoma inequívoco de la gravedad del problema, esas consignas provocaron que de arranque, cuatro casos tuvieran acercamiento con el legislador para pedir asistencia frente a posibles irregularidades y delitos cometidos por el titular de la notaría 85 de León, convertido ya en un caso emblemático.
Es este el contexto perfecto y el prototipo de las notarías bajo sospecha. La notaría 85 es ya un prototipo de lo que se debe evitar en un verdadera reforma que reconfigure el sistema notarial de raíz, pero que además pueda delinear el camino legal para castigar a los responsables de un delito cometido al amparo de un fiat.
Por lo anterior, la garantía de no repetición se encuentra en la parte legislativa que por ahora ha sido retomada por Salim Alle. Todo está puesto sobre la mesa.
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